Un juez obliga a Biden a seguir con la expulsión en caliente de migrantes en la frontera

La política migratoria del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha recibido este viernes un nuevo golpe. Un juez conservador ha decidido mantener vigente el Título 42, la medida impuesta por Donald Trump en marzo de 2020 que permite la expulsión en caliente de los migrantes que crucen la frontera sur de Estados Unidos desde México. La decisión llega tres días antes del plazo previsto por el mandatario para la eliminación de la norma implementada por la Administración republicana por motivos de salud pública al inicio de la pandemia.

El fallo suspende por el momento los planes de la Casa Blanca para romper con las severas políticas de inmigración de Donald Trump, uno de los reclamos de los sectores progresistas dentro de los demócratas. La portavoz del Gobierno ha criticado este viernes el varapalo judicial. “No estamos de acuerdo con el fallo y el Departamento de Justicia ha anunciado que apelará la decisión”, ha informado en un comunicado Karine Jean-Pierre. El recurso alarga una batalla judicial para la Administración que, de momento, debe acatar el mandato del juez que deja en vigor la medida que expulsa rápidamente a los migrantes ilegales, muchos de ellos solicitantes de asilo.

Un tribunal a 800 kilómetros de la frontera ha dado forma al futuro inmediato de la política migratoria de Biden. El juez Robert Summerhays, del distrito oeste de Luisiana, ha resuelto que la medida debía mantenerse para proteger a los quejosos. La demanda sobre el fin del Título 42 llegó a la corte en abril promovida por los Estados de Arizona, Luisiana y Misuri y otros 21 bastiones conservadores. Estos buscan mantener el statu quo que Donald Trump impuso al inicio de la pandemia en la frontera con una medida sanitaria, basándose en los criterios del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés). “[El Gobierno federal de Biden] no sabe el daño que está ocasionando a nuestros estados”, argumentó hace una semana un funcionario de Arizona frente al togado en la vista de argumentos orales.

Jean Lin, una abogada del Departamento de Justicia, defendió entonces la visión de Washington. “Los estados no han desafiado seriamente el carácter sanitario de la determinación”, argumentó la letrada. La Casa Blanca y algunos sectores afines a Biden afirman que no existe justificación para mantener una norma ideada para blindar al país del coronavirus en un momento donde los estados y el Gobierno federal han pasado página de la crisis sanitaria. Los expertos han puesto en duda la efectividad de la medida en el combate al virus.

El juez Summerhays, no obstante, consideró que la CDC cuyas líneas sanitarias dieron forma al Título 42, no ofreció la posibilidad a que los estados dieran sus observaciones a los planes de levantar la medida. Esto, según el magistrado, violaría una ley federal de procedimientos administrativos, pues no se tomó en cuenta a los gobiernos locales en el plan que ponía fin a la norma el 23 de mayo.

Los sectores moderados del partido gobernante, sin embargo, han criticado la decisión de Biden de levantar el Título 42 en un año electoral y cuando la frontera registra altos flujos migratorios. El 59% de los estadounidenses desaprueba la gestión del mandatario en la frontera, de acuerdo a una media de sondeos de Real Clear Politics. En solo seis meses, entre octubre y marzo pasados, la medida fue responsable de la expulsión de 548.000 personas que llegaron a la frontera con México. Tan solo el mes de marzo registró 109.000 expulsiones, un 33% respecto al mes anterior y la cifra más alta documentada desde mayo de 2021. El Título 42 sumó más de un millón de retornos el año pasado y 1.7 millones desde su entrada en vigor, en el arranque de la pandemia. En esta cifra, no obstante, puede haber varios migrantes que intentan el cruce más de una vez y lo intentan nuevamente.

El 88% de las personas que han sido expulsadas bajo el Título 42 son adultos que cruzan solos la línea. El 11% son familias. Los mexicanos representan la mayoría del primer grupo de migrantes, seguido de salvadoreños y guatemaltecos. Los hondureños representan el 36% entre los núcleos familiares. Las últimas semanas también indican un aumento en la presencia de haitianos y cubanos, que han intentado atravesar la frontera en varios puntos de Texas.

La decisión de Summerhays no ha sorprendido. Los estados que iniciaron la demanda contra Washington acudieron a la corte de Luisiana porque era altamente probable que el caso fuera turnado al juez, quien llegó a la corte de distrito en 2018 nominado por Donald Trump.

La organización Justice Action Center, una organización de corte progresista, califica la demanda como un intento de los republicanos por cooptar el sistema judicial “para continuar las políticas inhumanas y inmigrantes” instauradas por Donald Trump. Estas, considera Esther Sung, directora jurídica del centro, violan los tratados internaciones sobre las obligaciones de asilo. “En lugar de expulsar a la gente de vuelta al peligro que los hizo huir, debemos restaurar el sistema de asilo, reabrir los puertos de entrada y financiar a las organizaciones fronterizas que están ayudando a todos aquellos que buscan refugio”, ha señalado Sung.

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