Entre el palo y la zanahoria: los motivos de los rusos para ir al frente o escapar de él

Centenares de miles de rusos han sido movilizados con destino al frente de Ucrania y su imagen colectiva en Occidente y entre los críticos del rumbo de Vladímir Putin es la de un “rebaño sumiso conducido al matadero”. Pero los rusos dispuestos a matar y a morir por una idea imperial de la patria constituyen un contingente diversificado en una realidad compleja.

En el contingente de los dispuestos se ubican los que actúan por sentido de subordinación al jefe del Estado y por convicciones, con independencia de que estas sean o no el fruto de la avasalladora propaganda del Kremlin. A juzgar por el apoyo del que aún goza Putin en su país, este grupo parece ser el mayoritario, aunque los puntos de vista de estos patriotas pueden cambiar a consecuencia del contacto directo con las realidades del frente.

Entre los que se dejan movilizar están los influidos por una primitiva concepción de la masculinidad y los que han sucumbido a la presión social y el qué dirán de colegas y vecinos en las regiones de las profundidades de Rusia. También están los que confían en remontar situaciones económicas precarias, caracterizadas por sueldos bajos, desempleo, ahogantes deudas y gastos inasumibles, como comprar un piso, pagar una hipoteca o dar estudios a los hijos.

Justamente a la motivación económica apela una serie de vídeos aparecidos en las redes sociales, cuyos protagonistas son hombres que ven su única salida en el alistamiento como voluntarios. En uno de los vídeos, un avergonzado padre recurre a la hucha de su hija para compensar el retraso con el que recibe su sueldo en la fábrica. En otro, un joven moroso se alista para acogerse a la moratoria en la devolución de deudas, decretada con motivo de la movilización y, de esta forma, “se salva de los recaudadores, salvando al mismo tiempo a la patria”.

La serie, que según el periodista Andréi Medvédev “está rodada con dinero estatal”, es tan burda que ha indignado a quienes consideran como insultante e irreal la imagen de Rusia ofrecida por ese producto propagandístico.

Con todo, el sueldo mínimo de 195.000 rublos al mes (cerca de 2.500 euros) que Putin asignó a los movilizados en noviembre es una suma importante si se compara con el sueldo medio mensual de los empleados de empresas rusas (62.470 rublos o cerca de 800 euros como promedio en el Estado en octubre), con diferencias que van desde 113.895 rublos en Moscú a 43.422 rublos en la vecina y deprimida provincia de Tver.

Equiparados salarialmente a los voluntarios que sirven en el ejército por contrato, los movilizados complementan sus ingresos con una amplia gama de prestaciones a cuenta de los presupuestos locales. Esas prestaciones, que dan una seguridad a las familias en caso de muerte en combate, difieren de una a otra región de Rusia, tanto por las sumas asignadas como por las ventajas sociales, escolares y descuentos en servicios públicos y comunitarios. Moscú, por ejemplo, tiene 15 medidas de apoyo distinto para las familias de los movilizados, entre ellas ayudas y prioridades escolares, servicios de comedor gratuito para los estudiantes y formación profesional para los cónyuges.

Amenazas y chantajes

Los intentos de imponer la movilización por medio de amenazas y chantajes se dan en distintos puntos del país. Desde Kazajistán, el ruso Víctor (nombre ficticio) cuenta a esta periodista que, junto con su esposa y su hijo, abandonó su prometedora hacienda agrícola en el Lejano Oriente ruso después de que una comisión de reclutamiento le amenazara con enviarlo a las filas de Wagner, la que se presenta como compañía militar privada que combate junto con el ejército invasor en Ucrania.

La ley rusa castiga a los mercenarios, pero no regula las actividades de las denominadas compañías militares privadas como Wagner, que ha reclutado presos en las cárceles sin que se sepa en virtud de qué competencias legales. Hasta ahora, la Duma estatal (Cámara baja del Parlamento ruso) no ha tramitado ninguno de los varios proyectos de ley que han sido presentados durante años para regular la actividad de Wagner y otras entidades semejantes.

La amenaza de enviar a Víctor a las filas de Wagner estaba fuera de la ley, pero la ley cuenta poco hoy en Rusia. El año 2022 se ha caracterizado por la proliferación de “regulaciones secretas” que han sido gestadas en dependencias del Ministerio de Defensa y que se van conociendo sobre la marcha, afirmaba el jurista Pavel Chíkov, especializado en temas relacionados con la movilización. La “imprevisibilidad” de las autoridades desorienta a la sociedad que “no sabe si está pisando un campo de minas” y que se transforma en “un rebaño de ovejas a las que el perro lleva adonde quiere ir el pastor”, afirmaba el abogado al servicio informativo Meduza.

Legalmente, los que esquivan la movilización no tienen responsabilidades penales por ello, pero en el terreno resbaladizo de los “conceptos jurídicos difusos” quienes así actúan se arriesgan a ser considerados como movilizados a partir del momento en el que reciben la cita formal para presentarse en el centro de reclutamiento. Si no acuden allí por las buenas, pueden ser conducidos por las malas si son atrapados en las “redadas colectivas” o en las “cacerías individuales” que han provocado el éxodo de decenas de miles de potenciales afectados. Una vez integrados en el engranaje que lleva desde el punto de reclutamiento hasta la unidad militar, quienes se niegan a combatir o abandonan su puesto pueden ser condenados a hasta 15 años de cárcel.

La amenaza y el chantaje sobre los reticentes son más eficaces si tienen a la familia como blanco. Según la organización de derechos humanos Memorial, el pasado septiembre, un grupo de mujeres se manifestaron en contra de la movilización en Grozni, la capital de Chechenia. Las mujeres fueron detenidas y conducidas a la alcaldía, que convocó a sus parientes masculinos para que las azotaran con la advertencia de que “si ellos no lo hacían, las azotarían otros y sería mucho peor”. Al día siguiente, el jefe de Chechenia, Ramzán Kadírov, anunció que los parientes de 40 de las manifestantes habían sido enviados a luchar a Ucrania. Adam Murádov, uno de los obligados a azotar a su esposa, murió de un ataque al corazón poco después de saber que su hijo Valid estaba entre los movilizados y en primera línea de frente en Ucrania.

Según Chikov, la severidad y duración de las condenas impuestas en 2022 por el simple hecho de opinar en contra de la guerra no tienen precedentes en el Estado autoritario ruso. El pacifismo ha sido castigado con 8,5 años de cárcel en el caso del político Iliá Yashin, y tiene efectos sobre el estatus. En Novosibirsk, el cese fulminante y sin explicaciones del prestigioso Alexandr Kuliabin como director del teatro Krasnii Fakel es interpretado como represalia por las declaraciones pacifistas de su hijo, el también director teatral Timoféi Kuliabin, cuyas puestas en escena han sido eliminadas de la cartelera. Kuliabin hijo emigró a Alemania tras criticar a Putin.

“La gente tiene miedo a que la echen del trabajo o a que su familia tenga problemas” y teme también las multas, afirmaba Polina Mujácheva, una estudiante de 22 años, residente en Kirov, en una serie dedicada a rusos que se han manifestado contra la guerra publicada por Idel.Realii. La joven concluía: “Si la gente no siempre tiene dinero para comer y tiene que pagar una multa de 50.000 rublos por participar en una protesta contra la guerra, se lo pensará 100 veces antes de salir a la calle”.

En esa misma serie, el informático Evgueni Prokin, de 26 años, reconocía que temía salir a la calle en un piquete porque sus allegados podían tener problemas. “Quisiera hacer más, pero no tengo derecho a poner en peligro a mis familiares”, afirmaba Prokin desde Perm, en los Urales.

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