La detención de la cuñada de Pedro Castillo por un caso de lavado de activos agrava la crisis del Gobierno peruano

Yenifer Paredes, la cuñada del presidente peruano Pedro Castillo, se ha presentado este miércoles en la sede principal del Ministerio Público en Lima tras pasar 24 horas en paradero desconocido. Un fiscal y varios agentes fueron el martes a detener a la joven, de 26 años, a la residencia presidencial donde vive, pero no la encontraron. Paredes está siendo investigada por organización criminal y lavado de activos en el marco de una adjudicación irregular de contratos de obras públicas que ha tenido lugar durante el Gobierno de Castillo. El caso se ha convertido en otro frente para el golpeado Ejecutivo del nuevo presidente, que afronta cinco investigaciones por posible corrupción y una grave crisis institucional tras solo un año de mandato.

El Ministerio Público ha conseguido la resolución judicial para la detención preventiva —durante 10 días— y la incautación de móviles y documentos de Paredes, la hermana menor de la primera dama, Lilia. Acusada de coludirse para realizar “licitaciones fraudulentas”, el juez también autorizaba el allanamiento de su domicilio.

La policía trató el martes por la tarde de detener a la joven, administradora de empresa de profesión, en Palacio de Gobierno, pero durante una hora se les negó el acceso. Cuando por fin accedieron al inmueble, la investigada ya no se encontraba al interior. La mañana del miércoles, otro equipo de policías buscó a la cuñada de Castillo en su domicilio en la región Cajamarca, donde residía y trabajaba la familia antes de que el ex líder sindical del magisterio fuera elegido presidente. Tampoco la hallaron.

Ante el escándalo mediático y político de su desaparición, su abogado José Dionisio la ha acompañado la tarde de hoy a entregarse a las autoridades. Esta noche respondía a un interrogatorio en una sede policial de investigaciones de alta complejidad.

En la misma pesquisa que Paredes han sido detenidos José Medina, amigo de Castillo y alcalde del distrito de Anguia, y los hermanos Hugo y Anggi Espino, dueños de una pequeña empresa acusada de ganar licitaciones millonarias debido a su vínculo con la cuñada del presidente. No es el único escándalo judicial que salpica al presidente. En otros casos están involucrados dos de sus sobrinos, uno de los cuales está prófugo desde mayo, y su exministro de Transportes, Juan Silva, también en paradero desconocido.

Renuncia del abogado de Castillo

Algunas horas antes de la entrega de Paredes, Benji Espinoza, uno de los tres abogados del presidente, anunció que renunciaba a su defensa “por razones personales”. En una declaración breve a la prensa se quejó del “linchamiento” que la prensa y los operadores de justicia estaban realizando a quien había patrocinado. Castillo tiene otros dos abogados —Eduardo Pachas y Raúl Noblecilla—, pero Espinoza se convirtió en el vocero principal de Castillo desde julio, cuando las pesquisas fiscales se acumularon. Horas más tardes, el mandatario le pidió reconsiderar su renuncia y el letrado rectificó. “Volvemos, más fortalecidos”, anunció a través de Twitter.

Desde la primera investigación que abrió el Ministerio Público a Castillo, han pasado tres fiscales generales. Una de ellas, Zoraida Ávalos, inició una investigación en enero contra el presidente por tráfico de influencias en los ascensos militares y otra por la supuesta intervención del jefe de Estado para que la estatal PetroPerú eligiera a la empresa Heaven Petroleum Operators en una compra de bioediesel de 74 millones de dólares.

Ávalos fue la primera fiscal en la historia peruana que abrió una investigación a un presidente en funciones —durante el Gobierno de Martín Vizcarra— y de acuerdo a su interpretación de la Constitución, las pesquisas a Castillo debían continuar después de que dejara el cargo (como lo planteó con el caso de Vizcarra). En marzo, la fiscal dimitió para ser sustituida por Pablo Sánchez, quien empezó a realizar diligencias de investigación a Castillo por otra denuncia sobre la concesión irregular de un contrato millonario para la construcción de un puente en la Amazonía. En dicho caso, denominado Puente Tarata, están involucrados los prófugos Juan Silva, exministro de Transportes, y el sobrino del jefe de Estado, Fray Vásquez Castillo.

Además, la fiscal general que asumió en julio, Patricia Benavides, ha abierto una investigación por encubrimiento después de que el depuesto ministro de Interior, Mariano Gonzales, atribuyera su destitución a que Castillo rechazó su propuesta de crear un grupo especial de policías que investigara al jefe de Estado y su entorno.

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