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La justicia de EE UU imputa a cuatro agentes por el “uso excesivo de la fuerza” que mató a Breonna Taylor

Los acusados mintieron para obtener la orden de registro con la que irrumpieron en casa de la afromericana en una operación antidrogas en la que no se hallaron estupefacientes

María Antonia Sánchez-Vallejo
Breonna Taylor
Kenneth Walker, junto a un retrato de Breonna Taylor durante la conmemoración del segundo aniversario de su muerte, el 13 de marzo en Louisville.JON CHERRY (REUTERS)

El movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan) se ha apuntado este jueves una nueva victoria. El Departamento de Justicia ha imputado hoy a cuatro agentes y exagentes del Departamento de la Policía Metropolitana de Louisville (Kentucky) por violar los derechos civiles de Breonna Taylor, una joven afroamericana que murió en su domicilio en marzo de 2020 durante una operación policial contra el narcotráfico. El caso de Breonna Taylor quedó parcialmente oscurecido por el asesinato, dos meses después, del también afroamericano George Floyd en Minneapolis (Minesota), que desencadenó la mayor oleada de protestas contra la brutalidad y el racismo de la policía. Pero Taylor también se convirtió en icono del movimiento de denuncia de un racismo sistémico, estructural, en la actuación de las fuerzas del orden, que afecta desproporcionadamente a afroamericanos y miembros de otras minorías.

El fiscal general del Estado, Merrick Garland, ha anunciado que los cuatro funcionarios serán imputados por violar “leyes federales de derechos civiles, [violaciones] que resultaron en la muerte de Taylor”. Entre los cargos que se les imputan, ha subrayado el titular de Justicia, figura mentir para obtener la orden de registro con la que irrumpieron de noche en una operación antidrogas en su apartamento, en el que no se hallaron estupefacientes.

Los cargos representan el último esfuerzo del Departamento de Justicia por tomar medidas ejemplares contra los abusos y el marcado sesgo racial en la actuación policial, tras una ola de controvertidos asesinatos a manos de uniformados de estadounidenses de raza negra. En el alero queda, bloqueada por la oposición republicana, la prometida reforma policial del presidente Joe Biden, que a cambio anunció en mayo una batería de medidas contra el uso excesivo de la fuerza por las fuerzas del orden.

La justicia local solo había inculpado hasta ahora a uno de los agentes implicados, no por la muerte de la joven sino por haber “puesto en peligro” a los vecinos por disparar su arma a ciegas a través de la ventana y una puerta corredera de cristal, “un uso excesivo e inconstitucional de la fuerza”. El policía, Brett Hankison, fue absuelto en marzo, algo que los activistas antirracistas consideraron una dejación del deber de justicia.

La justicia federal, mientras, ha seguido adelante con su propio caso, que ha derivado en la acusación formal “por uso excesivo de la fuerza” de los cuatro trabajadores, según ha anunciado este jueves Garland. El auto también les acusa de haber mentido para obtener la orden de registro que dio origen al suceso. “Los acusados sabían que la orden contenía informaciones falsas y engañosas y omitía información material”, explicó Garland en conferencia de prensa en Washington. “[Los cuatro] sabían que eso podía ocasionar una situación peligrosa y nosotros creemos que esos actos ilegales provocaron la muerte de Taylor”.

“Breonna Taylor debería estar viva hoy”, dijo Garland. “El Departamento de Justicia está comprometido con la defensa y protección de los derechos civiles de cada persona en este país. Ese fue el propósito fundacional de este departamento y sigue siendo nuestra misión urgente”.

Joshua Jaynes, Kelly Goodlett y Kyle Meany, los otros agentes que participaron en el allanamiento, tomaron enseguida “medidas para ocultar sus fechorías”, en especial mentir al FBI. Los tres “pidieron una orden de registro en la casa de Taylor a sabiendas de que no había un motivo para la búsqueda”.

Los hechos sucedieron en la noche del 13 de marzo de 2020, cuando tres policías del Departamento Metropolitano de Louisville irrumpieron en casa de Breonna, técnico de emergencias médicas de 26 años, en el marco de una investigación por narcotráfico relacionada con su exnovio, Jamarcus Glover.

La joven se encontraba en la vivienda con su pareja, Kenneth Walker, quien al creer que se trataba de ladrones, abrió fuego con un arma cuya tenencia ostentaba legalmente. Los agentes respondieron con 22 disparos y uno de ellos “alcanzó en el pecho a Breonna Taylor y la mató”, según el relato de Garland. Los agentes iban provistos de una orden de registro que les autorizaba a derribar la puerta sin previo aviso, aunque aseguran que se anunciaron. Walker lo niega.

La muerte de Taylor no llamó especialmente la atención en el momento, una de tantas intervenciones con víctimas colaterales —en su inmensa mayoría, afroamericanas— pero el caso reverdeció durante la mayor oleada de protestas y disturbios raciales desde los años sesenta del siglo pasado tras la muerte de George Floyd, el 25 de mayo de ese año.

Louisville, la mayor ciudad de Kentucky, se levantó en septiembre de 2020, lo que obligó a las autoridades a decretar el toque de queda, después de que los fiscales renunciaran a procesar a los otros policías involucrados en el suceso y únicamente formalizaron su acusación contra Hankison

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