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El crimen que acorrala al poder en Malta

La trama por el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia arroja sombras sobre el primer ministro y sume al país en una crisis

Manifestantes exigen justicia por el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia, este lunes en La Valeta, Malta. En vídeo, Joseph Muscat, primer ministro de Malta, anuncia su dimisión.Vídeo: Reuters | EPV
Silvia Blanco

La conmoción de hace dos años por el asesinato con coche bomba de la más famosa periodista de Malta se ha convertido ahora en una enorme convulsión política en el país más pequeño de la Unión Europea. El primer ministro, el laborista Joseph Muscat, anunció este domingo su dimisión, cediendo así a las presiones dentro y fuera de la isla. Comunicó que se va días después de la caída de tres miembros del Gobierno, protestas en la calle y estupor europeo al desvelarse las conexiones entre los poderosos de Malta con el mundo criminal. Pero el hecho de que su salida solo sea efectiva a partir del 12 de enero amenaza con prolongar la crisis, ya que alimenta la sospecha de que Muscat pueda interferir en la investigación.

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Daphne Caruana Galizia fue asesinada el 16 de octubre de 2017 a pocos metros de su chalé rodeado de olivos en una zona rural a media hora de La Valeta. Tenía 53 años, el blog más influyente de la isla e información con la que destapó varios y complejos escándalos de corrupción, entre ellos la rama maltesa de los papeles de Panamá. Había recibido numerosas amenazas. Cuando la mataron investigaba una trama en la que estaba envuelto uno de los principales empresarios del país, Yorgen Fenech, cuyos tentáculos alcanzaban a varios miembros del Gobierno a través de supuestos sobornos. Después de su asesinato, un grupo de periodistas siguió con las pesquisas de Caruana, y su familia emprendió una dura batalla contra la impunidad en la isla que todavía no ha terminado.

Su hijo Matthew siempre ha mantenido que quienes la asesinaron están en el Ejecutivo o están relacionados con él. Ahora esas acusaciones han empezado a cobrar forma. En un comunicado, la familia Caruana Galizia criticaba el domingo que el primer ministro no haya dimitido de forma inmediata “a pesar de la implicación de Keith Schembri, su mano derecha [y jefe de Gabinete hasta hace unos días], en el asesinato de su principal crítica”. Y añaden: “Muscat ha aplazado su dimisión en un intento de seguir protegiéndose a sí mismo y a Schembri. No hay otra explicación”.

Este lunes incluso ha iniciado un procedimiento judicial para tratar de evitar que Muscat pueda seguir influyendo en el caso e impedir “que se pierdan pruebas”, explica por teléfono Matthew Caruana Galizia, uno de los tres hijos de la periodista asesinada. “Por ejemplo, él y Schembri usaban un servidor de correo electrónico distinto del de las cuentas oficiales, y pueden destruirlo u ocultarlo”. Siguen esperando “una investigación realmente independiente”.

El caso no dio señales de avance hasta hace dos semanas. La propia parálisis de la investigación, sobre la que las interferencias políticas han estado siempre planeando, era objeto de crítica por parte de organizaciones de derechos humanos y del Parlamento Europeo. Durante dos años, la policía maltesa solo había logrado detener a tres delincuentes habituales como sospechosos de ser los autores materiales, Vince Muscat y los hermanos Alfred y George Digiorgio. Los tres están en prisión desde entonces a la espera de juicio, pero la gran incógnita permanece: ¿quién ordenó matar a Daphne Caruana Galizia?

El pasado 14 de noviembre, en una operación que nada tenía que ver con la periodista, la policía detuvo a un taxista por un caso de lavado de dinero. Era Melvin Theuma y tenía información sobre el caso de Daphne. A cambio, pidió inmunidad. Theuma dijo a la policía que él actuó de intermediario con los supuestos asesinos y señaló a Yorgen Fenech como la persona que pagó el asesinato, según el Times of Malta. El 19 de noviembre, el primer ministro prometió a Theuma inmunidad condicionada a su cooperación. Horas después, de madrugada, la policía detuvo a Fenech cuando huía de Malta a bordo de su yate de lujo. A partir de aquí se ha sucedido una catarata de escándalos, arrestos, protestas, declaraciones políticas, reuniones agónicas, intrigas y dimisiones que han sumido a la isla en la mayor crisis en décadas.

Yorgen Fenech, de 38 años, es uno de los empresarios más poderosos de Malta. Posee numerosas propiedades, casinos, hoteles y la concesión para explotar la central eléctrica y de gas de la isla.  Fenech estaba bien conectado con miembros del Gobierno, sobre todo el ministro de Turismo, Konrad Mizzi, que era el de Energía cuando Fenech logró la concesión de la central eléctrica, y con el jefe de Gabinete, Keith Schembri. Ambos tenían cuentas secretas en Panamá y figuran como los beneficiarios de supuestos sobornos a través de una sociedad pantalla radicada en Dubái que Daphne Caruana investigaba cuando fue asesinada, 17 Black. No hay pruebas de que el dinero se transfiriera, pero la agencia Reuters logró el año pasado identificar al dueño de esa misteriosa compañía. Era Yorgen Fenech.

Como el taxista intermediario en el asesinato, Fenech también pidió inmunidad a cambio de dar información sobre el caso Daphne. Apuntó alto e implicó en el asesinato al jefe de Gabinete, el amigo desde la infancia y más estrecho colaborador del primer ministro. También ofreció datos sobre los nexos de otros miembros del Ejecutivo en el crimen —pese a las sospechas ya existentes, nunca fueron interrogados por la policía— y sobre casos de corrupción que les afectarían. Días después, dos ministros dimitieron, otro se apartó del cargo y el jefe de Gabinete fue arrestado y puesto en libertad a las pocas horas. El viernes de madrugada, Muscat se encerró con lo que quedaba de su Gobierno para decidir si le concedían esa gracia procesal y Fenech surtía de información sobre el caso, o no. Fenech se quedó sin inmunidad y el sábado fue acusado formalmente de ser cómplice en el asesinato de la periodista.

La crisis está lejos de resolverse. El anuncio de la dimisión del primer ministro no ha cortocircuitado la idea de su implicación en el caso, aunque sea por supuesto encubrimiento. Su principal problema se llama Keith Schembri, de 44 años. Su amigo desde la infancia era hasta hace unos días su jefe de Gabinete. Ya se ha visto salpicado por otros casos de corrupción, pero no se han investigado. Cuando el empresario lo implicó en la trama, fue arrestado y liberado sin cargos. Pero la semana pasada se revelaron detalles inquietantes que colocan a Muscat en una situación “insostenible”, como dice Manuel Delia, fundador de Republika, una ONG centrada en apoyar el Estado de derecho en Malta. “Ha permitido que Schembri estuviera presente cuando la policía informaba al primer ministro sobre la investigación del asesinato”, asegura. Por eso cree que Muscat está “íntimamente relacionado con el caso”.

El asesinato de Daphne Caruana Galizia ha expuesto con toda crudeza las deficiencias del Estado de derecho en Malta, que han convertido la investigación en un pegajoso asunto en el que se mezcla la política con el trabajo policial y la independencia de los jueces. Este martes aterrizará en la isla una delegación de eurodiputados para seguir de cerca la evolución de la investigación. Es la tercera vez que van. Y siempre vuelven con informes demoledores sobre la falta de avances y la falta de voluntad política para indagar a fondo en este caso y en otros de corrupción grave que afectan a la isla, con escasos controles ante el lavado de dinero, donde los sectores en alza son el juego y los bancos.

La delegación está encabezada por la eurodiputada liberal Sophie in’t Veld, que en marzo explicó a este periódico la preocupación que suscita Malta en la UE. “Vemos corrupción, venta de pasaportes, lavado de dinero, conflictos de interés…Un montón de actividad ilegal, sospechosa y turbia conectada de algún modo con círculos gubernamentales”, decía. En el último año, Malta ha visto desfilar delegaciones y publicación de informes del Consejo de Europa (en materia legal y de corrupción) que han señalado la debilidad institucional del país, que concentra el poder en el primer ministro en detrimento del Parlamento y los jueces.

En un país donde todo el mundo se conoce —tiene 475.000 habitantes—, el debate público en torno a este caso es tóxico, y hasta el recuerdo de la periodista asesinada ha sido objeto de política partidista durante estos dos años, en contraste con el apoyo y los homenajes internacionales a su figura. El domingo, miles de personas salieron a la calle en La Valeta para pedir a Muscat que se vaya de inmediato, con fotos de Daphne Caruana y carteles de “¡mafia!” y gritos de “justicia” o “asesinos”. Al mismo tiempo, las velas y flores que colocan desde hace meses los activistas para que no se olvide su caso son eliminados por los servicios de limpieza a las órdenes de las autoridades. Ha ocurrido también esta semana, cuando el caso sigue produciendo más preguntas que respuestas.

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Sobre la firma

Silvia Blanco
Es la jefa de sección de Sociedad. Antes ha sido reportera en El País Semanal y en Internacional, donde ha escrito sobre migraciones, Europa del Este y América Latina.

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