Rudolph Giuliani, exabogado de Trump, es objeto de una investigación penal por el intento de pucherazo en Georgia

De todas las causas judiciales que afronta el expresidente Donald Trump, la que se desarrolla en el Estado de Georgia constituye el núcleo duro de las investigaciones acerca de sus intentos de revertir el resultado de las elecciones. El cerco se ha estrechado aún más sobre el republicano, después de conocerse que Rudolph Giuliani, quien fuera su abogado, es objeto de una investigación penal por su presunta implicación en el intento de pucherazo. Se trata de la figura más cercana a Trump requerida formalmente en el proceso.

Estaba previsto que Giuliani compareciera este lunes ante un gran jurado especial en un tribunal de Atlanta, después de que sus esfuerzos por evitar declarar la semana pasada fueran rechazados el día 9 por un juez de ese Estado. Giuliani adujo para excusar su comparecencia que se le habían colocado dos stents a primeros de julio y no podía volar, a lo que el juez Robert C. I. McBurney replicó: “Puede venir en tren, en autobús, en Uber, o lo que sea”. Giuliani recibió la citación judicial en mayo, cuando arrancaron las vistas ante el gran jurado. Según han informado sus abogados a última hora de la tarde, tiene intención de declarar este miércoles.

El exalcalde de Nueva York, que abanderó la ofensiva para mantener a Trump en el poder pese a la victoria electoral de Joe Biden, se ha convertido en las últimas semanas en una figura central en la investigación emprendida por Fani T. Willis, fiscal de distrito del condado de Fulton, que abarca la mayor parte de Atlanta. En lo que va de verano, los fiscales han interrogado ante el gran jurado a dos de los siete testigos convocados, acerca de las declaraciones de Giuliani en diciembre de 2020, cuando pasó horas propagando falsas teorías sobre manipulación de votos.

De todos los citados, el perfil de Giuliani es el que ofrece mayor blanco, por su proximidad a Trump y por su relevancia pública (su hijo Andrew fue candidato republicano en las primarias a gobernador de Nueva York). También porque a medida que avanza la causa, ha pasado de ser testigo a investigado. En presentaciones ante la legislatura del Estado de Georgia en diciembre de 2020, el exalcalde de Nueva York afirmó haber identificado un fraude que involucraba a dos trabajadores electorales. Para respaldar sus afirmaciones, Giuliani reprodujo un vídeo editado que mostraba a dichos funcionarios del condado de Fulton sacando supuestamente maletas con sufragios demócratas de debajo de una mesa para proceder al cambiazo. También propaló el bulo de que había máquinas de votación trucadas.

Su abogado, Robert Costello, ha dicho hoy al diario The New York Times que su representado probablemente no declarará amparándose en la cláusula de confidencialidad debida a su cliente Trump. Los fiscales van a quedar muy “decepcionados”, ha advertido el letrado, si esperan que Giuliani se explaye sobre sus conversaciones con el republicano.

La fiscal Willis ya ha tomado declaración al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, principal destinatario de las llamadas de Trump para revertir el resultado, y al gobernador Brian Kemp, que declaró a finales de julio. El presidente en funciones contactó con ambos en las semanas posteriores a las elecciones, instándolos a buscar suficientes votos para cambiar los resultados a su favor. El gobernador Kemp, que en su día se negó a hacer trampas para complacer a su jefe de filas, ganó contra todo pronóstico las primarias en Georgia, propinando un considerable revés a Trump, que había alentado una feroz campaña en su contra. Giuliani es el tercer peso pesado, mientras que los otros cuatro testigos son abogados del equipo presidencial.

Un octavo testigo de cargo, el senador Lindsay Graham, teóricamente aforado, ha intentado zafarse de la causa, pero su inmunidad no ha convencido a un juez federal, que este lunes le ha remitido ante el gran jurado de Georgia en la vista que se celebrará el 23 de agosto. Graham niega haber telefoneado a Raffensperger en las semanas posteriores a los comicios, instándole supuestamente a desechar las papeletas enviadas por correo.

El gran jurado especial no puede imputar ni imponer condenas, labor que corresponde a los fiscales, pero sí convocar a testigos bajo citación judicial y ordenar la entrega de documentos relativos a la investigación.

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