“Israel quiere silenciar a las ONG palestinas porque hablamos de sus crímenes de guerra”

De maneras delicadas, pero con un discurso contundente, la abogada Sahar Francis se ha convertido en la voz de las ONG humanitarias palestinas que acaban de ser proscritas por Israel. “Nos quieren silenciar porque hablamos mucho de las torturas a los detenidos y los crímenes de guerra de Israel”, explica por teléfono y en un intercambio de mensajes desde la sede en Ramala (Cisjordania) de Addameer, organización que ofrece defensa legal gratuita a los prisioneros palestinos desde hace más de tres décadas.

El Gobierno israelí, a través del Ministerio de Defensa, primero, y el propio Ejército, que ejerce el control efectivo sobre los territorios ocupados, después, designaron hace tres semanas como terroristas a seis de las principales ONG palestinas. “Todo tiene que ver con nuestro trabajo de dar pruebas al Tribunal Penal Internacional, cuya Fiscalía ha abierto una investigación por crímenes de guerra en Palestina. Tras la sentencia [contra el muro de Cisjordania, en 2004] del Tribunal de La Haya, los ataques que sufrimos son sistemáticos”, asegura la letrada palestina con nacionalidad israelí, que a su regreso de un viaje a España se encontró con su ONG ilegalizada. Desde entonces su presencia como portavoz internacional de los grupos humanitarios proscritos ha proyectado su figura.

Nacida hace 52 años en la aldea cristiana de Fasuta, cerca de la frontera libanesa, Francis se formó como jurista en la Universidad de Haifa (norte de Israel). Más tarde topó frontalmente con la ocupación de los territorios palestinos en Belén, donde trabajó para una ONG patrocinada por el Patriarcado Latino de Jerusalén, máxima representación católica en Tierra Santa.

En 1998 se incorporó como abogada especializada en derechos humanos a Addameer, organización que dirige desde 2012. A partir de la Guerra de los Seis Días, en 1967, más de 800.000 palestinos han sido detenidos por Israel, en cuyas cárceles se hallan ahora internados más de 4.600 prisioneros relacionados con la ocupación, entre ellos la cooperante española Juana Ruiz.

“Ejercemos la defensa de los presos ante los tribunales israelíes, sobre todo ante la jurisdicción militar, y hacemos llegar nuestros informes a escala internacional”, detalla, “pero también nos ocupamos de casos de prisioneros políticos en manos de la Autoridad Palestina”.

Se ha tenido que enfrentar a la persecución legal israelí desde que comenzó a ejercer su trabajo como abogada. En 2002, en plena Segunda Intifada, fue procesada bajo la acusación de ayudar a un preso a ocultar información y afrontó una pena de hasta seis años de cárcel. Tuvo prohibidas las visitas a los detenidos en un macrojuicio hasta que su caso fue sobreseído. “Soy consciente de que pueden detenerme en cualquier momento. Ya lo están haciendo con otros colegas de las ONG bajo el sistema de arresto administrativo, que permite la detención casi indefinida sin necesidad de presentar cargos”, reconoce.

En 2012, ya como directora de Addameer, fue defensora del recluso Jader Adnan, quien protagonizó durante 66 días una de las huelgas de hambre más largas de presos palestinos. Adnan fue finalmente liberado tras permanecer en detención administrativa sin recibir una acusación formal.

Recibida por el papa Francisco en el Vaticano en 2016, Francis ha intervenido también ante el Parlamento Europeo para denunciar la práctica del arresto administrativo. Las fuerzas de seguridad y el Ejército se amparan en una legislación de emergencia dictada por la Administración británica sobre Palestina (1920-1948) para mantener entre rejas a los detenidos al margen de la legislación de Israel.

“La campaña contra las organizaciones de la sociedad civil palestina no es algo nuevo. La ocupación israelí siempre intenta debilitar la resistencia de la gente, y por ello restringe el trabajo de quienes ejercemos la defensa frente a las violaciones de sus derechos”, puntualiza la directora de la organización de asistencia legal.

Desde los Acuerdos de Oslo, en 1993, más de 50 ONG palestinas han sido clausuradas solo en Jerusalén, como fue el caso de la oficina central de Addameer antes de que se trasladara a Ramala. “La ilegalización que se ha dictado ahora puede conllevar la clausura directa de las organizaciones y miles de personas pueden quedarse sin recibir apoyo”, advierte.

Además de Adameer, entre las ONG declaradas terroristas por Israel se halla Al Haq (que actúa como consultora de la ONU), Defensa de los Niños Internacional-Palestina, el centro de estudios sobre la democracia Bissan, la Unión de Comités de Mujeres Palestinas y Comités de Trabajo de Agricultura. Previamente, fue también proscrita la organización sanitaria Comités de Trabajo para la Salud, en la que estaba empleada Juana Ruiz. “El Gobierno de Israel ha manipulado su caso”, replica Francis ante la acusación lanzada por dos ministros contra las ONG al amparo del acuerdo judicial que aceptó la defensa de la cooperante española.

“Juana Ruiz se vio forzada a declararse culpable para poder ser excarcelada en un breve plazo”, concluye Francis mientras cita el caso del ingeniero palestino Mohamed Halabi, acusado de desviar fondos de una ONG internacional en Gaza. “Todo el mundo sabe que lleva cinco años entre rejas esperando juicio”.

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