El Congreso de Estados Unidos evita ‘in extremis’ el cierre de la Administración

El presidente de EE UU, Joe Biden, afronta estos días un momento de la verdad a cuyo lado la caótica retirada de Afganistán podría parecer poco más que una anécdota. Con el enemigo en casa -la división en su partido entre moderados y progresistas-, el mandatario ha debido suspender un viaje previsto a Chicago para fajarse con sus congresistas más rebeldes e intentar, contrarreloj, la cuadratura del círculo. A medianoche expiraba el plazo para prorrogar el presupuesto del Gobierno federal y evitar así un cierre de la Administración, una amenaza solventada con una votación in extremis en el Senado, mientras la sombra de una moratoria se cierne sobre el país. A la vez, la tramitación de los dos grandes planes de infraestructuras, el ADN de su mandato, se estanca en el Congreso por el mismo motivo: la diferencia irreconciliable entre las distintas sensibilidades del partido. Factores que debilitan a Biden, ahora y de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre de 2022, una cita cada vez más palpable para republicanos y demócratas.

A los reveses experimentados por Biden en las últimas semanas -el fiasco de Afganistán, el rechazo republicano a algunos de sus candidatos para dirigir agencias federales; votaciones contrarias en el Congreso, como la que frenó la reforma policial-, esta semana se suma una tormenta perfecta: la conjunción de apremiantes obligaciones financieras y el bloqueo legislativo. Los demócratas han maniobrado a destajo para impedir el cierre del Gobierno federal, que supondría la práctica paralización de la Administración, desvinculando ese intento de las medidas para elevar el techo de la deuda, la otra obligación perentoria del Tesoro estadounidense. La maniobra demócrata tuvo éxito a punto de apurarse el plazo.

La suerte del plan de infraestructuras físicas, que prevé una inversión de 1,2 billones de dólares y fue validado con respaldo bipartidista por el Senado, también pende de un hilo; hoy está prevista su votación en la Cámara de Representantes. La cada vez más enconada pelea entre progresistas y moderados demócratas ha enmarañado su tramitación parlamentaria, pues los primeros quieren avanzar a la vez el citado plan y otro social y ambiental por valor de 3,5 billones de dólares; los moderados se niegan y rechazan la subida fiscal a las rentas más altas para financiar el segundo. A día de hoy no parece haber punto de encuentro entre ambas posturas, lo que ha obligado a Biden a bregar con los críticos. Con rebeldes como el senador Joe Manchin, un auténtico dolor de cabeza para la Casa Blanca detrás de cuyo rechazo a la ambiciosa política contra el cambio climático del presidente, incluida en el segundo plan, estarían sus buenas relaciones con la industria petrolera. El protagonismo entre bambalinas de los poderosos lobbies explica muchas demoras y la mayoría de obstáculos en la agenda legislativa, como por ejemplo la presión de la poderosa industria farmacéutica sobre algunos congresistas demócratas contrarios a la rebaja del precio de los medicamentos que propone Biden en su programa social y que la mayoría de la población apoya.

Respecto de la prórroga del presupuesto, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, ha logrado sacar adelante este jueves con apoyo de 15 senadores republicanos un proyecto de ley, posteriormente aprobado por la Cámara de Representantes, para extender el presupuesto actual hasta el próximo 3 de diciembre. Un parche, pero también un alivio para la Casa Blanca, máxime cuando sobre el país se cierne también la amenaza de un default si el Congreso no aumenta o al menos suspende el techo de la deuda antes del próximo 18 de octubre. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ya lo avisó esta semana: EE UU podría afrontar “una crisis financiera y una recesión económica” si el Tesoro se queda sin fondos y por tanto no puede pagar sus deudas.

La amenaza de cierre de la Administración no era nada nuevo, pero el posible default del Tesoro haría historia. “El tiempo es limitado, el peligro es real”, ha subrayado esta semana Schumer. De nuevo, como en un bucle interminable, la pelota pasa de un alero a otro. Los republicanos rechazan suspender el límite de emisión de deuda, al considerar que supondría un cheque en blanco para el Gobierno de Biden (no lo es teóricamente, ya que la financiación sólo alcanzaría a las deudas contraídas). Por eso han trasladado a los demócratas la decisión final, lo que multiplica los inconvenientes: en un Senado con empate a 50 escaños, los demócratas no sólo deben superar su división, también recurrir a un complejo mecanismo, denominado de “reconciliación presupuestaria” (mayoría simple en vez de la habitual mayoría de dos tercios) para aprobarlo. Esta herramienta implica no desperdiciar ni uno solo de los 50 votos demócratas en la Cámara alta, cosa harto difícil cuando, por ejemplo, ante la votación del programa social y climático de Biden el senador Manchin ha reiterado hoy que su límite de gasto para validarlo es de 1,5 billones de dólares, muy por debajo de los 3,5 billones inicialmente previstos.

De nuevo, como en un círculo infernal, la división entre demócratas centristas y progresistas constituye el obstáculo, por encima incluso de la oposición republicana. La Cámara de Representantes aprobó el miércoles un proyecto de ley para suspender el techo de la deuda hasta diciembre de 2022, pero sin apoyo republicano en el Senado, la iniciativa nació muerta. Si no fragua el citado procedimiento de reconciliación, los votos de la oposición en el Senado son imperativos para alcanzar los dos tercios. “El hecho de que los republicanos sean tan irresponsables no es una sorpresa”, declaró la presidenta de la Cámara baja, Nancy Pelosi. Pelosi, Schumer y el propio Biden han multiplicado sus contactos en las últimas horas, para tratar de salvar los muebles de la Administración demócrata, financiera y políticamente hablando. Es decir, para salvar también los muebles de la presidencia de Joe Biden.

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