La causa judicial por el cumpleaños de la primera dama en Argentina complica la campaña electoral de Alberto Fernández
El presidente ofrece entregar la mitad de su sueldo durante cuatro meses a un centro de referencia científico para reparar el daño y extinguir la acción penal
La Justicia de Argentina tiene en vilo a Alberto Fernández a menos de dos semanas de las elecciones primarias y obligatorias. El presidente intenta cerrar un acuerdo con el fiscal que lo investiga por haber violado su propio decreto que prohibía las reuniones sociales al participar junto a una decena de personas del cumpleaños de su pareja, Fabiola Yáñez, el 14 de julio de 2020.
La celebración ocurrió cuando los argentinos cumplían una cuarentena estricta que apenas les permitía salir de sus casas y prohibía todo tipo de encuentros sociales, pero saltó a la luz hace unas pocas semanas tras la publicación de una foto en la que se ve a Fernández, a Yáñez y a sus invitados en un salón de la quinta presidencial de Olivos sin mascarilla ni respeto por la distancia social. Vídeos posteriores confirmaron la participación del jefe de Estado en la fiesta.
El pasado jueves, el fiscal Ramiro González anunció la apertura de una investigación penal contra él y los demás invitados a raíz de la denuncia presentada por una fundación opositora ante el juez Sebastián Casanello. Media hora de conocerse la imputación, Fernández se presentó de forma voluntaria ante la Justicia y ofreció entregar la mitad de su sueldo durante cuatro meses al Instituto Malbrán (el principal centro de referencia argentino sobre enfermedades infecciosas) para reparar el daño causado y ser sobreseído.
Fernández, abogado y profesor universitario de derecho penal, “se presentó en la Justicia por derecho propio y sin abogado patrocinante a los efectos de plantear la reparación del daño potencial que se hubiere causado”, según informó Presidencia a través de un comunicado. El total de la suma ofrecida para que se extinga la acción penal asciende a 630.518 pesos (unos 6.300 dólares).
En su propia defensa, el presidente argumentó que se trata de un “delito de peligro abstracto” y que “no hubo afectación al bien jurídico de la salud pública” ya que no se registró ningún contagio como consecuencia del encuentro. “Ante la inexistencia de un resultado lesivo es que pongo a consideración del S.S. la insignificancia penal (no social o moral) del comportamiento denunciado que no ha lesionado el bien jurídico tutelado por su atipicidad o falta de antijuricidad material, y por ello solicito que la presente denuncia sea desestimada”, señaló en su escrito.
El fiscal debe resolver esta semana sobre la propuesta presidencial, así como también sobre las solicitudes de sobreseimiento de los otros nueve investigados. Por ahora solo se ha posicionado sobre una de ellas, la presentada por Stefania Domínguez, amiga de la primera dama. El letrado rechazó este lunes el planteo de inconstitucionalidad presentado por la defensa de Domínguez contra el decreto presidencial que dispuso el aislamiento obligatorio como medida para prevenir la propagación de la covid-19 en Argentina.
El escándalo de la fiesta en la quinta de Olivos (la prensa local lo llama Olivosgate) ha sido un duro golpe para la imagen presidencial de Fernández. El Gobierno intenta ahora minimizar su impacto sobre los candidatos oficialistas que se postulan para las elecciones primarias del próximo 12 de septiembre, previa a las legislativas del 14 de noviembre. En estas se renovará la mitad de los escaños de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. El resultado es clave para el margen de acción del Ejecutivo peronista: en los dos primeros años de mandato de Fernández, la coalición gobernante Frente de Todos ha contado con mayoría en la Cámara Alta, pero no en Diputados, donde ha debido negociar cada ley con la oposición.
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