Biden anuncia un acuerdo de demócratas y republicanos para sacar adelante el plan de infraestructuras en EE UU

Acuerdo entre demócratas y republicanos de EE UU para aprobar el plan de infraestructuras, uno de los pilares del programa económico del presidente Joe Biden. Un grupo de diez senadores, cinco por cada partido, alcanzó en la noche del miércoles un acuerdo marco recortado en presupuesto que aparca parte del texto original -la inversión en programas sociales y lucha contra el cambio climático- y abunda en la creación y modernización de infraestructuras físicas, como carreteras, redes de transporte o el acceso a la banda ancha. El peaje del filibusterismo en el Senado, que exige para aprobarse la ley 60 votos -los demócratas tienen solo 50 escaños-, ha obligado al compromiso. “Hemos alcanzado un acuerdo”, ha anunciado Biden este jueves, señalando que creará “millones de puestos de trabajo”.

El grupo de legisladores ha presentado el borrador al presidente y a la vicepresidenta, Kamala Harris, a mediodía en la Casa Blanca. Tras la reunión, de la que todos esperaban que saliera la fumata blanca, el mandatario ha comparecido ante la prensa, arropado por los muñidores del acuerdo. “Tenemos un acuerdo. Creo que es realmente importante que todos estemos de acuerdo en que ninguno de nosotros ha conseguido todo lo que quería”, dijo Biden, subrayando las concesiones por ambas partes para sellar el compromiso. El acuerdo ha de ser ratificado por el Congreso.

Cuando anunció el denominado Plan de Empleo Americano, a finales de marzo, Biden propuso una dotación de 2,25 billones de dólares en los próximos 15 años, pero los republicanos rechazaron esa cifra con el argumento de que incrementaría el déficit. Tras varias propuestas y contrapropuestas, con algún parón en la negociación incluido, la última y definitiva oferta del grupo bipartidista prevé 579.000 millones de dólares en nuevos gastos para llegar a 974.000 millones en cinco años y 1,2 billones en ocho. Es decir, un billón menos de lo inicialmente previsto por la Administración demócrata. Entre los objetivos del plan figuran la reparación de carreteras y puentes; la sustitución de buses escolares convencionales por eléctricos, y la de cañerías contaminadas por plomo; el acceso a banda ancha para todos los ciudadanos, la mejora de la red eléctrica y el refuerzo de las infraestructuras básicas frente a los ciberataques, el cambio climático y el impacto de las catástrofes naturales.

Los senadores rechazaron desvelar detalles concretos del acuerdo y tampoco explicaron cómo se financiará. El presidente pretendía hacerlo inicialmente mediante la subida del impuesto de sociedades del 21% actual al 28%, un incremento que para los republicanos implica el riesgo de frenar la recuperación económica. Fuentes con acceso a las negociaciones sostienen que la financiación tendrá dos líneas rojas: no gravar a la clase media, como defiende Biden, pero tampoco retroceder en los beneficios para las rentas más altas que consagró la reforma fiscal de Trump de 2017.

Quedan detalles pendientes, los negociadores de la Casa Blanca y del grupo bipartidista aseguran no estar de acuerdo en todo al 100%, pero este acuerdo es lo más lejos que se ha podido llegar, y lo más cerca que está el plan estrella de Biden de convertirse en realidad. Por el camino ha quedado la ambición presupuestaria del presidente, que a finales de marzo y abril pasados lanzó su ambicioso programa de recuperación y modernización económica, con dos patas bien diferenciadas: el citado Plan de Empleo Americano y el Plan de Familias Americanas, respectivamente los pilares físico y social -la “infraestructura humana, o de cuidados”, según la Casa Blanca- de su agenda regeneradora tras la pandemia. El presupuesto conjunto de ambos programas se elevaba a cuatro billones de dólares si bien el capítulo de medidas sociales del primero ya contemplaba una inversión de 400.000 millones que ahora quedará en suspenso, si se aprueba la ley.

Sellar un acuerdo bipartidista permitirá a Biden emprender esa ambiciosa agenda económica, si bien a dos velocidades. Aun recortado en dotación, el plan contempla la creación y modernización de un sistema de obras públicas obsoleto, que adolece de carencias y acumula desatención. El porcentaje de inversiones públicas en infraestructuras ha caído desde los años sesenta del pasado siglo del 2,7% al 0,7% del PIB, mientras China gasta tres veces más que EE UU. El país más rico del mundo baja al puesto 13º cuando se valora la calidad de sus infraestructuras.

El capítulo social, esos 400.000 millones previstos en el Plan de Empleo, ha sido la víctima sacrificial del acuerdo, además de buena parte de las iniciativas de la agenda ambiental. Según los negociadores, las provisiones sociales -incluido el cuidado infantil o de la atención a los mayores, además de la agenda contra el cambio climático- tendrán que esperar o bien dosificarse en iniciativas legislativas menores, una manera más factible de superar el trámite legislativo.

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