El otoño del descontento para Boris Johnson

La crisis del suministro de gasolina destapa la falta de previsión del Brexit. La política restrictiva de inmigración aprobada por Downing Street agrava la situación del Reino Unido respecto al resto de Europa

Un conductor lograba repostar este miércoles en una gasolinera de Londres, después de horas de hacer cola.
Un conductor lograba repostar este miércoles en una gasolinera de Londres, después de horas de hacer cola.Frank Augstein (AP)

El “otoño del descontento”. En tiempos de crisis, recurrir a Shakespeare nunca falla. Así han descrito los medios del Reino Unido durante toda esta semana el caos vivido en las gasolineras del país. Recordaban el “invierno del descontento” con que fue bautizado el malestar social y económico de 1978: colas en las gasolineras, huelgas salvajes, precios disparados. El preludio de la llegada de la revolución conservadora de Margaret Thatcher. Pero el origen último de la metáfora es el monólogo de quien sería Ricardo III, que al principio de la obra del mismo nombre anuncia el final del winter of our discontent, con el triunfo de la casa de York en la Guerra de las Dos Rosas en el siglo XV. Los euroescépticos británicos, con Boris Johnson a la cabeza, sembraron la división durante la larga y cruenta guerra del Brexit, y se preparan ahora para afrontar el descontento que su exceso de ideología y su falta de previsión han comenzado a provocar entre la población.

Al final de una semana caótica y confusa, el Gobierno conservador anunciaba que 200 soldados ayudarían, a partir de este lunes, a repartir combustible por las gasolineras del país. Y que se aceleraría el proceso para comenzar a llevar camioneros de la UE, en contra de todo lo defendido con la nueva Ley de Inmigración que propulsó el Brexit.

“Esto es desesperante. Muchos compañeros han tirado la toalla. No puede ser que salgan a trabajar dos o tres horas y tengan que aguantar luego tres horas más en una cola para repostar gasolina”, dice Juanjo Herrera. Británico y español, hijo de inmigrantes, lleva 28 años al volante de uno de los legendarios taxis negros que recorren las calles de Londres. “Cuando la huelga de camioneros también cerró gasolineras en el año 2000, con Tony Blair, todo fue más ordenado. Había estaciones de servicio solo para taxis, o solo para ambulancias o para bomberos. Ahora el Gobierno ha decidido más bien no hablar del problema, como si no existiera”, se queja.

En la mañana del viernes, cuando Downing Street llevaba ya dos días asegurando que la situación se comenzaba a estabilizar, la gasolinera de Shell en Harrow Road, al oeste de Londres, permanecía cerrada. Ni una gota de combustible. Aby, dentro de la tienda, se paseaba sin saber qué hacer. “Creo que esta tarde llega un nuevo camión cisterna. Llevamos dos días paralizados”, aseguraba. A dos kilómetros de distancia, la estación de servicio del supermercado Sainsbury´s tenía en funcionamiento la mitad de sus surtidores. Cuarenta y cinco vehículos, contó el reportero, hacían una zigzagueante cola por todo el aparcamiento exterior de la gran superficie. El Gobierno de Johnson suspendió sine die la Ley de la Competencia para que las empresas petroleras pudieran intercambiar información y acordar dónde estaba la prioridad. Claramente, en las gasolineras de autovía y en los puntos clave de las grandes ciudades.

Y para calmar el nerviosismo de los miles de conductores que se lanzaron a repostar, Downing Street ha dado orden a los ministros de que no usen la palabra “pánico” en ningún momento, al mismo tiempo que se anunciaba que 200 soldados estaban ya preparados para ponerse al volante de los camiones cisterna.

La consigna repetida a lo largo de la semana por todos los ministros ha sido que el Brexit no tenía nada que ver con lo ocurrido. Era una explosión general de demanda, en todo el mundo, al salir la economía de la hibernación de la pandemia. Así lo explicaba Johnson cuando se decidía finalmente a dar la cara el pasado miércoles. Pero ni en Francia, ni en España, ni en Alemania había colas en las gasolineras. El combustible no llegaba a los surtidores porque en el Reino Unido faltan camioneros. Hasta 90.000, según la Asociación de Transportistas por Carretera. Y de esos, al menos 20.000 eran conductores de la UE que regresaron a sus países durante el largo confinamiento. La Ley de Inmigración que se apresuró a aprobar el Gobierno conservador en cuanto el Brexit fue una realidad es mucho más restrictiva. Los ciudadanos comunitarios deben someterse al mismo sistema de puntos que los del resto del mundo. En esas condiciones, ni han vuelto los camioneros que se fueron ni quieren acudir a trabajar otros transportistas del continente. La decisión de Downing Street de conceder 5.000 nuevos visados por tres meses para contratar conductores de la UE, considerada rácana y tardía por los empresarios, ha sido un reconocimiento implícito de la parte de culpa que el Brexit tiene en toda esta crisis. No solo con los camioneros. También con los trabajadores de la agricultura, la ganadería, la hostelería o los servicios. El mismo supermercado que racionaba la gasolina ha visto durante estos meses cómo muchas de sus estanterías permanecían vacías.

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Ideología

Les ha ido mejor durante esta crisis a todos los que no han permitido que la ideología les hiciera apartar la vista de la realidad. Durante más de un año, el Gobierno británico ha mantenido vigente el llamado Job Retention Scheme (Plan de Retención de Empleo), un sistema similar a los ERTE españoles, pero más generoso. Las empresas, en cualquier caso, debían asumir parte del coste de unos trabajadores que permanecían paralizados en sus casas. Y aquellas que dependían de una mano de obra cualificada, pero barata, optaron por despedir. “Y ahora es cuando las cosas van a comenzar a ser muy complicadas para conseguir gente”, explica Sergio Dionisio, un empresario portugués que lleva más de diez años al frente de StarPlus Services. Su compañía ofrece servicio de mantenimiento, gestión y limpieza de edificios de oficinas. Muchas de las embajadas y consulado de Inglaterra y Escocia echan mano de sus servicios. Cuenta con más de 100 trabajadores, la mayoría españoles y portugueses. También filipinos y brasileños. A más de la mitad los ha retenido con el ERTE. Y a muchos los ha recolocado en distintas oficinas, a medida que sus clientes comienzan a reabrir los espacios de trabajo. “Yo me olía lo que podía pasar, y no quise perder ni uno de esos empleados. Si no, muchos habrían vuelto a sus países. Ahora, a medida que aumenten las contrataciones, va a ser una pesadilla encontrar más personal”, explica Dionisio.

La Asociación de Minoristas Británicos ya ha advertido a Johnson de que debe prepararse a afrontar unas Navidades complicadas, con escasez de oferta de muchos productos alimenticios. La principal patronal, CBI, ha reclamado más visados de trabajo, y por más tiempo. El Gobierno prometió que, con su nueva ley de inmigración, las empresas británicas se verían obligadas a formar y pagar mejor a los ciudadanos británicos. Y esa ha sido la razón por la que la decisión de abrir el grifo tan solo a 5.000 nuevos conductores, que difícilmente aparecerán, ha sido tan cicatera. Downing Street aún confía en que se acelere la concesión de licencias de conducción, y que incluso los camioneros jubilados decidan volver a ponerse al volante ante la perspectiva de salarios jugosos.

El Brexit, y sobre todo la falta de planificación ante los obstáculos que iba a añadir cuando el país comenzara a salir de la pandemia, se ha convertido en el elefante en medio de la habitación de la política británica. Los conservadores se niegan a vincularlo con el caos actual. Pero los laboristas tampoco se atreven a mencionarlo, porque siguen convencidos de que fue la causa última de su estrepitosa derrota electoral de 2019. Confían simplemente en que, tarde o temprano, los británicos vuelvan a dirigir hacia ellos la mirada, para ser rescatados del largo otoño del descontento.

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Sobre la firma

Rafa de Miguel

Es el corresponsal de EL PAÍS para el Reino Unido e Irlanda. Fue el primer corresponsal de CNN+ en EE UU, donde cubrió el 11-S. Ha dirigido los Servicios Informativos de la SER, fue redactor Jefe de España y Director Adjunto de EL PAÍS. Licenciado en Derecho y Máster en Periodismo por la Escuela de EL PAÍS/UNAM.

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