Mohamed VI, el rey del viento en el Sáhara Occidental

Marruecos cuenta con un ambicioso plan de proyectos de energía solar y eólica, donde resulta clave el Sáhara Occidental. Este territorio en disputa, que Rabat considera sus “provincias del sur”, está catalogado por Naciones Unidas como la última colonia de África. También resulta clave en esos planes la figura del rey, Mohamed VI. No solo como jefe de Estado, sino como inversor. La empresa primordial en energías renovables en el Sáhara Occidental se llama Nareva. Esta compañía pertenece al megagrupo empresarial Al Mada, cuyos accionistas mayoritarios son Mohamed VI y su familia.

Nareva, la empresa del monarca, ha desarrollado dos de los tres proyectos de generación eólica ya en funcionamiento en el Sáhara Occidental: Foum el Oued, de 50 Megavatios (MW) de potencia instalada y Aftissat, de 200 MW. Solo una pequeña central, de 5 MW según la Agencia Marroquí para el Desarrollo Sostenible (Masen), que surte a la cementera Cimar, queda fuera de su cartera. Cuatro de las otras seis centrales eólicas proyectadas en el Sáhara Occidental estarán gestionadas también por Nareva, de acuerdo con el informe Greenwashing Occupation, publicado en octubre por la organización de vigilancia de la explotación de los recursos naturales del territorio, Western Sahara Resource Watch (WSRW).

En total, de los nueve parques eólicos con los que dentro de unos años contará el Sáhara, seis serán explotados por la sociedad de Mohamed VI o por consorcios en los que su empresa participa, según refleja la página web de Nareva. Además de los dos en funcionamiento mencionados (Foum el Oued y Aftissat), están proyectados los parques de Tiskrad, Boujdour, Aftissat II y una desalinizadora que funcionará con energía eólica en Dajla. Para el periodista marroquí Omar Brouksy — una de las escasas voces críticas en el país sobre los negocios del rey—, esta importante presencia de las empresas de Mohamed VI en el sector de la energía renovable constituye un “casi monopolio”, explica por teléfono a este diario desde Marruecos.

La apuesta marroquí por la energía renovable es lógica. Marruecos importa el 90% de su energía primaria, fundamentalmente carbón y petróleo y, en menor medida, gas, según el Instituto de Comercio Exterior español (Icex). Rabat se ha fijado como objetivo que el 52% de su producción eléctrica en 2030 proceda de energías renovables. El pasado octubre, el Gobierno marroquí adelantó esa meta a 2025.

Para la organización WSRW, que defiende la autodeterminación de la excolonia española al igual que el Frente Polisario, la inversión marroquí en el Sáhara Occidental es “ilegal”, ya que entraña la explotación de los recursos naturales de un territorio que define como “ocupado” sin contar con la autorización explícita del pueblo saharaui. El incumplimiento de esa condición motivó que el 29 de septiembre el Tribunal General de la UE anulara los acuerdos de comercio y de pesca entre los Veintisiete y Rabat. El tribunal alegó en sendas sentencias que no se puede comerciar con productos de un territorio que la comunidad internacional no reconoce como parte de Marruecos. Y subrayó que para comerciar en el Sáhara Occidental es preciso contar con la aprobación de la única organización a la que la ONU considera como representante de los saharauis: el Frente Polisario. En su informe, WSRW calcula que la energía producida gracias al viento del Sáhara Occidental podría constituir el 47,20% de la capacidad eólica total de Marruecos en 2030.

El Ministerio de Energía, Minas y Medio Ambiente marroquí afirmó a EL PAÍS que el informe de Western Sahara Resource Watch muestra una “falta de compresión de la gestión de las fuentes renovables”. Añade que el potencial de estas energías es “infinito” y que no puede compararse con el de las minas o los hidrocarburos, que son limitados. El Gobierno de Marruecos sostiene que el objetivo del informe de WSRW es “bloquear los proyectos en curso y anular los programados, pedir a los accionistas de las empresas implicadas la detención inmediata” de su implicación e impedir que la Unión Europea importe energía de esos proyectos implantados en “las provincias saharianas”.

Respecto a la falta de legitimidad a la que alude Western Sahara Resource Watch, el Ministerio de Energía marroquí indica que en las “provincias del sur”, “igual que en otras regiones del Reino”, todos los proyectos de energía renovable se han adoptado con una dinámica “participativa”, donde se ha implicado “a los políticos locales elegidos y a la sociedad civil”. Y añade que en las últimas elecciones legislativas, celebradas el 8 de septiembre, la participación en varias regiones del Sáhara como la de El Aaiún fue superior al 60%. Por su parte, el Ministerio de Exteriores marroquí declaró en su día que ambas sentencias de la Justicia europea tenían “mucho de política” y poco de “argumentos jurídicos”. Y afirmó que esperaba que el Tribunal de Justicia europeo rectifique ambos fallos, una vez que las dos sentencias sean recurridas.

Otra de las críticas del informe de Western Sahara Resource Watch es el posible conflicto de intereses que supone que una sociedad de Mohamed VI, el hombre más poderoso y rico de Marruecos, obtenga contratos y participe en licitaciones públicas que deciden los responsables de empresas estatales que él mismo nombra y destituye, como el director de la Oficina nacional de la Electricidad y el Agua Potable (ONEE). El documento cita el “Proyecto eólico integrado de 850 MW”, el más importante aprobado hasta entonces en el país, para el que la ONEE eligió en 2016 a un consorcio que incluía a Nareva como vencedor de la licitación. Este plan prevé la construcción y explotación de cuatro centrales eólicas. De ellas, dos –Tiskrad y Boujdour- están en el Sáhara y concentran el 47% de la potencia instalada del proyecto -con 400 MW, 100 en la primera y 300 en la segunda-. Para Manuel Devers, miembro del equipo jurídico que representa al Polisario ante la Unión Europea, Mohamed VI “se lucra personalmente con la ocupación del Sáhara y, además, utiliza para ello a las empresas del Estado marroquí”.

El Gobierno marroquí respondió a este diario acerca de esta cuestión asegurando que “la elección de las empresas locales o extranjeras que ganan las distintas licitaciones” se basa siempre “en condiciones y criterios técnicos y financieros” y que “la normativa vigente permite la transparencia y la competencia entre los distintos licitadores”. De las “42 licitaciones [en el país] para el desarrollo de proyectos solares (8), eólicos (6) e hidroeléctricos (28)” adjudicados, afirma que “Nareva Holding solo ha obtenido el 4,76% en cuanto al número de licitaciones adjudicadas para los modelos IPP [Productor Independiente de Electricidad, en sus siglas en inglés] y EPC [Ingeniería, Adquisiciones y Gestión de Construcción, en sus siglas en inglés]”.

Nareva fue fundada en 2006. Tres años después, Marruecos aprobó una ley, la 13-09 —promulgada por dahir (decreto real)— que acabó con el monopolio que hasta entonces tenía la pública ONEE y abrió la puerta a que empresas privadas produjeran electricidad y la vendieran a la red estatal. En la actualidad, Nareva es la primera compañía privada de energía eólica en África, según afirma su web.

Mohamed VI creó en 2009, también por decreto, la Agencia Marroquí para el Desarrollo Sostenible (Masen), cuyo responsable fue designado también por el monarca. Desde el 26 de diciembre de 2015, este organismo concentra la dirección de la estrategia nacional sobre energías renovables. Aquel día de diciembre, un despacho de la agencia oficial de prensa marroquí, Maghreb Arabe Presse (MAP), informaba de que el rey había transmitido “sus instrucciones a los diferentes actores implicados para que el pilotaje de las energías renovables, en particular la solar, la eólica y la hidroeléctrica, sea asegurado en lo sucesivo por Masen”.

Omar Brouksy publicó ese mismo año en la revista Orient XXI un artículo titulado Los rayos plateados del rey sol. En el texto relata que, también ese 26 de diciembre de 2015, Fuad Ali el Himma, el consejero más influyente del monarca, había mantenido una reunión con el entonces primer ministro, el islamista Abdelilá Benkirán, para comunicarle que esa agencia de desarrollo sostenible estaría en adelante bajo la autoridad exclusiva del Palacio Real. En su conversación con este diario, Brouksy precisa que “ni la Constitución marroquí ni ningún texto legal” refrendan esa orden del entorno del monarca.

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