El funeral por Tyre Nichols en Memphis se convierte en un clamor por la reforma policial en EE UU

Casi una semana después de la difusión del vídeo de la paliza mortal que le dieron cinco policías negros de Memphis a un joven afroamericano indefenso llamado Tyre Nichols, dos agentes y tres bomberos de la ciudad han quedado relegados de sus puestos por sus acciones y omisiones durante la noche de autos. Las autoridades han evitado hasta el momento lo que más temían, una oleada de protestas por todo el país, pero no han conseguido acallar las voces que reclaman un debate demasiadas veces aplazado sobre la reforma policial en Estados Unidos.

Este miércoles, primer día del Mes de Historia Negra (Black History Month), la ciudad de Memphis (Tennessee) despidió al muchacho en un funeral a ritmo de música gospel en el que el responso corrió a cargo del reverendo Al Sharpton, personalidad clave de la lucha por los derechos civiles en el último medio siglo. También contó con la asistencia de familiares de otras tristemente célebres víctimas de la policía y de un puñado de políticos, de congresistas a alcaldes, así como de la vicepresidenta Kamala Harris, que llegó junto a un grupo de funcionarios enviados por la Casa Blanca en misión de consuelo.

Harris tomó la palabra a petición de Sharpton para celebrar la “extraordinaria lección” ofrecida estos días por los padres de la víctima. “Cuando una madre da a luz a un hijo solo desea que siga a salvo el resto de su vida”, dijo. “Al hablar de seguridad ciudadana, tenemos que entender lo que significa ese concepto de verdad. Tyre Nichols debería haber estado a salvo de quienes estaban obligados a protegerlo”.

El sepelio se convirtió en un clamor por la reforma policial en Estados Unidos y en una firme exigencia a Washington, donde una ley, promovida, entre otros, por la entonces senadora Kamala Harris, estaba llamada a cambiar las reglas de la violencia uniformada cotidiana en Estados Unidos y languidece desde hace dos años por el bloqueo republicano. “Como vicepresidenta, exijo que el Congreso apruebe la Ley de Justicia y Vigilancia de George Floyd”, afirmó Harris. “Joe Biden la firmará. No podemos admitir más retrasos. No es negociable”.

La iniciativa legislativa llegó tras la muerte por asfixia del afroamericano George Floyd bajo el peso de la rodilla del agente blanco Derek Chauvin. Sucedió en mayo de 2020 y encendió una mecha que otras tragedias (actos impunes de abuso policial con los nombres propios de Amadou Diallo, Eric Garner o Trayvon Martin) no lograron prender antes.

El asesinato de Floyd dio origen a una propuesta de ley que lleva su nombre y que fue presentada por los demócratas en el Congreso en 2020 y, de nuevo, en 2021. La norma pretende establecer un registro nacional de mala conducta policial para evitar que los agentes eludan las consecuencias de sus acciones trasladándose a otra jurisdicción. En Estados Unidos hay más de 18.000 departamentos de policía y cada cual impone sus reglas.

La ley también propone aumentar el control sobre la conducta de los agentes y condena las actuaciones mediatizadas por los prejuicios raciales o religiosos. Afirman los defensores de la propuesta normativa que “salvaría vidas” al prohibir, entre otras prácticas, el estrangulamiento para inmovilizar a un detenido. También reserva “la fuerza letal” como “último recurso”.

En ambas ocasiones, la iniciativa se estrelló contra el muro republicano en el Senado por discrepancias sobre el concepto de “inmunidad cualificada”, que asiste a los agentes en las situaciones en las que sospechan que su vida está en peligro. Uno de los principales argumentos en su contra es que eso disuadiría a quienes quieran emprender una carrera en la policía. Ahora que, tras las últimas elecciones legislativas, tienen la mayoría en la Cámara alta los conservadores, que presenta

ron en campaña esas medidas como un plan maestro para desposeer a los cuerpos policiales de su poder y llevar al país al caos en las calles, parece poco probable que esa ley salga adelante.

“Progreso lento y frustrante”

El presidente Joe Biden aprovechó el segundo aniversario de la muerte de Floyd para firmar un decreto de reforma policial, de alcance limitado. “Sé que el progreso puede ser lento y frustrante”, dijo Biden aquel día en la Casa Blanca. “Pero hoy estamos actuando”.

De momento, esa actuación no parece haberse dejado sentir en las calles: según la organización Mapping Police Violence, centinela de los abusos policiales, el número de muertos por bala a manos de los agentes se ha mantenido prácticamente igual desde 2020 (1.123, en 2022). Las probabilidades de que un negro muera en manos de la policía son casi tres veces mayor que las de un blanco, según esos datos.

Con todo, no sería justo decir que no ha cambiado nada tras la tragedia de Floyd, que desató una oleada de protestas por todo el país y colocó en el centro de la conversación las reivindicaciones del movimiento Black Lives Matter. El de Nichols, un repartidor amante de la fotografía y el skate de 29 años —al que aquel 7 de enero le dieron el alto por una supuesta infracción de tráfico mientras solo estaba “tratando de llegar a casa”, como le dijo a los uniformados que acabaron con su vida a puñetazos, patadas y porrazos—, será recordado al menos como un caso en el que la policía actuó a posteriori con una desacostumbrada rapidez y determinación. Los cinco principales sospechosos, cuya unidad de “élite”, perteneciente a un programa llamado Scorpion, ha sido desarticulada, están ya despedidos y acusados de delitos tan graves como asesinato, abuso de autoridad o secuestro.

La difusión del vídeo también fue más rápida que otras veces; han tardado tres semanas en lugar de, como en ocasiones anteriores, varios meses o hasta un año. Lo que sí cumplió el patrón previsto fue la divergencia entre lo que los agentes declararon que sucedió en el atestado y lo que puede verse que pasó realmente en la grabación. Nichols murió tres días después en el hospital. La ambulancia que lo trasladó allí tardó 22 minutos en llegar.

En la rápida gestión de la crisis tras conocerse los hechos influyó que los acusados fueran negros, como la víctima, lo que no ha impedido en Estados Unidos la lectura racista de un suceso que habla de la “deshumanización del ciudadano afroamericano ante la policía”, según algunos analistas. También fue determinante el papel de la jefa de la policía de Memphis, Cerelyn Davis, la primera mujer negra en ocupar el cargo. En 2020, trabajaba en Durham (Carolina del Norte), y fue una de las voces más críticas dentro del sistema durante los disturbios que siguieron al asesinato de Floyd.

El sitio web del Departamento de Policía de Memphis incluye una sección llamada Reimaginar la vigilancia. Eso no impidió que, en 2021, a medida que se dispararon los homicidios en la ciudad, se pusiera en marcha el programa Scorpion: cuatro grupos de 10 agentes cada uno, autorizados a patrullar los puntos críticos de delincuencia en la ciudad en coches sin identificar. También les estaba permitido parar indiscriminadamente a conductores ‌para investigar homicidios, agresiones con agravante y robos.

El de Memphis no es el único programa de esas características puesto en marcha en Estados Unidos. A todos ello les une que operan con mayor margen de maniobra y menos supervisión que los policías regulares. “Algunas de estas unidades han promocionado impresionantes registros de arrestos y confiscaciones de armas, aunque esas estadísticas no siempre se correlacionan con una disminución en el crimen. Todos se basan en la idea de que, para ser efectivos, los agentes de policía necesitan menos supervisión. Ese es un concepto erróneo fundamental”, opinó este lunes en The New York Times Radley Balko, autor de un libro sobre ”la militarización de los cuerpos policiales estadounidenses”.

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