El desaparecido que recuperó su nombre 15 años después

Durante 15 años la familia de Francisco Javier Quiceno rezó en la bóveda 43 del cementerio de Samaná, Caldas, un pueblo ubicado en la región del Magdalena Medio colombiano. No sabían, sin embargo, si el cuerpo que reposaba allí era en realidad del muchacho que murió en una finca al caer un artefacto explosivo en medio de un combate entre el Ejército y la guerilla.

Tuvo que darse un proceso de paz con el que se creó la Unidad de Búsqueda de personas Dadas por Desaparecidas, que se desenterraran al menos 300 cuerpos en varios cementerios de la región y 120 pruebas de ADN y años para que esa familia campesina acabara con la incertidumbre. Este sábado, recibieron el cuerpo identificado del muchacho y le dieron sepultura como esperaban hace dos décadas. Fue el primero identificado de entre los cientos de miles que busca la Unidad y la Jurisdicción Especial para la Paz, después del Acuerdo de paz entre el gobierno y la extinta guerrilla de las FARC.

Pero no solo eso. Los familiares recorrieron el pueblo con el cofre de Quiceno, sus fotos para “limpiar la memoria”. “Fue algo histórico también en ese sentido de limpiar el nombre de tantas personas que en su momento fueron asesinadas, desaparecidas, traídas a estos cementerios y dispuestas en bóvedas como personas no identificadas, sin nombre, sin dignidad, sin historia, sin familia. Vale la pena porque encontramos la verdad”, ha dicho Carolina López Giraldo, del Centro de estudios sobre conflicto, violencia y convivencia social (Cedat).

Samaná es un municipio de 22.000 habitantes atravesado por el conflicto armado. Según el Registro único de Víctimas, el 85 por ciento de sus pobladores ha tenido familiares asesinados, heridos por minas antipersonales o desaparecidos. Durante años se enfrentaron allí los frentes 9 y 47 de las Farc al mando de alias Karina y los paramilitares de Ramón Isaza. Ambos eran temidos comandantes que pusieron a la población en medio de sus balas.

Lo que se sabe de la historia de Francisco Javier ocurre en ese contexto de cruentos combates. Según su familia, el muchacho trabajaba como agricultor y estaba en la finca de su tío Jesús Quiceno cuando cayó sobre la casa un explosivo que lo mató a él y a otro joven. Se enfrentaba el Ejército con la guerrilla. Los cuerpos, han narrado los familiares, fueron retirados por los militares y sepultados como NN en el cementerio San Agustín, de Samaná.

El padre del muchacho buscó por sus propios medios, pidió ayuda en distintas instituciones, pero no tuvo respuesta. Hasta que indagó con el sepulturero de la época, le dio pistas de su muchacho, de la ropa que usaba, de las fechas en las que murió y este le dijo que sí, que habían llevado a uno con esas características y estaba en la bóveda 43. El padre la marcó con el nombre de su hijo.

Colombia es un país donde mucha gente ha recibido el cuerpo equivocado o reza al muerto que no es. Ha ocurrido algunos desaparecidos del Palacio de Justicia o con cuerpos de la masacre de Bojayá que dejó un centenar de muertos dentro de una iglesia. Por eso, la duda que tenía la familia de Quiceno es casi natural.

“Cuando nos dijeron que lo identificaron mi familia se sintió muy contenta porque estábamos con la incertidumbre de que no era. Personalmente, yo que continué en esta búsqueda con ustedes (la Unidad) estoy tranquilo”, dijo Jesús Quiceno, tío de la víctima y dueño de la finca donde murió. El terreno quedó destruido y el señor tuvo que huir junto al resto de familiares.

“Yo esperaría que no se repitiera esto, que no siguiera esta guerra y de paso, que el Gobierno hiciera una reparación por el daño que nos han causado. Yo por ejemplo perdí mi vivienda”, contó en Samaná. De acuerdo con López, el caso corresponde a una ejecución extrajudicial a manos del Ejército. Y sigue en investigación por la JEP que ordenó proteger varios cementerios de la zona.

En 2020, forenses de la Unidad con apoyo de la JEP exhumaron 24 cuerpos en Samaná. Entre ellos estaba el de un muchacho de 21 años cuyos restos evidenciaban 50 traumas producto de una explosión. Los investigadores viajaron hasta la vereda Yarumal para hacer las pruebas de ADN a los padres del desaparecido, tan mayores que no podían desplazarse al pueblo. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses las estudió y encontró que coincidían con los restos del joven.

Su hallazgo- ha dicho la directora de la Unidad Luz Marina Monzón- fue esfuerzo de años de la familia y de otras organizaciones de la sociedad civil que ayudaron a recabar información para este caso. “Es un motivo de orgullo que en este corto tiempo de trabajo podamos entregar el cuerpo dignamente y que esta familia, al menos en relación con este hijo, pueda tener una certeza”. Esta es la primera de otras 5 entregas de restos identificados.

Aunque la familia se siente aliviada por haberlo encontrado y sepultado en medio de una ceremonia religiosa, se trata de una alegría incompleta. Aún buscan a otros dos hermanos de Francisco Javier, desaparecidos en 2005 también en medio del conflicto armado. “Que se siga buscando a los dos sobrinos que faltan. Si encontramos a este, sigamos buscando a Duberney y a Rubén, vivos o muertos”, dice el tío.

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