Human Rights Watch denuncia “abusos aberrantes” del Ejército venezolano en la frontera con Colombia

La ofensiva que desplegaron hace poco más de un mes las fuerzas de seguridad venezolanas contra grupos armados en el estado Apure, en la frontera con Colombia, ha estado plagada de atrocidades. Esos “abusos aberrantes contra la población local” han empujado a cerca de 6.000 personas a refugiarse del otro lado de la línea limítrofe, y ahora muchos de esos desplazados temen volver a su país, de acuerdo con decenas de testimonios recopilados por Human Rights Watch en el departamento colombiano de Arauca.

El operativo en Apure incluyó la ejecución de al menos cuatro campesinos, detenciones arbitrarias, el procesamiento de civiles ante tribunales militares y torturas contra residentes acusados de colaborar con grupos armados, denuncia la ONG en un informe publicado este lunes. Casos que “siguen un patrón similar al de los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad del régimen que han originado investigaciones internacionales sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela”, concluye el documento.

“Las investigaciones internacionales de estos crímenes son fundamentales ante el volumen creciente de evidencias que implican a los agentes que han cometido abusos, así́ como a los comandantes y altos funcionarios que sabían o deberían haber sabido lo que ocurría durante estos operativos”, señala José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. “Las atrocidades cometidas contra residentes de Apure no son incidentes aislados por agentes insubordinados, sino que son consistentes con los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad de [Nicolás] Maduro”, abunda.

Desde que el pasado 21 de marzo se reportaron enfrentamientos en varias zonas rurales del estado Apure entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y una de las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC –hoy convertida en un partido político en virtud de los acuerdos de paz sellados a finales de 2016–, al menos 5.800 personas han huido a Arauca (Colombia), en su mayoría al municipio de Arauquita, de apenas 50.000 habitantes. A pesar del apoyo de autoridades y organizaciones humanitarias, “los albergues se encuentran hacinados y la asistencia humanitaria es insuficiente”, describe el informe, para el que HRW entrevistó a 68 personas entre marzo y abril.

La mayoría de los testigos de los abusos temen sufrir represalias en Venezuela, de modo que hablaron bajo la condición de no divulgar sus nombres. Los venezolanos desplazados relataron que huyeron debido a los frecuentes ataques aéreos y combates entre uniformados venezolanos y los grupos armados, además de “por los aberrantes abusos perpetrados por las fuerzas de seguridad venezolanas”, que incluyen a la FANB, a las temidas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS).

En una de las varias denuncias, sustentadas también en información de autoridades de ambos países, así como en el análisis de videos, audios y fotografías, el informe relata que las FAES se llevaron a cuatro miembros de una familia de su vivienda en La Victoria (Venezuela) y sus cuerpos fueron encontrados en El Ripial, a un kilometro y medio, con cortes, heridas de bala y presuntas luxaciones óseas. “Peritos forenses concluyeron que las fotografías de los cuerpos sugieren que habrían sido movidos y que las armas de fuego y granadas que se ven junto a sus manos pudieron haber sido sembradas”, denuncia la organización de defensa de los derechos humanos. Los uniformados también ingresaron por la fuerza en varios hogares en los que saquearon o destruyeron efectos personales, comida y enseres.

Los testimonios reflejan una violencia extrema. Un habitante de la zona rural de La Victoria que huyó a Arauquita, identificado bajo el seudónimo de Pablo Ramírez, contó a HRW que los agentes de las FAES llegaron a la finca donde vivían y trabajaban con su familia y mientras lo interrogaban sobre sus supuestos vínculos con grupos guerrilleros le clavaron una navaja en el dedo meñique y después se lo torcieron con un alicate. También amenazaron con matarlo, llevarse a su hijo pequeño y cortarle el vientre a su esposa embarazada para sacarle el bebé.

Las fuerzas de seguridad venezolanas mataron a más de 19.000 personas en casos de supuesta “resistencia a la autoridad” entre 2016 y 2019, de acuerdo con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). En sus informes, la oficina encabezada por la expresidente chilena Michelle Bachelet ha concluido que muchas de esas muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales y que las FAES suelen alterar la escena del crimen y la evidencia. El expediente de abusos incluso llevó a que Bachelet exhortara en 2019 al Gobierno de Maduro a disolverlas.

En el estado Apure y el departamento de Arauca, una región donde no ha llegado la paz, todavía operan varios grupos armados que someten a la población a ambos lados de la línea limítrofe a asesinatos y torturas, reclutamiento de menores, secuestros y trabajo forzado, según lo ha documentado Human Rights Watch en anteriores informes. Entre esos grupos que controlan la vida cotidiana está la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como dos de las disidencias que se apartaron de las negociaciones con las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC): el Frente Décimo Martín Villa y Segunda Marquetalia, el grupo de Iván Márquez. Del otro lado operan además las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN), con una estrecha relación con las autoridades venezolanas en Apure.

De acuerdo con las investigaciones de HRW, las fuerzas de seguridad venezolanas han tolerado a los grupos armados que operan en Apure y, en ocasiones, han actuado en connivencia con ellos. El Gobierno de Iván Duque ha señalado reiteradamente que tanto el ELN como las disidencias han encontrado una retaguardia en Venezuela, cobijados por las autoridades chavistas. Aunque hay distintas versiones sobre el origen de los enfrentamientos en Apure, varios testimonios señalan que la Segunda Marquetalia tiene nexos estrechos con el Gobierno de Maduro e intenta eliminar al Frente Décimo Martín Villa, su competencia en el tráfico de narcóticos, en un escenario de fricciones entre el ELN y las disidencias.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región