Alex Saab, presunto testaferro de Maduro, fue un informante de la DEA

Alex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro e influyente operador de negocios del chavismo, fue contratado en secreto por la DEA (Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, por sus siglas en inglés) en 2018 para colaborar con la Administración estadounidense y aportó información sobre los sobornos que pagó a cargos del régimen venezolano, según documentos judiciales citados por la agencia Associated Press. Esa información, revelada dentro del proceso que se lleva en su contra en Miami, indica que el empresario colombiano perdió 10 millones de dólares dentro del marco del acuerdo de cooperación con EE UU, que incluyó varias reuniones con las fuerzas del orden estadounidense en su Colombia natal y en otros lugares.

Lo que no queda claro es por qué ahora la fiscalía hace públicos esos encuentros con las fuerzas del orden de EE UU, ya que antes habían tratado de mantenerlos en secreto, ante el temor de que tanto Saab como parte de su familia que sigue en Venezuela sufrieran represalias.

Esposado y portando un traje beige de presidiario, Saab compareció este miércoles ante un tribunal de Miami, donde la Fiscalía y la defensa del empresario discutieron el tema de la supuesta inmunidad diplomática del acusado, que se estudia en una corte de apelaciones en Atlanta, Georgia, según informe la agencia Efe. El juez programó este miércoles para el 11 de octubre el juicio contra Saab.

Según los datos revelados por los fiscales, el millonario tenía un acuerdo con la agencia estadounidense por la que debía haberse entregado el 30 de mayo de 2019. Como no lo hizo, EE UU rompió el trato que mantenía con Saab y acusó al entonces prófugo del blanqueo de 350 millones de dólares producto de transacciones realizadas en 2011 para la compra de materiales en Ecuador con el supuesto objetivo de construir viviendas en Venezuela. La operación se llevó a cabo a través de contratos ficticios y empresas fantasma y no se levantó un ladrillo con el dinero, según las investigaciones. Cuando Saab hizo una transferencia por este negocio a cuentas en bancos estadounidenses, saltó la primera alerta que acabó con él esposado en EE UU.

En un comunicado, un abogado de Saab, David Rivkin, aseguró que su cliente solo se reunió con agentes del orden estadounidenses y con el Departamento de Justicia para explicarles que sus compañías no habían hecho nada mal y aseguró que el Gobierno de Venezuela estaba al tanto de esas conversaciones. “A Alex Saab le gustaría destacar que la publicación de este documento, a pedido del Departamento de Justicia, responde a un intento de dañar a la República Bolivariana de Venezuela”, se lee en el comunicado. Por el momento no ha habido ninguna reacción oficial a las revelaciones de este miércoles desde Caracas.

Estados Unidos considera a Saab una figura clave para el Gobierno de Nicolás Maduro, para quien diseñó una compleja red de corrupción a través de empresas y operaciones que permitían evadir las sanciones impuestas por la Administración estadounidense.

A mediados de octubre, el empresario de 49 años fue extraditado desde Cabo Verde, donde estaba detenido desde el 12 de junio de 2020, a EE UU, donde un juez de Miami desestimó en noviembre siete de los ocho cargos que enfrentaba por lo que solo será juzgado por conspiración para blanquear capitales en Estados Unidos, que acarrea 20 años de prisión, la pena máxima admitida para que la extradición procediera.

Para el régimen de Nicolás Maduro, la maniobra de EE UU fue un “secuestro” de Saab en toda regla, “en complicidad con las autoridades de Cabo Verde, quienes lo torturaron y mantuvieron prisionero arbitrariamente durante 491 días, sin orden de captura ni debido proceso”, una información que atribuyeron a la familia del empresario.

Según los fiscales, el primer interrogatorio con agentes de la DEA y el FBI (Oficina Federal de Investigaciones) tuvo lugar en la capital de Colombia, Bogotá, durante dos días en agosto de 2016. Siguieron otras reuniones en las que Saab estuvo representado por fiscales colombianos y estadounidenses y en 2018 fue contratado como una fuente colaboradora después de afirmar a los agentes que había pagado sobornos a funcionarios venezolanos, ninguno de los cuales fue nombrado en los documentos revelados este miércoles, informa AP.

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