La ambigüedad del Banco de Inglaterra alimenta el miedo en los mercados británicos

La credibilidad, en política y en economía, es fácil de perder e increíblemente difícil de recuperar. El nuevo Gobierno del Reino Unido lo sabe bien. Ha sido incapaz de enderezar la situación desde que espantó a los mercados el 23 de septiembre con el anuncio de una rebaja descomunal de impuestos. Tuvo que intervenir el Banco de Inglaterra (BoE, en sus siglas en inglés), para tratar de contener las caídas de la libra y los bonos de deuda pública. Pero la máxima autoridad monetaria —y defensora de la estabilidad financiera—, y su gobernador, Andrew Bailey, han caído en su propia trampa, con un juego de tira y afloja con el que pretende poner firmes a los fondos de pensiones y al Gobierno británico, pero que a la vez no ha hecho, sin embargo, más que confundir a los mercados: en público, el BoE sostiene que no comprará más deuda; en privado, sugiere que mantendrá el programa de adquisiciones cuanto sea necesario.

La libra sigue a la baja este miércoles, y la rentabilidad de los bonos a 30 años (los favoritos de los fondos de pensiones) ha llegado a superar el 5%, unos máximos no registrados desde hace dos décadas, para luego descender al 4,8% con las adquisiciones del banco central. Cuando sube el rendimiento, baja el valor del bono. Para incrementar la tensión, la Oficina Nacional de Estadística ha anunciado que la economía del Reino Unido se contrajo un 0,3% el pasado agosto, a pesar de que el mes anterior se había expandido un 0,1%. La tormenta perfecta en la que ha entrado el país hace que la recesión aparezca como inevitable. “Las finanzas de muchos hogares continúan sometidas a tensión, y eso pesa en el crecimiento del país. Es muy probable que sea la causa de que el Reino Unido entre técnicamente en recesión”, ha señalado Yael Selfin, el economista jefe de la consultora KPMG.

El BoE se ha visto obligado a intervenir directamente en tres ocasiones —la dos últimas, esta misma semana—, para calmar el pánico financiero sobre los fondos de pensiones. En el Reino Unido, donde los planes de pensiones privados son la norma y las pensiones públicas son muy inferiores a las de otros países, los fondos de los que dependen los ingresos mensuales de millones de jubilados manejan activos por valor de 2,3 billones de euros, casi el doble del PIB de España. Más de la mitad de esos activos son bonos de deuda pública, cuya fiabilidad en el rendimiento permite asegurar el pago de las próximas décadas.

Pero en los últimos años, para mantener a sus clientes promesas cada vez más difíciles de sostener (sobre todo en época de tipos de interés bajos), los fondos han intentado equilibrar su pasivo y su activo con un producto financiero tan complejo y arriesgado como muchos de los que reveló la crisis financiera de 2008: los Liability Driven Investment (LDI, en sus siglas en inglés), o Inversiones basadas en el Cumplimiento de Obligaciones. Es una técnica empleada por muchos fondos de pensiones para equilibrar la diferencia entre sus activos y sus pasivos (el cumplimiento de las obligaciones con los clientes). A través de gestoras de fondos, y con préstamos de bancos de inversión (el dinero era hasta ahora muy barato), compran derivados sobre tipos de interés.

El problema surgió cuando el Gobierno de Truss anunció unos planes fiscales, entre la rebaja de impuestos y las ayudas directas a hogares y empresas, para hacer frente a las facturas de gas y electricidad, que suponían un incremento de casi 200.000 millones de euros de deuda pública. La libra se desplomó, y los bonos a largo plazo vieron cómo se disparaba su rendimiento y bajaba su precio. Comenzó a producirse una fire sale, una venta acelerada que, en el caso de los fondos de pensiones, se convirtió en un círculo vicioso. Los LDI exigían un incremento de la garantía depositada en la Cámara de Compensación de Derivados (margin call) y los fondos, obligados a obtener una rápida liquidez, vendían aceleradamente los bonos que retenían, lo que provocaba a su vez un mayor desplome de los precios.

Confusión del Banco de Inglaterra

Bailey, que se encuentra en Washington y participa en las reuniones del Fondo Monetario Internacional (FMI), confirmó este martes que el BoE mantendrá su palabra, y dejará de comprar bonos este viernes. “Los fondos disponen de tres días para hacer lo que tengan que hacer”, dijo el Gobernador, con la voluntad de meter presión a las gestoras y solucionar un problema que no puede persistir en el tiempo. A la vez, sin embargo, varios medios, como el Financial Times, aseguran que el propio Bailey y su equipo han asegurado a los representantes del sector, en conversaciones privadas, que mantendrá el programa de compras lo que sea necesario. “El Banco de Inglaterra está jugando al juego del gato y el ratón con estas ventas y compras de bonos, y los mercados se están inquietando”, ha dicho a Bloomberg Antoine Bouvet, analista de ING.

Comienza a crecer la sospecha de que los fondos de pensiones —que forman parte, junto con las aseguradoras y las firmas de inversión, de la llamada banca en la sombra— llevan años acumulando los activos de riesgo a los que la banca tradicional renunció después de la crisis financiera de 2008. “Como el Banco de Inglaterra ha dejado claro, quizá no sea posible proteger todos estos planes de pensiones con resultados extremos de los mercados, pero es importante que se aprendan las lecciones de los eventos recientes”, ha dicho el Regulador de Pensiones, la autoridad británica independiente que controla el funcionamiento adecuado de los planes de pensiones en el ámbito laboral.

La credibilidad del Gobierno

El problema de todos esos propósitos de enmienda es que juegan con el medio y largo plazo, mientras que los nervios de los mercados no les lleva a mirar más allá del viernes. La Asociación de Pensiones y Ahorros Vitales (PLSA, en sus siglas en inglés), que agrupa a los principales fondos gestores, ha pedido al Banco de Inglaterra (e indirectamente al Gobierno, que avala las compras de bonos) que extienda al menos hasta el 31 de octubre las medidas de emergencia. Será entonces cuando el ministro de Economía, Kwasi Kwarteng, presente sus planes fiscales a medio plazo, e intente convencer a los mercados de la seriedad del Gobierno para mantener controlada la deuda pública. En un principio, Kwarteng anunció su rebaja de impuestos y dejó la presentación del plan para el año que viene; luego prometió que sería el 23 de noviembre. Ahora será el 31 de octubre. Y no está claro que los mercados puedan aguantar hasta entonces, sin la respiración asistida del Banco de Inglaterra.

En su primera comparecencia ante la Cámara de los Comunes desde que el anuncio de rebaja de impuestos desató la tormenta en los mercados, la primera ministra Truss ha sufrido el acorralamiento de la oposición laborista. Su rival, Keir Starmer, le ha obligado a responder si pensaba mantener la promesa realizada en agosto, cuando competía por el liderazgo del Partido Conservador, de no reducir el gasto social. “Absolutamente”, ha respondido Truss, que provocaba así un nuevo sobresalto entre las filas conservadoras.

Cada vez es más claro el consenso entre políticos y expertos de que la cuerda debe ceder por algún lado. O Truss renuncia a la mayor parte de su rebaja de impuestos, como le pide no solo la oposición sino el propio Fondo Monetario Internacional y hasta el Banco de Inglaterra, o deberá imponer un recorte generalizado en la mayoría de partidas presupuestarias. El Instituto de Estudios Fiscales ya ha calculado en 68.000 millones de euros el ahorro que el Gobierno debe hacer, si quiere seguir adelante con su alivio impositivo. Las cuentas no salen, Truss se empeña en prometerlo todo, y corre el riesgo, una vez más, de perder a chorros la credibilidad que le queda, con una nueva rectificación de sus decisiones.

Por ahora, la primera ministra Liz Truss ha insistido en que no cortará el gasto público para compensar su plan para bajar impuestos.