El Gobierno de Sunak amenaza con endurecer las leyes para frenar la avalancha de huelgas

Un Gobierno conservador atrincherado en su ideología, y agotado después de 12 años en el poder y constantes luchas internas, ha decidido responder con amenazas a la avalancha de huelgas anunciadas para fin de año, que anticipan un caos por todo el Reino Unido como broche final de un 2022 ya de por sí turbulento. Al personal sanitario ―médicos y enfermeros― y de ambulancias del Servicio Nacional de Salud (NHS, en sus siglas en inglés), el servicio postal, el cuerpo de funcionarios, y los trabajadores públicos se han sumado los operarios del control de fronteras de los principales aeropuertos y puertos del país: Heathrow, Gatwick, Birmingham, Cardiff, Glasgow, Manchester y Newhaven. El primer ministro, Rishi Sunak, ha reunido este lunes a su gabinete de crisis para estudiar los planes de despliegue del ejército, con la intención de utilizar soldados tanto en el NHS como en los ferrocarriles o la inspección de pasaportes.

Este martes comienzan los paros del personal de ferrocarril: dos días que, en realidad, supondrán trastornos para toda la semana. El cuerpo de enfermeros comenzará el jueves su primera huelga de la historia, que durará un día. Repetirán la acción de protesta el 20 de diciembre. Los paros en las terminales de frontera tendrán lugar entre el 23 y el 26 de diciembre y entre el 28 y 31 de diciembre. Si ya desde la puesta en marcha del Brexit las colas y retrasos eran moneda común en las barreras fronterizas, la protesta anunciada del personal encargado de controlar los pasaportes de los viajeros que entran —muchos de ellos de regreso de las vacaciones— anticipa una situación complicada. La ministra del Interior, Suella Braverman, ha pedido ya a los británicos que eviten viajar si no es imprescindible, una recomendación en la que resuena el eco de la pandemia y anteriores vacaciones navideñas. Y el Gobierno ha comenzado a entrenar ya a cientos de miembros de las fuerzas armadas para suplir las tareas de los huelguistas.

El invierno del descontento del Reino Unido trae a la memoria de muchos de sus ciudadanos el verano de 1989, en los últimos meses del mandato de Margaret Thatcher, cuando sucesivas huelgas simultáneas y solapadas provocaron la pérdida de casi dos millones y medio de horas de trabajo. En la situación actual, los cálculos apuntan a un millón de horas laborales perdidas a lo largo de diciembre.

A unos salarios que ya permanecían congelados desde hace años se ha sumado una crisis del coste de la vida que ha llevado a muchos empleados públicos a situaciones cercanas a la pobreza. El Gobierno de Sunak teme que un incremento salarial elevado contribuya a disparar aún más una inflación que se sitúa ya en el 11%, y es consciente también de que cualquier dinero extra destinado a los servicios públicos debe salir de unos impuestos que acaba de subir. La respuesta al desafío, con una mezcla de ideología y apuesta, consiste en apretar los dientes y esperar que la opinión pública culpe antes de su hartazgo a los huelguistas que a Downing Street.

Leyes más duras contra las huelgas

Muchos diputados conservadores, sin embargo, exigen a Sunak que endurezca las leyes que establecen los servicios mínimos. Fue una promesa del Gobierno de Boris Johnson, reafirmada por su sucesora, Liz Truss, pero ninguno de los dos tuvo tiempo de impulsar hasta el final la tramitación legislativa correspondiente. “Si los líderes sindicales mantienen una actitud nada razonable, es mi deber tomar las medidas necesarias para proteger el bienestar de los ciudadanos británicos”, aseguró el pasado miércoles Sunak en la Cámara de los Comunes.

“El derecho a la huelga es una de las libertades fundamentales del Reino Unido, y con una inflación del 11%, Rishi Sunak solo persigue que las clases trabajadoras tengan mucho más difícil alcanzar mejores salarios y mejores condiciones de trabajo”, ha denunciado Frances O’Grady, la secretaria general de la confederación sindical TUC. Las organizaciones de los trabajadores culpan al Gobierno de obstaculizar las negociaciones, y de haber dado la consigna, a las direcciones de las diferentes empresas públicas, de no aumentar sus ofertas de subida salarial. Se ampara Downing Street en las recomendaciones realizadas por las comisiones de revisión salarial adscritas a cada departamento público (NHS, profesores, policías, funcionarios de prisiones, etcétera), pero los sindicatos recuerdan a Sunak que lo que digan esas comisiones no es vinculante, y que es finalmente el Gobierno el que debe arremangarse y abordar las negociaciones.

“El Gobierno no se toma en serio todas estas huelgas. Cada mañana nos levantamos con un nuevo titular en el que amenazan con que se van a poner duros con este asunto, pero no trabaja de modo constructivo en beneficio de los ciudadanos de este país”, ha dicho el líder de la oposición laborista, Keir Starmer.

Sin embargo, también Starmer tiene sus propios problemas internos con un asunto capaz de provocar muchas chispas. La mayoría de la población simpatiza con las reclamaciones de médicos, enfermeros, bomberos o profesores, pero sigue teniendo un claro rechazo a la acción sindical. Por eso el líder laborista ordenó expresamente a sus diputados que no se sumaran a los piquetes informativos. El vínculo entre sindicatos y partido en la izquierda británica es todavía inmenso, y las centrales son la principal fuente de financiación de la formación. Han sido muchos los diputados que han decido saltarse la prohibición y apoyar públicamente a los huelguistas.

En el Reino Unido es prácticamente imposible llevar a cabo una huelga general. La Ley de Relaciones Laborales y Sindicatos de 1992 establece unos requisitos muy rígidos para convocar paros, junto a la prohibición expresa de una coordinación sindical entre diversos sectores. Las normas todavía se endurecieron más durante el mandato conservador de David Cameron (2010-2016). Cualquier empresa o servicio público necesita una participación del 50% de sus trabajadores, y un respaldo de más del 80% entre los que acuden a votar, para que salga adelante una huelga. Es decir, si hay 100 trabajadores, deben votar 50 y respaldar el paro al menos 40. Con estas condiciones, los sindicatos han tenido que elaborar una estrategia sincronizada para que coincidieran en los días cruciales de diciembre la mayoría de los paros, y en los sectores clave, para paralizar el país.

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