Boris Johnson ‘aparca’ temporalmente el Brexit para frenar la crisis de los camioneros

El Brexit era la promesa de recuperar el control de las fronteras —take back control, el eslogan utilizado en inglés— y preservar los trabajos y los beneficios sociales para los británicos. Frente al desastre político de largas colas de conductores en las gasolineras o de estanterías vacías en los supermercados, el primer ministro Boris Johnson ha optado por aparcar por un tiempo la ideología y apostar por el pragmatismo, aunque suponga pasar algo de vergüenza. Johnson ha dado su visto bueno a la concesión temporal de 5.000 visados para que los camioneros de la UE puedan trabajar en el Reino Unido. Y otros 5.500 para que la industria cárnica británica pueda volver a contratar a trabajadores comunitarios —principalmente, del este de Europa— y poner a pleno rendimiento sus plantas procesadoras.

Será una solución para los próximos tres meses. Lo suficiente, calcula Downing Street, como para que las Navidades no acaben siendo un desastre, que amenace la estabilidad del Gobierno conservador. A lo largo del viernes y el sábado, miles de conductores han colapsado gasolineras por todo el país para hacer acopio de combustible. No ha servido para nada la llamada a la calma del Gobierno, incapaz de frenar la sensación de pánico. Algunos medios mostraban incluso fotografías de usuarios que llenaban bidones con gasolina después de haber abastecido el depósito de sus vehículos. De las más de 8.000 estaciones de servicio repartidas por todo el Reino Unido, apenas un 1% (unas 80) han tenido que cerrar algunos de sus surtidores por falta de algún tipo de combustible. BP solo ha suspendido completamente el servicio en 20 de sus establecimientos. Pero ha sido imposible contener los nervios de miles de ciudadanos, que se han lanzado a repostar.

La causa de estos problemas de abastecimiento no está en la escasez de gasolina. Hay de sobra. Reside más bien en la falta de conductores de camiones para transportar el combustible a los puntos de repostaje. La industria británica de transporte estima en 90.000 el número de conductores necesarios para que todo fluya sin problemas. Son cerca de 50.000 los que abandonaron su trabajo durante la pandemia, bien porque se jubilaron o porque optaron por otra profesión. Además, unos 20.000 conductores de la UE regresaron a sus países.

La nueva ley de inmigración, aprobada inmediatamente después del Brexit, establece un sistema de puntos para entrar en el Reino Unido. Los ciudadanos comunitarios ya no tienen prioridad sobre los del resto del mundo. Y las cuotas temporales de excepción para contratación —fundamentalmente para la sanidad y el sector agrícola— han resultado escasas y limitadas en su alcance. Nunca se contempló esa excepcionalidad para los transportistas, como el Gobierno de Johnson pretende hacer ahora. Y no todo el sector está convencido de que la solución de los visados temporales, reducida y tardía, sea la correcta. “Creo que lo que estamos viendo tiene que ver sobre todo con el nivel salarial de los conductores”, ha explicado a la BBC Toby Ovens, director gerente de una de las principales empresas de transporte y logística del Reino Unido, Broughton Transport Solutions. “Los márgenes en la industria de transporte son muy ajustados y no se dispone del dinero para elevar los salarios sin que eso no repercuta en el precio que se traspasará a los clientes”, asegura Ovens.

Esa era la batalla ideológica que se había desatado en el seno del Gobierno de Johnson. Muchos de sus ministros, comenzando por el de Transportes, Grant Shapps, pero sobre todo la de Interior, Priti Patel —campeona del ala dura del Partido Conservador— se resistían a dar su brazo a torcer con los visados. En primer lugar, porque uno de los objetivos de la ley de inmigración que aprobó Downing Street era el de forzar a la industria británica a formar y contratar a los nacionales, y acabar con décadas de baja productividad y bajos salarios a base de contratar trabajadores comunitarios. Por eso, la primera respuesta del Gobierno a la crisis de los camioneros —que, en verdad, afecta a toda Europa— fue la de acelerar los trámites de examinación para obtener la licencia de conducir vehículos pesados, y reclamar a las empresas transportistas salarios más atractivos. No sirvió de nada. Pero sobre todo, el tira y afloja, combinado con continuos titulares en la prensa de colas en las gasolineras y estanterías vacías, puso muy nervioso a Boris Johnson. Recién regresado el viernes de su viaje a Estados Unidos, reunió de urgencia a sus ministros, les sacó los colores y exigió una solución al problema. Todo menos llegar a las Navidades con una situación que recordara, siquiera remotamente, al invierno del descontento de 1978, que tumbó a un Gobierno laborista y abrió las puertas a la década Thatcher.

La principal patronal del Reino Unido, Confederación de la Industria Británica (CBI, en sus siglas en inglés), que llevaba meses advirtiendo de las carencias de mano de obra en muchos sectores clave —principalmente transporte, agricultura y hostelería—, ha celebrado como una victoria la decisión de Johnson. “Es una vergüenza que el Gobierno haya necesitado ver colas en las gasolineras para tomar una decisión”, ha dicho Tony Danker, director general de CBI. “Básicamente, el Gobierno pensó que, después del Brexit, tendríamos un sistema de inmigración que dejaría entrar a los trabajadores con las habilidades que necesitáramos, no al resto. Y ahora se ha dado cuenta de que algunas de las habilidades descartadas también las necesitamos, aunque sea de modo estacional”, ha explicado Danker a la BBC.

Las próximas semanas demostrarán si la solución escogida alivia la crisis del transporte, o si Johnson ha renunciado temporalmente a su principal bandera ideológica, el Brexit, sin que le haya servido para mucho.

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