La verdad incómoda de ‘Otoniel’, el señor de la guerra

Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, el jefe del Clan del Golfo capturado en medio de un operativo militar el pasado octubre, no solo era uno de los narcotraficantes más buscados de Colombia, también un señor de la guerra. De varias de las muchas guerras que se han librado en el último medio siglo, pues antes fue guerrillero y paramilitar. Su versión sobre el prologando conflicto armado que el país busca dejar atrás ha terminado por dejar en evidencia, una vez más, los formidables obstáculos con los que se ha topado la Comisión de la Verdad, que en medio de todo tipo de hostigamientos debe entregar a mediados de este año su informe final.

La Comisión recoge el extenso relato de Otoniel en la cárcel desde el 14 de febrero, y esta semana continuará en esa labor. Las fricciones que ha provocado esa diligencia, que se ha hecho con autorización de la Fiscalía, salieron a flote la semana pasada. Primero, una sesión fue suspendida por la policía, que alegó que lo hacía por un problema de seguridad. “Había un plan de fuga”, y por eso “se limitaron” las acciones judiciales de Otoniel, sostuvo el ministro de Defensa, Diego Molano. Ese incidente ya había despertado suspicacias, pero el ambiente turbio que ha rodeado el testimonio del repudiado capo del Clan del Golfo no acabó allí. Después, el fin de semana, la Comisión denunció el robo de equipos que se usaron durante esa entrevista.

El pasado viernes, 18 de febrero, personas sin identificar irrumpieron de noche a la vivienda del investigador de la Comisión que ha acompañado al comisionado Alejandro Valencia en las citas con Otoniel, detalló el sábado la entidad en una denuncia pública, y robaron tanto las grabadoras digitales que se usaron como un computador. El robo ocurrió dos días después de la sesión interrumpida por la policía. “La seguridad de quienes participan en el proceso, la privacidad de las sesiones y el apoyo logístico por parte de quienes tienen la custodia del entrevistado, son indispensables para continuar con la entrevista”, señaló la entidad al exigir garantías.

“No fue un robo de delincuencia común o que iban a robar un apartamento, iban directamente por la información”, ha señalado el comisionado Valencia. Sin embargo, también ha aclarado que aunque se llevaron los equipos en los que los delincuentes creían que estaba el audio de otra sesión de cuatro horas del viernes, ese testimonio está a salvo y ya se encontraba bajo custodia.

El presidente Iván Duque ha sido claro en su intención de extraditar a la mayor brevedad posible al líder del Clan del Golfo, una banda que ha pasado por varios nombres, se autoproclama como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y surgió tras la desmovilización de los grupos paramilitares en el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010). Las autoridades atribuyen a esa organización cerca de la mitad de la droga que ha salido de Colombia en los últimos años. Otoniel se recicló varias veces en 35 años de carrera criminal, pues antes había pertenecido a la guerrilla del EPL y a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), por eso conoce como pocos la región de Urabá, azotada por la guerra.

“Otoniel podría aportar información clave sobre el conflicto armado, no solo sobre los grupos irregulares a los que perteneció sino también sobre la complicidad y tolerancia de políticos, empresarios y miembros de la fuerza pública. Todo indica que hay actores oscuros que no quieren que esa verdad se conozca”, dijo a EL PAÍS Juan Pappier, experto para Colombia de Human Rights Watch. “El Gobierno colombiano tiene la obligación de garantizar que la Comisión de la Verdad pueda desempeñar su labor libre de obstáculos, intimidaciones e interferencias indebidas. Para ello, deben tomarse acciones inmediatas para investigar y llevar a la justicia a los responsables de estos hechos, así como para reforzar las medidas de seguridad a fin de garantizar que ello no vuelva a ocurrir”, apunta.

El episodio del robo ha provocado una avalancha de respaldos. “La Comisión tiene un rol fundamental para satisfacer los derechos de las víctimas, en particular el derecho a la verdad, por eso es indispensable su autonomía e independencia”, recordó la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que instó al Estado a tomar medidas inmediatas y urgentes para garantizar y proteger su labor. En un sentido similar se manifestó el embajador de Alemania en Colombia, Peter Ptassek, o el jefe de la Misión de Verificación de la ONU, Carlos Ruiz Massieu, entre otros.

La Comisión, presidida por el sacerdote jesuita Francisco de Roux, ha tenido que navegar en medio del clima de confrontación ideológica que ha caracterizado al país desde la firma del acuerdo de paz, a finales de 2016. Al igual que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ha sido blanco de ataques del Centro Democrático, el partido de Gobierno fundado por el expresidente Uribe, pero ambas han contado con el apoyo de la comunidad internacional. La misión de la Comisión es identificar y comprender los hechos de violencia más graves. Golpeada por la pandemia, el plazo para su esperado informe final, que marca la conclusión de su mandato y busca dignificar a las víctimas, se extendió hasta mediados de año, cuando ya se conozca al sucesor de Duque.

El asedio en la recta final de su informe debe preocupar a las víctimas, al mundo de los Derechos Humanos, a la cooperación internacional, y en circunstancias normales, debería ser también un asunto de alto interés estatal, valora Gonzalo Sánchez, quien dirigió durante años el Centro Nacional de Memoria Histórica y hace parte de un comité asesor de la Comisión. “¿Qué verdades se quieren ocultar?” se pregunta. “Esto sucede en el fondo porque el Gobierno se ha encargado de deslegitimar los acuerdos y sus instituciones, y esto a la larga alienta al desconocimiento o trabas por parte de otras instituciones, o a la acción de los criminales, como sucedió luego del encuentro del recluso con funcionarios de la Comisión”, concluye.

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