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Walid, uno entre los 178 prisioneros administrativos palestinos en Israel

Israel sigue encarcelando palestinos sin acusaciones formales ni posibilidad de defensa

Este gerente de una ONG ha estado seis años preso por "prevención de ataques"

Walid Hanatsheh en su casa de la ciudad de Ramala (Cisjordania), la semana pasada.
Walid Hanatsheh en su casa de la ciudad de Ramala (Cisjordania), la semana pasada.

Era más de la una de la madrugada y Walid Hanatsheh dormía en su casa de Ramala, en Cisjordania, con su mujer y sus dos hijas. Una patrulla militar rodeó su edificio. En su apartamento entraron unos 20 soldados. Mientras registraban la vivienda, un agente de inteligencia interrogó a Walid. Él respondió con calma a todas las preguntas, con la certeza y la inquietud de que lo iban a volver a llevar a prisión. Así fue, finalmente. Un nuevo arresto. Sin cargos y sin juicio. Son ya 19 años entrando y saliendo de la cárcel, sin saber exactamente de qué se le acusa, con la amenaza de un nuevo arresto pendiendo permanentemente sobre su cabeza, cada día y cada noche.

Aquel 22 de noviembre de 2011 se inició la cuarta detención administrativa en la vida de Walid, que tiene 44 años. La primera, en 1994, duró un mes. La de 2002, cuatro años. En enero de 2009 le encarcelaron por un año, y el año pasado, por nueve meses. En ninguna ocasión se ha formulado una acusación formal en su contra. Se le encarcela porque se considera que es una amenaza contra la seguridad de Israel. El periodo de detención administrativa, como se llama a ese arresto sin cargos, es de seis meses. Se puede renovar, en espacios también de seis meses, tantas veces como apruebe un juez militar, a petición de un comandante.

El mes pasado había en las cárceles de Israel 178 detenidos administrativos palestinos. Nueve de ellos son congresistas del Consejo Legislativo Palestino. Seis años es el tiempo máximo que un preso palestino ha pasado en una prisión israelí sin cargos. Entre los arrestados ha habido mujeres y menores. En 2010, de hecho, Israel llegó a detener a un adolescente de 16 años, Motasem Muzher. Esas detenciones fueron una de las chispas que prendieron la llama de una reciente ola de protestas en Cisjordania, que desató en Israel el temor de una tercera Intifada.

“La detención administrativa no es solo dura para el preso”, explica Walid. “Su familia también sufre cuando está en la cárcel. La segunda vez, cuando me tuvieron detenido cuatro años, mi hija mayor había cumplido cuatro años. Cuando salí de la cárcel, ya tenía ocho. Nadie nos va a poder devolver esos años. No hay forma de volver atrás. El primer año de colegio, mi hija me enviaba cartas diciéndome que los padres de los demás niños iban a recogerles a la escuela. No era fácil explicarle las cosas. Y aun hoy día, con 14 años, teme que me vuelvan a detener. Lo mismo con mi hija menor. Tenía un año cuando me volvieron a encarcelar en 2009. No la vi en 12 meses”.

Lo que angustia a Walid es el no saber por qué se le detiene, que no haya juicio, y que cuando se le ponga en libertad siempre sea con la amenaza permanente de un nuevo arresto. Según la ley israelí, a un palestino detenido por el Ejército se le puede retener durante un máximo de ocho días sin informarle de los motivos o llevarle ante un juez. En esos ocho días se le puede enviar a un centro de interrogación, se pueden presentar cargos contra él o se puede solicitar una orden de detención administrativa. Si no se opta por ninguna de esas opciones, se le debe poner en libertad.

Como en Guantánamo, nunca saben por qué se les detiene, ni las pruebas en su contra”, expone una organización de apoyo

Cuando se aplica la detención administrativa, la fiscalía y el juez, militares, conocen las evidencias en contra del acusado, pero este y su defensa no. En 2011, el juez le prohibió a Walid tomar parte en una audiencia en la que se iba a decidir si ingresaba en prisión preventiva o no. Le dijo, sucintamente, que obraban en su poder pruebas suficientes de que había militado en el Frente Popular para la Liberación de Palestina, que se dio a conocer internacionalmente al protagonizar secuestros de aviones occidentales en los años sesenta y que ahora funciona como una organización política. Los detalles del caso de Walid se guardan en un fichero secreto al que el reo no tiene acceso.

“No hay mucha diferencia respecto a lo que sucede en Guantánamo. Muchos de esos presos nunca saben por qué se les detiene, ni las pruebas en su contra”, opina Randa Wahbe, de la organización Addameer, que presta apoyo a los prisioneros palestinos. “El modo en que Israel emplea la detención administrativa es ilegal y arbitrario. De acuerdo con el Derecho internacional, debe ser un último recurso, al que acudir cuando hay una amenaza real contra el Estado. En realidad, Israel ha sido capaz de declarar un estado de emergencia desde su nacimiento, citando una permanente amenaza palestina, y eso permite la detención sin cargos”.

En realidad, la práctica israelí de la detención sin cargos no es un caso único. La aplican también Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Irlanda, China, India, Jordania, Siria, Egipto, Sri Lanka y Birmania. El Gobierno de Israel se apoya para autorizarla en el artículo 78 del Cuarto Convenio de Ginebra, de 1949, relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, que asegura: “Si la potencia ocupante considera necesario, por razones imperiosas, tomar medidas de seguridad con respecto a las personas protegidas, podrá imponerles, como máximo, una residencia forzosa o internarlas”.

El Gobierno de Israel intensificó el uso de esa figura jurídica tras el estallido de la segunda Intifada, en 2000. En 2003 llego a haber un millar de presos en estas condiciones. Según un informe del Ministerio de Justicia israelí de 2011, “en 2000 se lanzó una campaña terrorista incesante contra el Estado de Israel, matando a 1.200 personas e hiriendo a miles más. Teniendo en cuenta esa amenaza sin precedentes contra las vidas de los civiles, Israel debe desplegar contramedidas efectivas. Uno de los pasos legales para combatir esa amenaza es la detención administrativa”.

El Gobierno de Israel intensificó el uso de esa figura jurídica tras el estallido de la segunda Intifada, en 2000

“Que las pruebas no se hagan públicas no implica que no existan y sean convincentes”, explica Yigal Palmor, portavoz del Ministerio de Exteriores de Israel. “La detención administrativa es una medida que existe en otras democracias del mundo. Se emplea, según los problemas de cada país, contra la inmigración clandestina, el narcotráfico o el terrorismo, por ejemplo. Hay veces que, por motivos de procedimiento, unas pruebas no se pueden utilizar en un juicio contra un terrorista. Eso no quiere decir que esas pruebas no demuestren que puede atentar de un momento a otro. En esas ocasiones excepcionales es necesario detener a una persona sin juicio para prevenir un ataque”.

Walid niega que sea un terrorista o que forme parte del Frente Popular para la Liberación de Palestina. Su trabajo en la actualidad es el de gerente administrativo y financiero de la organización no gubernamental Comités de Trabajo por la Salud, cuya finalidad es ofrecer cobertura sanitaria decente a los palestinos. “Según mi opinión, la detención administrativa es un arma política”, asegura. “No es porque uno haya hecho esto o lo otro. Es puramente político. Depende de cómo esté la situación en Cisjordania o Gaza. Según estén las cosas en esos territorios, la detención administrativa aumenta o decrece”.

En las calles de los territorios palestinos, el de la detención administrativa es un asunto que provoca una enorme indignación. En el pasado ha dado pie a enfrentamientos con los soldados israelíes, y huelgas de hambre, que han atraído la atención internacional. Amnistía Internacional y la Secretaría General de Naciones Unidas han llegado a pedir el fin de la práctica: que se presenten cargos o se libere a los detenidos. Israel, hasta hoy, considera crucial la detención administrativa para su seguridad nacional.