Un custodio del presidente uruguayo, imputado por hacer pasar por uruguayos a ciudadanos rusos

El 1 de marzo de 2020, el Cadillac negro utilizado en Uruguay para las ceremonias de asunción presidencial surcó la avenida Libertador a paso de hombre, mientras el entonces flamante mandatario, Luis Lacalle Pou, saludaba a sus partidarios. A un lado del carro, un hombre robusto acompañaba la marcha con una amplia sonrisa: el jefe de la custodia, Alejandro Astesiano, imputado esta semana por falsificar documentos oficiales para que ciudadanos rusos obtuvieran un pasaporte uruguayo.

A poco de conocerse la denuncia hecha por un funcionario de Identificación Civil, la fiscal Gabriela Fossati inició una investigación que reveló que Astesiano ofrecía contactos reales con funcionarios ubicados en puestos estratégicos (Cancillería y Ministerio del Interior) y se reunía con sus cómplices en su despacho del piso 4 de la Torre Ejecutiva, donde trabajaba como jefe de custodia presidencial.

Astesiano no es el único imputado en la causa. También lo están el ciudadano ruso con residencia uruguaya Alexey Slivaev, dueño del grupo de Facebook “Todo sobre inmigración a Uruguay”, creado en 2015 y con 8.000 suscriptores; y el escribano uruguayo Álvaro Fernández, al que le encontraron 77 páginas de chats y audios mantenidos con el custodio presidencial, además de documentación incriminatoria.

El modo en que presuntamente operaba esta organización es simple: contactaban a los rusos por medio de la página de Facebook, adulteraban sus partidas de nacimiento para que figuraran como “ciudadanos naturales” uruguayos y los acompañaban en el proceso de emisión de la cédula de identidad y el pasaporte. Se cree que la organización falsificaba la documentación con datos ciertos, pero de personas fallecidas.

Fernández era quien gestionaba las partidas de nacimiento falsas, además de recibir el dinero por la operación que, según un testigo, podía llegar a costar 10.000 dólares. Astesiano, además de tener acceso a las bases de datos de Identificación Civil, era el nexo entre los solicitantes y funcionarios públicos de los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores.

Consultados por EL PAÍS, desde el Ministerio del Interior respondieron que esperarán el trabajo del fiscal “y “después se verá si hay alguna actuación administrativa para hacer”.

“Si hay algún responsable soy yo”, dijo visiblemente sorprendido Lacalle Pou en una rueda de prensa el martes. “El hecho es desagradable, inconveniente en lo personal. En lo político ni que hablar” pero la desarticulación de la banda “habla bien de la República”, agregó.

Luego, ofreció una cronología de su relación personal con Astesiano. Dijo que lo conocía por su participación en las campañas desde 1999, pero que recién “generó cierta confianza en 2019″. “Era muy efectivo en el trabajo, la relación personal era muy buena, cumplía su función a cabalidad”, dijo.

El custodio, dueño de un legajo de al menos 20 anotaciones por hurto, estafa y apropiación indebida, fue imputado por “suposición de estado civil en reiteración real con delito de asociación para delinquir y tráfico de influencias” y encarcelado en forma preventiva por 30 días. Su detención se concretó en la residencia presidencial, a manos de un jerarca de Inteligencia, el domingo por la noche, cuando el presidente estaba en el lugar.

Críticas opositoras

“La sociedad entera está azorada porque es difícil entender que no haya habido los mínimos filtros imprescindibles para la definición de un jefe de seguridad, ni más ni menos que para un jefe de Estado”, expresó a la prensa el senador del Frente Amplio (único partido opositor), Mario Bergara. Para el legislador “hay responsabilidades de orden político”, por tal motivo, evalúan crear una comisión investigadora, aunque en Uruguay no se puede interpelar al presidente en el Congreso.

La contratación de Astesiano para trabajar a la sombra del mandatario es otro de los puntos en cuestión por estas horas, dado que el fallecido ministro del Interior, Jorge Larrañaga, había comunicado a Presidencia sobre las anotaciones judiciales del imputado, sucedidas entre 2003 y 2018, aunque las mismas no son consideradas antecedentes penales.

El asombro de Bergara es sincero si se tiene en cuenta que hace pocas semanas le tocó ser el senador interpelante del ministro del Interior, Luis Heber, y el canciller Francisco Bustillo, en otro escándalo que tiene que ver con un pasaporte, el que Uruguay le otorgó al narcotraficante Sebastián Marset cuando éste se encontraba detenido en una cárcel de Dubái por circular con un documento falso de la República del Paraguay.

Marset, hoy prófugo y con pedido de captura internacional, fue sindicado por el presidente colombiano Gustavo Petro de ser el autor intelectual del asesinato del fiscal paraguayo antidrogas Marcelo Pecci, ocurrido en la isla de Barú (Cartagena), el pasado 10 de mayo.

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