La última oportunidad de Rishi Sunak para enderezar una década perdida en el Reino Unido

La última oportunidad para rescatar la credibilidad económica del Reino Unido, y la reputación como buen gestor del Partido Conservador, está en manos de una extraña pareja que la política británica había dado por amortizada hace apenas dos meses. “Algunos nacen con grandeza; los hay que la conquistan; y a otros la grandeza se les viene encima”, decía el Malvolio de Shakespeare en Noche de Reyes. El primer ministro, Rishi Sunak, y su ministro de Economía, Jeremy Hunt, presentan este jueves un plan fiscal, más bien un nuevo presupuesto, para intentar convencer a los mercados de que su país no es el enfermo de Europa. Del rigor y la honestidad de unas medidas —subida de impuestos y recorte de gastos— que deben comenzar a tapar un agujero en las cuentas públicas que algunos expertos sitúan en casi 70.000 millones de euros dependerá que Sunak y Hunt alcancen esa grandeza o acaben siendo los protagonistas del fracaso final de más de una década de los tories, como se conoce históricamente a los conservadores británicos, en el poder.

“Soy un ministro de Economía del Partido Conservador, y estoy siendo bastante explícito al advertir que los impuestos van a subir. Algo que me resulta bastante difícil, porque yo entré en política precisamente para defender la idea opuesta”, aseguraba Hunt esta semana en la BBC. “Voy a ser honesto, intentaré ser justo y procuraré que nuestro plan sea equilibrado”, prometía.

La respuesta del Gobierno de Sunak a la incertidumbre y el pánico desatados por su predecesora, Liz Truss, cuando anunció una rebaja histórica de impuestos —equivalente a más de 50.000 millones de euros, sin explicar cómo iba a compensarse esa renuncia de ingresos— es un acto de contrición. Pero también es un ensayo de laboratorio del que va a estar pendiente el resto de Europa.

Porque el malogrado plan de Truss no fue más que, como dicen los ingleses, la última brizna de paja que reventó la espalda del camello. Es decir, la gota irresponsable que colmó un vaso a punto de desbordarse: inflación galopante (11,1%, según datos de este mismo miércoles); tipos de interés en alza (3%); huelgas en el sector público ante la falta de un pacto de rentas; un mercado laboral estresado, incapaz de responder a la demanda; una crisis energética que obligaba a destinar decenas de miles de millones de euros en ayudas directas a familias y empresas; una recesión en ciernes; y finalmente, como producto único y genuino, un Brexit del que todavía no se conocen ventajas, pero que ha introducido fricciones desesperantes en las empresas británicas que se dedican a la exportación.

Alguno de estos problemas es autóctono —Brexit— y algunos presentan mayor gravedad que en países del entorno. El Reino Unido es el único del grupo del G-7, las economías más avanzadas del mundo, que no ha regresado a su nivel económico anterior a la pandemia. Otras dolencias, sin embargo, son compartidas, y la respuesta fiscal del Gobierno de Sunak va a ser observada con detalle. ¿Regreso a la austeridad de los años posteriores a la crisis financiera de 2008? ¿O austeridad 2.0? Es decir, una vuelta a la ortodoxia fiscal, pero de un modo más atemperado y socialmente más justo.

Porque, paradójicamente, la locura temporal de Truss y su ministro de Economía, Kwasi Kwarteng, consistió en defender un crecimiento a base de rebajas de impuestos a las rentas más elevadas y a las empresas, liberado de las ataduras de la ortodoxia fiscal que despreciaban. Ni iban a plegarse a las sugerencias del Banco de Inglaterra ni estaban dispuestos a someter sus planes al análisis independiente de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR, en sus siglas en inglés). Los mercados respondieron alarmados, con el desplome de la libra esterlina y de los bonos a largo plazo del Tesoro británico. El mazazo a la credibilidad económica del Reino Unido fue de tal calibre que Sunak y Hunt se ven ahora obligados a adoptar decisiones mucho más duras de las que habrían sido necesarias antes de aquel desastre. “Las palabras de moda vuelven a ser estabilidad y confianza. No solamente ha regresado la ortodoxia, sino que la ha hecho con afán de venganza”, ha dicho Nick Macpherson, el alto funcionario que, como secretario permanente del Tesoro, veló por el rigor presupuestario durante el Gobierno laborista de Gordon Brown y el conservador de David Cameron. “Un partido que llevaba más de 12 años en el poder tenía que encontrar nuevos dragones a los que matar para construir su nueva Jerusalén”, ironizaba MacPherson recientemente sobre el plan de Truss y Kwarteng, en una conferencia para el centro de pensamiento Strand Group en Edimburgo.

Regreso a la disciplina fiscal

Sunak —que fue ministro de Economía con Boris Johnson— y Hunt acumulan reuniones durante las últimas semanas para preparar su plan fiscal. Siete días antes de la presentación pública, han enviado las medidas diseñadas a la OBR, para que la agencia independiente de responsabilidad fiscal pueda acompañar al anuncio del Gobierno con el análisis y las previsiones correspondientes. Se trata de recuperar credibilidad a toda costa. Algunas filtraciones sobre un informe guardado bajo siete llaves, como la revelada por el Financial Times, dibujan un panorama desalentador en el que el Tesoro británico aumentaría su deuda en 113.000 millones de euros en el periodo 2026-2027, frente a los 36.000 calculados previamente por la OBR. Es decir, un agujero de 77.000 millones que Hunt debería comenzar a tapar cuanto antes.

Desde la era de Gordon Brown, el Gobierno británico se autoimpone —con cierta flexibilidad— un rigor fiscal a través de planes —sendas de gasto— que suelen tener tres años de duración. Brown estableció la regla de que la deuda nunca superara el 40% del PIB. Los últimos planes del Tesoro aspiran simplemente a que el pasivo sostenga una tendencia de descenso en proporción al PIB al final del plazo. Y no es necesario que el plan sea trianual. Podría ser de cinco años, una opción que permitiría a Hunt retrasar las decisiones más dolorosas para después de las elecciones, previstas a finales de 2024. Cualquier sugerencia de austeridad en un momento en que los británicos sufren en su economía doméstica una enorme crisis del coste de la vida haría sonar las alarmas entre los diputados conservadores, y desataría las críticas de algunos analistas que temen que el remedio pueda ser peor que la enfermedad. “El mayor peligro al que nos enfrentamos ahora sería tomar la decisión de demostrar credibilidad fiscal a base de adoptar una política fiscal muy restrictiva, que redujera las ayudas a los hogares más pobres o refrenara elementos clave de inversión pública”, advierte Jagjit S. Chadha, director del Instituto Nacional de Economía e Investigaciones Sociales.

Un retraso excesivo de las medidas necesarias corre el riego, sin embargo, de despertar escepticismo en los inversores y volver a inquietar a los mercados.

Impuestos invisibles

Hunt no deja de repetir que los impuestos subirán para todos. El método más sutil para lograr eso sin desatar la ira de los conservadores sería a través de lo que en la jerga fiscal se conoce como “impuestos invisibles”. El mínimo de renta exento se sitúa ahora en 12.570 libras (unos 14.300 euros). A partir de unos ingresos de 100.000 libras (cerca de 114.000 euros), cada dos libras más que se cobran, deducen una del mínimo exento. Es decir, al cobrar 125.000 libras, desaparece ese mínimo y se cotiza al 40% la cantidad íntegra de la renta. Normalmente, suele actualizarse con la inflación el mínimo exento. Si el Gobierno no lo hace, y los salarios medios en el sector privado suben el 6% previsto por la Oficina Nacional de Estadística, la recaudación tributaria aumentará sin necesidad de anunciar un aumento de impuestos.

“Que todo el mundo vaya a pagar más impuestos puede significar cualquier cosa. Desde mantener congelado el mínimo exento a introducir nuevas figuras impositivas, como puede ser resucitar el aumento de las cuotas de la Seguridad Social [las aumentó el Gobierno de Johnson. Anuló la decisión Liz Truss]. Aunque si de verdad va a ser un aumento para todo el mundo, el único modo de hacerlo es subiendo el IVA”, apunta Paul Johnson, director del Instituto de Estudios Fiscales.

Medidas para los más vulnerables

Una de las primeras decisiones que adoptó Hunt en cuanto se hizo con las riendas del Ministerio de Economía fue rebajar el alcance de las ayudas directas a familias y empresas para hacer frente a la factura del gas y la electricidad. El anuncio del Gobierno de Truss suponía un desembolso generalizado de casi 150.000 millones de euros, sin discriminar entre usuarios, y generaba directamente la misma cantidad de deuda pública. Con la rectificación, la ayuda universal se mantendrá hasta abril —para pasar el invierno—. A partir de ese momento, las subvenciones serán más selectivas y progresivas, centradas sobre todo en los hogares más vulnerables. Es además muy probable que el Gobierno británico recurra de nuevo a un impuesto extraordinario y temporal sobre los “beneficios caídos del cielo” de unas empresas energéticas que han visto cómo se disparaba su cuenta de resultados gracias a la crisis desatada por la guerra en Ucrania.

Además de medidas de eficacia transversales, para congelar inversiones en todos los departamentos del Gobierno, Hunt debe decidir qué hacer con los salarios de los funcionarios públicos. Todo sugiere un aumento superior al 2% previsto, pero inferior al 6% del sector privado. Y algo similar deberá plantearse con las ayudas y prestaciones sociales. Otro asunto son las pensiones públicas, cuyo aumento está garantizado por el “triple cerrojo”. Siempre deberán subir de acuerdo con la cifra más alta de tres datos: la inflación, la subida salarial media o el 2,5%. Sunak se ha comprometido a respetar esta regla.

Algunos medios, como The Times, apuntan a una subida del salario mínimo, e incluso a cheques de ayuda directa para las familias más vulnerables. Gestos de solidaridad selectiva, nada de ayudas universales.

El elefante en la habitación

Sunak fue un defensor ferviente del Brexit de los de primera hora. Hunt era un conservador partidario de la permanencia en la UE, y llegó incluso a pedir un segundo referéndum después del de 2016. Pero “la palabra que empieza por B” se ha convertido en un tabú de la política británica, el elefante en medio de la habitación que todos —conservadores y laboristas— esquivan sin mirar. “No acepto la premisa de que el Brexit nos hará más pobres (…). No niego que una decisión como esa ha tenido costes, pero también han surgido oportunidades. Lo que ha ocurrido es que, a los pocos meses de abandonar la UE, hemos sufrido una pandemia histórica que ha retrasado el proceso necesario de determinar cuáles eran esas oportunidades. Ahora necesitamos hacerlo”, defiende Hunt con la fe del converso.

Los conservadores son incapaces de afrontar esa realidad. Un 16% menos de exportaciones a la UE —que en algunos productos llega al 50%—; un 20% menos de importaciones desde el continente (según el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales). Unos costes comerciales muy superiores para las empresas. Fricciones en aduana y una burocracia insoportable. El Brexit ha sido el factor agravante de una gestión económica llena de agujeros negros y de decisiones más ideológicas que prácticas.

En medio de una crisis mundial cada vez más preocupante, el mundo observa al Reino Unido, para comprobar si rema en la misma dirección que el resto o es una isla definitivamente a la deriva.