El pulso entre el Congreso y Castillo impide al presidente peruano ir a la toma de posesión de Petro

El enfrentamiento entre la mayoría parlamentaria de Perú y el Ejecutivo ha cumplido un año con una disputa más, en la que ha perdido el presidente Pedro Castillo: el Congreso no autorizó su viaje a Colombia para participar este sábado y domingo en las actividades de transmisión de mando.

En el debate, los opositores argumentaron que el ex maestro rural no representaría bien a la Nación en el extranjero -pues enfrenta cinco investigaciones fiscales ligadas a corrupción- y que podría fugarse o buscar asilo. El ex líder sindical llegó al poder aupado por un partido de izquierda ortodoxa y se alió en el balotaje de 2021 con la izquierda progresista, pero ha cortado esos lazos este año, y se proyecta como un populista conservador que reivindica a los sectores menos favorecidos.

La votación contra el permiso de su viaje fue liderada por el fujimorista Fuerza Popular -la formación conservadora con mayor cantidad de escaños (24)- y otras bancadas de derecha como Renovación Popular y Avanza País. las mayorías de las bancadas de Alianza para el Progreso y de Acción Popular, que suelen votar divididos por fracturas internas o porque hacen negociaciones uno a uno con el Ejecutivo, también estuvieron contra la autorización de viaje a Colombia. Fueron 67 votos opuestos a dar la autorización.

En la mañana del jueves la fiscal general, Patricia Benavides, interrogó a Castiullo respecto de su presunta injerencia indebida en los ascensos militares de 2021, uno de los cinco casos ligados a corrupción en funciones que afronta. Según uno de sus abogados, Benji Espinoza, el presidente usó su derecho constitucional a guardar silencio y negó los cargos que se le imputan. Las otras investigaciones sin por tráfico de influencias para que la estatal PetroPerú eligiera a una empresa en una compra de bioediesel por US$ 74 millones de dólares, una pesquisa por tráfico de influencias y colusión agravada en la licitación de una obra pública millonaria en la Amazonía, conocido como Puente Tarata.

Durante el debate sobre la autorización de viaje a Bogotá, algunos parlamentarios argumentraron que Castillo no debe salir sino afrontar “una crisis de gabinete”, debido a que el miércoles el presidente del consejo de ministros, Aníbal Torres, presentó su carta de dimisión. Si bien Castillo aún no se la ha aceptado, el miércoles comentó a la prensa que este viernes nombrará al nuevo primer ministro, y hará más cambios en su equipo.

Los parlamentarios de las bancadas de Perú Libre y del Bloque Magisterial, afines al presidente, señalaron que el Congreso debía aprobar el viaje porque no hay riesgo de fuga, debido a que Castillo se ha presentado al Ministerio Público para afrontar las pesquisas. ”Aquí ya no hay presunción de inocencia, ya no hay debido proceso: la santa inquisición se ha instaurado en el Congreso: esto es odio en su máxima expresión porque quitarle el derecho a una persona es el argumento del odio”, cuestionó el congresista German Tacuri, del Bloque Magisterial.

Impedir su legitimación

El internacionalista Óscar Vidarte comentó a este diario que el rechazo al viaje presidencial es extraño y se veía desde el gobierno de Alejandro Toledo, en los primeros años de la década del 2000. ”Es grave porque la crisis interna termina impactando en los intereses del Perú nivel internacional”, indicó el catedrático universitario. Vidarte destacó que no es nuevo que la crisis política continua que atraviesa Perú afecte negativamente la política exterior, como ocurrió el mes pasado, cuando el Congreso votó contra la realización de la asamblea general de la OEA en Lima debido a que la organización implicaba colocar baños “neutros”.

Al día siguiente, el canciller César Landa envió un oficio a la presidenta del Congreso para explicarle que se trataba de servicios a los que pudieran ingresar personas de cualquier género o personas con discapacidad. Ello, sumado al escándalo por la negativa, llevó al Parlamento a tramitar una reconsideración de la votación, en la que se aprobó que Lima sea sede en octubre.

De acuerdo a un ex oficial mayor del Congreso consultado por Infobae, si bien el Legislativo denegó al entonces presidente Toledo una autorización de viaje, en una segunda votación de “reconsideración” sí la aprobó.

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