El Gobierno de Maduro pide cárcel para cinco dirigentes de la oposición venezolana

El presidente del Parlamento venezolano y figura clave del régimen chavista, Jorge Rodríguez, pidió el martes a la Fiscalía que proceda judicialmente en contra de Emilio Graterón, Hasler Iglesias, Gilber Caro y Luis Somaza, todos dirigentes nacionales del partido Voluntad Popular, por su supuesta responsabilidad en la organización de grupos paramilitares con el apoyo de Colombia. Rodríguez acusó a su vez a los Gobiernos de este país y de Estados Unidos de financiar y prestar asistencia logística a estos dirigentes de la oposición venezolana. Ambos Ejecutivos tienen el objetivo de fomentar el paramilitarismo y promover escenarios de violencia en Venezuela, aseguró Rodríguez.

Esta petición ocurre después de que Rodríguez vinculara a la oposición venezolana con las bandas criminales que asediaron el oeste de Caracas hace unos días, y un día después de que la policía política del chavismo enviara a prisión a Freddy Guevara, miembro del equipo negociador opositor en las conversaciones con el chavismo, también militante de Voluntad Popular. También el lunes tuvo lugar la violenta arremetida de la Policía Nacional Bolivariana en contra de Guaidó, su esposa y sus colaboradores, la más hostil de todas las que se han llevado a cabo hasta ahora.

Durante sus declaraciones, Rodríguez mostró unos gráficos que, a su juicio, demuestran el vínculo de estos políticos opositores con los delincuentes cabecillas de las denominadas “megabandas”, que han cobrado presencia e influencia en varias zonas del país en medio de la indiferencia oficial, y cuyo fortalecimiento ha sido denunciado reiteradamente por la oposición.

El también dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela afirmó que las autoridades habían interceptado conversaciones telefónicas entre estos miembros de la dirección nacional de Voluntad Popular y Leopoldo López, el fundador de esta formación opositora, quien vive asilado en Madrid y a quien calificó de “homicida”.

“Vamos a mostrar las pruebas desde los teléfonos de los involucrados. Ellos creen que borrando los mensajes de la plataforma WhatsApp se borran las evidencias. Pueden borrar los mensajes las veces que les dé la gana, pero hasta con un programita casero se pueden recuperar”, dijo Jorge Rodríguez. “Este grupo creyó que como aquí estaban los noruegos y la misión técnica exploratoria de la Unión Europea, tenían impunidad y mandaban a Freddy Guevara a las reuniones”, agregó.

El presidente del Parlamento se refería a la presencia en el país de la delegación de la Unión Europea, que se ha reunido con actores del Gobierno y la oposición, con el fin de analizar la posibilidad de enviar a Venezuela una misión para ejercer la observación técnica de las elecciones regionales de noviembre. El endurecimiento hacia la oposición del régimen de Nicolás sucede también al mismo tiempo que avanzan las gestiones para iniciar una fundamentada agenda de diálogo político con la oposición con la intermediación del Gobierno de Noruega.

Con sus últimas muestras de hostilidad hacia la oposición, el Gobierno chavista podría pretender hacer una demostración de fuerza, por un lado, y, por el otro, condicionar el diálogo. Esta actitud, considerada por muchos desconcertante, está produciendo una colisión entre los sectores intransigentes del chavismo y los opositores. Muy poco antes de estas declaraciones del presidente del Parlamento venezolano, el Gobierno de Estados Unidos había decidido modificar parcialmente algunas sanciones que impedían a Venezuela importar gas, como un gesto de buena voluntad para fortalecer un clima de acuerdo. Hasta el momento, EE UU ha reaccionado con prudencia a la actitud mostrada en los últimos días por el régimen de Nicolás Maduro.

Tanto Rodríguez como Maduro han reiterado que el reconocimiento a las instituciones políticas del chavismo es una condición fundamental para iniciar conversaciones, que, de no producirse, daría al traste con el diálogo. Para algunos observadores, el Gobierno de Maduro tiene un interés particular en ilegalizar y neutralizar a Voluntad Popular, el partido más combativo de la oposición, fundado por Leopoldo López, y además teme que las concesiones iniciales ofrecidas a sus rivales políticos vayan en detrimento de sus posibilidades electorales.

“Voluntad Popular se estaba preparando para ir a las elecciones regionales”, afirma la escritora e intelectual Colette Capriles. “A mí me sorprendió la ira de Rodríguez en sus declaraciones; todo lo que están haciendo tiene un costo político para ellos. O se enteraron de algo que no les estaba gustando, o se dieron cuenta de que habían hecho muchas concesiones”, agrega. Capriles no cree probable que las gestiones del diálogo se detengan, a pesar de la detención de Guevara.

Mientras las autoridades venezolanas tratan de inculpar judicialmente a parte de sus adversarios, el régimen chavista organizaba al mismo tiempo una jornada de Diálogo Político y Paz transmitida por la cadena de televisión estatal. Este foro consistió en un encuentro en el Palacio de Miraflores con algunos dirigentes opositores de línea moderada y actitud complaciente, parte de los cuales decidieron participar en las cuestionadas elecciones parlamentarias de diciembre del año pasado. Algunos de ellos formaron parte de la comentada Operación Alacrán, en la que fueron acusados de ser sobornados por el chavismo para romper con sus partidos originales y procurar forzar un quórum adulterado destinado a impedir el nuevo nombramiento de Guaidó como presidente del Poder Legislativo en 2019.

“Maduro hace esto porque tiene problemas en las elecciones internas de su partido y sabe que está muy débil en términos electorales”, afirma Nicmer Evans, politólogo y director del portal informativo Punto de Corte. “La oposición se está preparando para ir unida, incluso pensando en unas primarias, para presentarle al chavismo candidatos unitarios. En esos momentos es cuando ellos ejercen la violencia para hacer política desde el Estado.”

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