El crimen organizado contra los periodistas

El periodista holandés Peter R. de Vries, de 64 años, sigue hospitalizado después de haber recibido el pasado día 6 un disparo en la cabeza en una calle concurrida del centro de Ámsterdam. Mientras él lucha por su vida, el ataque ha alentado el debate sobre el grado de protección que deben recibir los periodistas especializados en este tipo de delincuencia. Reporteros sin Fronteras (RSF) va más allá, y alerta de los riesgos de que los informadores abandonen sus investigaciones, si no se aclaran a fondo también otros casos de profesionales asesinados en suelo europeo, como el de Daphne Caruana Galizia en Malta en 2017, o el más reciente de Yorgos Karaivaz, tiroteado en abril en Grecia.

Pauline Ades-Mevel, portavoz de RSF, señala por teléfono desde París: “Las autoridades holandesas deben garantizar la protección de los periodistas que investigan el crimen organizado, aunque sabemos que es difícil porque ello dificulta su trabajo, y porque la seguridad solo se puede imponer cuando no hay más remedio”.

Añade que “está claro que estos delincuentes mandan una señal para intimidar a otros, que como Peter R. de Vries, rastrean en dichos círculos”. Y recuerda el caso de Dafne Caruana Galizia, de 53 años, asesinada con una bomba puesta en su coche en una zona rural de Malta cuando investigaba una trama de supuestos sobornos. En la cadena de sospechosos figuraban poderosos empresarios y llegaba hasta al Gobierno.

También está el caso de Jan Kuciak, de 27 años, que halló la muerte a tiros en Eslovaquia en febrero de 2018 junto con su novia, Martina Kusnirova. El periodista investigaba los lazos entre los políticos, la mafia italiana y el crimen organizado. “Y no olvidemos a Yorgos Karaivaz, que informaba sobre los mismos temas: corrupción y crimen organizado. En todos es necesaria una investigación a fondo, independiente y que no se prologue en el tiempo, para que no tenga un efecto paralizante y otros periodistas dejen de investigar por temor a que les ocurra algo”, añade.

El ataque al periodista holandés también ha avivado el debate sobre el crimen organizado en los Países Bajos, aunque está considerado un lugar seguro porque ocupa el puesto 21º —de 163 países— en el Índice de Paz Global elaborado por el Institute for Economics and Peace.

Apenas cuatro días después de que un pistolero dejara malherido a Peter R. de Vries, la cadena televisiva holandesa RTL tuvo que suspender la emisión de fin de semana del programa donde él colabora. La policía interceptó supuestamente una serie de mensajes de circuitos criminales que mencionaban un ataque “con armas automáticas o bien un lanzacohetes”, contra los estudios de grabación, situados en Ámsterdam. El equipo periodístico solo pudo reanudar su trabajo el lunes desde otra ciudad. Es excepcional que un periodista necesite protección en Países Bajos, situado en sexto lugar —de 180 países— en el índice de libertad de prensa elaborado por RSF. “Pero las cosas han cambiado, y la amenaza contra la televisión es un intento de infundir miedo y silenciar a la prensa”, asegura al teléfono Peter ter Velde, coordinador de Pers Veilig (Prensa segura), una organización que reúne a la Asociación de la Prensa, la policía y la Fiscalía.

La investigación policial no descarta el papel del crimen organizado en el ataque contra De Vries por su relación con Nabil B., que le pasaba información y es testigo de cargo en el caso Marengo, el mayor proceso contra el crimen organizado registrado en el país.

En 2018, Jan Struijs, presidente del Sindicato Nacional de Policía, presentó un informe donde se señalaba que Países Bajos “presenta muchos de los rasgos de un narcoestado”. Tres años después, “estos delincuentes no solo se pelean entre ellos, sino que atacan a nuestro Estado, según han dicho tanto el rey, Guillermo, como el primer ministro, Mark Rutte”. Para Struijs, es necesario reprimir el crimen, pero también prevenirlo: “En los barrios donde vemos que hay jóvenes metidos en el mundo de la droga y que pueden escapar del radar”. Otra cosa es el compromiso político para frenar el crimen mafioso, que requiere, en su opinión, planes a largo plazo y cooperación internacional. “Países Bajos fabrica drogas de diseño y desde aquí se distribuye cocaína al extranjero. Es una economía paralela y un problema de seguridad que nos afecta a todos”, asegura.

Mick van Wely, colega de De Vries, en su caso desde las páginas del diario De Telegraaf, apunta que el Gobierno y el Parlamento desconocen el arraigo del crimen organizado en Países Bajos. “A pesar de que ya hay ciudadanos colombianos y mexicanos metidos en los laboratorios que fabrican desde aquí drogas sintéticas, y de que se requisan toneladas anuales de cocaína”. Califica de “intento de sabotaje contra la prensa” las amenazas contra la cadena RTL, y se pregunta que cuántas llamadas de atención son necesarias para dotar de suficientes recursos a la policía. “Hay jueces, abogados, policías y periodistas amenazados, y gente como Taghi (holandés de origen marroquí) está dispuesta a pagar millones de euros para que le saquen de la cárcel por la fuerza”, asegura. Según ha publicado el propio Van Wely, uno de los dos detenidos por el ataque contra De Vries “aceptó dispararle a cambio de 150.000 euros”. Se trata del rapero Delano G. de 21 años. El otro es Kamil E., un ciudadano polaco de 35 años. Ambos están en custodia.