La justicia francesa apunta a dos estrechos colaboradores de Macron por dos casos de conflictos de interés

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha recibido este lunes un doble mazazo judicial. Dos de sus más estrechos colaboradores —el ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti, y el secretario general de la presidencia de la República, Alexis Kohler— tendrán que dar explicaciones ante los jueces y fiscales por dos casos distintos, aunque bajo la misma acusación: conflicto de intereses.

La Corte de Justicia de la República (CJR), encargada de juzgar a ministros por infracciones cometidas en el ejercicio de sus funciones, anunció su intención de procesar a Dupond-Moretti (Maubeuge, 61 años). El ministro ya estaba imputado por haber usado su cargo para ajustar cuentas con magistrados rivales en su anterior etapa profesional como abogado. Se expone a una pena de hasta cinco años de prisión y 500.000 euros de multa, según el artículo 432-12 del Código Penal francés. El delito del que se la acusa es la “toma ilegal de intereses”.

La Fiscalía Nacional Financiera (PNF, por sus siglas francesas) ha confirmado este lunes también la imputación a Kohler, mano derecha de Macron desde antes de llegar al Elíseo, también por “toma ilegal de intereses”. El supuesto conflicto de intereses se dio porque, en sucesivos cargos en el Ministerio de Economía y en empresas públicas, trató cuestiones que afectaban al gigante de los cruceros y el transporte marítimo Mediterranean Shipping Company (MSC), fundado y dirigido por primos hermanos de su madre. MSC fue cliente del Estado francés cuando Kohler trabajaba en el Ministerio de Economía, y él mismo pasó unos meses por la compañía. La Fiscalía abrió una investigación en 2018 tras una denuncia de la asociación anticorrupción Anticor, que acusaba al imputado, entre otras cosas, de no haber declarado el vínculo familiar.

Además de imputarlo, la PNF declaró a Kohler “testigo asistido” —rango inferior a imputado— por tráfico de influencias. La imputación no significa que Kohler (Estrasburgo, 49 años) vaya a ser juzgado ni condenado. Tampoco está sometido a ninguna medida de privación de libertad, según un comunicado de la PNF. Su abogado, citado por Le Monde, asegura que el secretario general del Elíseo niega “con fuerza haber cometido ningún delito”.

Primer titular de Justicia imputado

El ministro Dupond-Moretti se convirtió en julio de 2021 en el primer titular de Justicia imputado mientras ejercía su mandato. Ahora puede ser el primero en ser procesado. Sus abogados anunciaron que recurrirán. A menos que ganen ese recurso, el juicio podría celebrarse a partir de finales de 2023.

La habilidad oratoria de Dupond-Moretti como abogado penalista, sus éxitos para absolver a acusados en casos imposibles y su presencia mediática hicieron de él una celebridad. Aparecía como actor en películas y obras de teatro. Era admirado. Pero también, por su estilo marrullero y su carácter explosivo, detestado en la magistratura.

El caso parte de las denuncias de Anticor y de los dos principales sindicatos de magistrados. Reprochan al ministro que, tras ser nombrado en 2020, abriese investigaciones administrativas, en dos casos paralelos, a varios jueces y fiscales. El primer caso le enfrentaba con un juez de instrucción francés Mónaco. Tras ser apartado del Principado, el juez citó en una entrevista a un policía imputado que era cliente de Dupond-Moretti. Este le acusó de actuar como un “cow-boy” y lo denunció.

El segundo caso está relacionado con una investigación al expresidente Nicolas Sarkozy por la supuesta financiación libia de su campaña electoral de 2007. En el marco de la investigación, se supo que la Fiscalía Nacional Financiera había revisado los registros telefónicos de varios abogados, entre ellos Dupond-Moretti. Lo denunció. Al llegar al ministerio, Dupond-Moretti retiró ambas denuncias. Pero semanas después les abrió la investigación administrativa.

“Hay una mezcla de géneros que se opone a las exigencias elementales de neutralidad e imparcialidad que cabe tener una instancia penal o disciplinaria”, lamentaba en 2020 François Molins, fiscal jefe del Tribunal de Casación y copresidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Dupond-Moretti defiende que los expedientes son el resultado de inspecciones iniciadas antes de acceder al cargo.

Si el caso llega a la CJR, será el fiscal jefe del Tribunal de Casación el encargado de ejercer la acusación. Molins se jubila en junio. Y a su sucesor debe nombrarlo Macron, a propuesta del ministro de Justicia. Es decir, del acusado. Un nuevo conflicto de intereses se dibuja en el horizonte.

Macron mantiene la confianza tanto en Dupond-Moretti, ratificado como ministro tras las legislativas de junio pese a estar ya imputado, como en Kohler, secretario general del Elíseo desde que Macron llegó al poder en 2017. Pero el posible proceso del primero y la imputación del segundo le colocan en una posición comprometida. Durante la campaña que le llevó a su primera victoria electoral, hace cinco años, el presidente dijo: “En principio, un ministro debe abandonar el Gobierno si es imputado”. No lo ha cumplido.

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