Estrasburgo condena a Turquía por detener a más de 400 jueces y fiscales

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que el país violó los derechos de los arrestados tras la intentona golpista de 2016, a los que ahora deberá indemnizar con 5.000 euros a cada uno

Policías antidisturbios turcos entran en el tribunal que juzgó a 497 acusados por el intento fallido de golpe de Estado de 2016, en Sincan, cerca de Ankara, el pasado 7 de abril.
Policías antidisturbios turcos entran en el tribunal que juzgó a 497 acusados por el intento fallido de golpe de Estado de 2016, en Sincan, cerca de Ankara, el pasado 7 de abril.Burhan Ozbilici (AP)

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó este martes a Turquía por la detención de 427 jueces y fiscales en los días posteriores al fallido intento de golpe de Estado de 2016. El tribunal de Estrasburgo considera que las detenciones se efectuaron mediante procedimientos que violaron el estatuto que protege a los representantes de la justicia y, por lo tanto, el Estado turco deberá pagar una indemnización de 5.000 euros a cada uno de los afectados, la mayoría de los cuales se halla en prisión.

El levantamiento militar del 15 de julio de 2016 —en el que murieron 251 personas en el bando leal al Gobierno y al menos un centenar entre los golpistas— fue llevado a cabo por algunas unidades de las fuerzas armadas de Turquía que, según el Gobierno turco, seguían las directrices de la organización político-religiosa de Fethullah Gülen, un predicador islamista antaño aliado del hoy presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pero con el que rompió relaciones a partir de 2013.

Desde la década de 1980, los gülenistas infiltraron a sus seguidores en diversos estamentos de la Administración, en particular la policía y la judicatura, donde jueces y fiscales adscritos a esta organización religiosa adquirieron grandes cotas de poder a raíz de la reforma judicial aprobada en 2010 y apoyada por Erdogan. Si bien Fethullah Gülen ha negado su participación en el golpe de Estado de 2016, hay pruebas de la participación en él de seguidores cercanos a este predicador.

Purgas contra opositores

Tras la asonada, se desataron las purgas contra todo aquel sospechoso de haber tenido relación con los gülenistas, si bien luego también se extendieron contra opositores de distinto signo político. Más de medio millón de personas fueron investigadas y casi 100.000 encarceladas. Unos 130.000 funcionarios perdieron su puesto, aunque algunos lograron recuperarlo tiempo después. Casi 200 medios de comunicación fueron clausurados.

Los 427 jueces y fiscales a los que hace mención el caso “Turan y otros Vs. Turquía” que acaba de sentenciar el Tribunal de Estrasburgo ejercían en el Tribunal Supremo, el Tribunal de Casación y en otros tribunales y oficinas, y fueron arrestados en los días posteriores a la fracasada asonada. Ya al día siguiente del golpe, Erdogan anunció que disponía de listas de presuntos sospechosos de la judicatura a los que se procedió a detener.

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La justificación de la justicia turca para proceder a la detención de estos jueces y fiscales es que se hallaban en “delito flagrante”, al ser miembros de la organización gülenista, que en Turquía es definida como “organización terrorista FETÖ”. Pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que solo podrían haber sido detenidos y puestos en prisión preventiva en relación con un hecho flagrante del golpe “en el momento de o inmediatamente después de haber cometido un acto directamente relacionado con el intento de golpe” y no sobre la base de “conjeturas” sobre su relación con la organización que instigó la intentona. El tribunal de Estrasburgo recuerda, además, que los jueces y fiscales, como parte del ordenamiento democrático, disfrutan de un estatuto especial en caso de ser investigados y solo pueden ser puestos en prisión preventiva en caso de que se les halle en la comisión de un delito flagrante.

El Estado turco deberá ahora abonar más de dos millones de euros en indemnizaciones, pues Turquía, como Estado fundador y miembro del Consejo de Europa, tiene obligación de cumplir las sentencias de Estrasburgo. Sin embargo, en los últimos años, el Gobierno de Erdogan ha buscado excusas para no cumplir con los dictámenes de este tribunal paneuropeo, por ejemplo aquellos que exigen la liberación del filántropo y activista Osman Kavala y del líder político kurdo Selahattin Demirtas. El comité de ministros del Consejo de Europea ya ha señalado que, de no cumplir estas demandas, se iniciará un proceso de infracción que podría culminar en que se retire a Turquía el derecho a voto. Riza Türmen, exjuez turco del Tribunal de Estrasburgo, fue aún más allá y en una reciente entrevista aventuró la posibilidad de que Turquía sea expulsada de la organización por su negativa a cumplir las sentencias.

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