El Senado ruso autoriza a Putin a enviar tropas al extranjero

El presidente define las fronteras de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk como se consideraron en 2014 y abre la puerta a exigir territorios que perdieron

Un soldado del Ejército ucranio camina por la línea del frente en Avdiivka, Donetsk.Foto: DIEGO HERRERA (EUROPA PRESS) | Vídeo: EPV

En vísperas del día del Defensor de la Patria, festivo en Rusia y una jornada que durante la época soviética estaba dedicada al Ejército Rojo, el presidente ruso, Vladímir Putin, se ha enrocado en su frente contra Ucrania. A petición del jefe del Kremlin, el Consejo de la Federación (cámara alta) ha autorizado este martes el envío del Ejército al extranjero. La medida busca dotar de una pátina democrática la decisión de Putin de desplegar un cuerpo militar de “pacificadores” en las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk, que el líder ruso reconoció como Estados el lunes abriendo una nueva crisis con Occidente. Por un lado, la medida es una formalidad que permite a Moscú mostrar sus tropas en esos territorios de manera abierta, y por otro es una nueva maniobra de presión sobre Kiev que agita la posibilidad de que Rusia se lance hacia una intervención militar a mayor escala en Ucrania.

Poco después de esa autorización parlamentaria, el Ministerio de Exteriores ruso anunció que evacua todo su personal diplomático, otra medida que añade tensión al conflicto. Moscú lo achacó a “los constantes ataques que [su plantilla] sufre desde 2014″, aunque el momento elegido para ello ha suscitado sospechas.

Tras obtener el visto bueno de la cámara alta para desplegar el Ejército en territorio ucranio, Putin proclamó: “Si es necesario, cumpliremos las obligaciones asumidas” para proteger Donetsk y Lugansk. Además, el reconocimiento de Putin sobre su independencia no cierra las exigencias territoriales sobre Ucrania. El presidente ruso remarcó que las fronteras de las “repúblicas” son las que proclamaron los separatistas en su referéndum constitucional de mayo de 2014, un plebiscito celebrado sin observadores y con numerosas denuncias de irregularidades, y que entonces contaba con zonas que Kiev recuperó después, como Mariúpol, clave por ser el enlace entre el Donbás y Crimea, y Sloviansk, el pueblo donde comenzó la guerra tras la irrupción de militares rusos en abril de 2014 al apagarse las protestas locales.

Tras anunciar que militarizará aún más la zona separatista del Donbás, Putin exigió en cambio la desmilitarización de Ucrania y que Kiev renuncie a una futura adhesión a la OTAN y a la península del Mar Negro. “La solución a largo plazo para Ucrania depende del reconocimiento de la voluntad de quienes viven en Sebastopol y Crimea”, agregó el presidente ruso, que demandó neutralidad a Ucrania y advirtió de que supone una amenaza para Rusia si obtiene armas nucleares. Precisamente, el Gobierno de Volodímir Zelenski consideró roto el Tratado de Budapest de 1994 por las últimas acciones del Kremlin. Moscú y Kiev firmaron en aquel acuerdo que Ucrania renunciaba a tener desplegadas armas nucleares en su territorio siempre que se respetase su soberanía y su integridad territorial.

La situación recuerda a los inicios de 2014, cuando en febrero de aquel año Putin pidió al Parlamento que le permitiese reforzar su presencia militar en la base rusa de la península de Crimea “por la situación extraordinaria en Ucrania y la amenaza que pesa sobre la vida de los ciudadanos rusos”. El presidente vio cumplida su petición el 1 de marzo, y 15 días después se celebraba un supuesto referéndum en la región con tropas sin identificación en las calles y en la Rada (asamblea) local. Aquello animaría a las regiones del este de Ucrania a protestar contra Kiev, y a la postre derivaría en una guerra con unos 14.000 muertos.

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Evitar “un genocidio”

Casi ocho años después, los argumentos han sido parecidos. El viceministro de Defensa ruso, Nikolái Pankov, intervino en el debate parlamentario para advertir de que Rusia debería tomar a los residentes bajo su protección, y la presidenta del Consejo de la Federación, Valentina Matviyenko, reincidió en la acusación del Kremlin de que Kiev ha emprendido un “genocidio” contra su población rusoparlante, aunque gran parte de esta viva sin problemas en las mayores ciudades del país, como Kiev y Járkov. “La adopción de esta decisión tiene como objetivo detener esta sangrienta guerra civil y evitar más bombardeos de ciudades pacíficas”, afirmó Matviyenko.

El Kremlin ha rechazado estos años el reconocimiento de Donetsk y Lugansk pese al apoyo financiero y militar con el que ha sostenido a los separatistas. Tras el rechazo continuo de Kiev a conceder un estatus especial a la zona, Putin anunció este lunes que reconocía su independencia y este martes ratificó sendos tratados de amistad con las autoproclamadas Repúblicas Populares.

Los documentos tienen una validez de una década con prórroga automática, y en ellos se contempla “la protección fronteriza conjunta con Rusia” y “la posibilidad de utilizar la infraestructura militar” de la zona. Esto incluye la capacidad de que el Kremlin construya nuevas bases en el territorio del este de Ucrania, y da por hecho la presencia de tropas rusas en Donetsk y Lugansk porque la considera “necesaria para mantener la paz en la región”.

En otro de los artículos figura que los habitantes de estas regiones podrán tener la ciudadanía rusa. Desde que estalló la guerra, el Kremlin ha acometido una rusificación de la zona con la concesión de más de 700.000 pasaportes rusos a una población que por el conflicto y las sanciones se encontraba en un limbo legal.

Asimismo, las repúblicas asumen el rublo ruso como moneda de curso legal y Moscú les ayudará en la creación de un sistema bancario propio, lo que tiene como objetivo “favorecer la integración económica” con Rusia.

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