El Gobierno británico impone un límite en la factura de gas y electricidad de las empresas
Promete mantener la medida, que reducirá a la mitad el gasto energético, durante seis meses, y prorrogarla si lo considera necesario. La ayuda se suma a los 115.000 millones de euros destinados a aliviar el gasto de los hogares
Las empresas británicas podrán respirar algo más tranquilas durante los próximos seis meses. El ministro de Economía, Kwasi Kwarteng, ha anunciado una imposición de límites en los precios que pagarán los negocios por el gas y la electricidad, que puede llegar a rebajar a la mitad el coste energético previsto, y salvar de paso más de una industria que estaba abocada al cierre.
El nuevo Gobierno de la conservadora Liz Truss ha llegado a Downing Street con promesas neoliberales de bajadas generalizadas de impuestos, mayor desregulación y menor intervencionismo del Estado en la economía. Pero eso no significa que la recién estrenada primera ministra del Reino Unido esté dispuesta a pegarse un tiro en el pie. Si quiere sobrevivir al duro invierno de malestar social que se avecina, y sobre todo, llegar con ciertas expectativas a las próximas elecciones generales, debe afrontar con urgencia la descomunal crisis energética que afronta el país. El 8 de septiembre, horas antes de que el fallecimiento de Isabel II congelara durante once días la actividad política del país, Truss ya había anunciado en el Parlamento un paquete de ayudas directas a los hogares valorado en unos 115.000 millones de euros. El límite de la factura promedio anual de cada vivienda, según el anuncio, no superará los 2.900 euros. Las últimas estimaciones de la agencia reguladora (Ofgem, en sus siglas en inglés) situaban ese límite en más de 4.000 euros. Algunas organizaciones habían llamado ya a la revuelta popular y al impago de las facturas energéticas a lo largo del invierno.
Truss anticipó en esa comparecencia que también habría ayudas para las empresas, pero no quiso detallar la medida, dada la complejidad de muchos de los contratos energéticos que utilizan las industrias británicas. Finalmente, este miércoles se han conocido los aspectos concretos del plan. A partir de octubre, ninguna empresa del Reino Unido pagará más de 280 libras esterlinas (321 euros, al cambio de hoy) por megavatio hora (MWh) de electricidad, ni más de 70 libras (80 euros) por MWh de gas. La medida se aplicará a todos los contratos de suministro de energía firmados desde el pasado 1 de abril. En la actualidad, los precios en el mercado mayorista, calculando el promedio de suministro previsto desde octubre a marzo, se sitúan en unas 490 libras por MWh de electricidad, y unas 170 por MWh de gas.
“El Gobierno ha decidido intervenir, para evitar que las empresas se hundan, proteger los empleos y limitar el ascenso de la inflación”, ha dicho Kwarteng. La tasa actual del IPC británico es del 9,8%, algo menor que el 10,1% del mes anterior.
El límite del precio no va únicamente destinado a las empresas que tienen contratada una tarifa fija. Aquellas que utilizan tarifa variable (aproximadamente un 25% del total) podrán beneficiarse de descuentos por unidad de consumo, hasta un máximo de “405 libras [465 euros] por MWh de electricidad, y 115 [132 euros] por MWh de gas, dependiendo de cómo evolucione el mercado mayorista”, ha señalado el Departamento de Negocios y Energía del Gobierno británico.
“Vamos a revisar este plan una vez transcurridos los primeros seis meses. Queremos asegurarnos de que los negocios más vulnerables, como los pubs, las tiendas, seguirán recibiendo el apoyo que necesitan”, ha dicho Truss en Nueva York, donde participa en la Asamblea General de Naciones Unidas.
Sin distinción entre empresas
La oposición laborista ha quedado descolocada ante una medida claramente popular. Aun así, ha insistido en criticar unas ayudas generalizadas, que no hacen distinción entre las empresas que las necesitan en mayor o menor medida. “Un claro malgasto del dinero del contribuyente”, ha dicho Darren Jones, el diputado de la oposición que preside la Comisión de Empresas de la Cámara de los Comunes.
La patronal británica ha celebrado el plan del nuevo Gobierno, pero ha recordado que se trata de una medida coyuntural ante un problema que necesita soluciones a largo plazo. “La verdadera solución para el futuro es redoblar los esfuerzos por alcanzar mayor seguridad energética [con autoabastecimiento nacional] e impulsar programas ambiciosos de eficiencia energética que ayuden a reducir la demanda”, ha señalado el director de Política Energética de la Confederación de la Industria británica.
El volumen total de las ayudas anunciadas por el Gobierno de Truss, tanto a los particulares como a las empresas, supone aumentar en más de 170.000 millones de euros la deuda del Reino Unido. El nivel total destinado a paliar la crisis energética puede superar el 6,5% del PIB del país, más del doble del activado por otros países europeos, según ha señalado el centro de análisis Bruegel, en Bruselas.
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