La ONU denuncia que en Venezuela continúan las violaciones de derechos

A la vuelta de un año la situación de Venezuela ha empeorado y la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, vuelve a emitir un demoledor informe que recoge que gran parte de las violaciones y abusos denunciados en 2019 continúa. La situación poco ha cambiado y los compromisos asumidos por el Gobierno de Venezuela, en algunos aspectos, siguen siendo solo intenciones. Las graves violaciones a la libertad, con arrestos a periodistas, sindicalistas, profesionales de la salud y personas que protestaban por los servicios, así como las restricciones democráticas y el agravamiento de la crisis económica, figuran la evaluación leída este jueves ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. La revisión actualiza lo que han investigado en terreno los oficiales de Bachelet que quedaron en el país luego de su visita en junio de 2019.

Una de las principales agendas de Bachelet en el país es con los presos políticos que llegan a 300, y cuya liberación había sido una recomendación dada en la actualización de septiembre pasado y que el Gobierno de Nicolás Maduro sigue sin cumplir. Los representantes de la Alta Comisionada documentaron 110 casos de personas -de ellos 63 miembros de las Fuerzas Armadas- procesadas penalmente por delitos como traición, rebelión, incitación pública, conspiración, intento de asesinato (del presidente), terrorismo y financiación de actividades terroristas.

“En varios casos, las órdenes de aprehensión se expidieron con carácter retroactivo, incluso con fechas de expedición alteradas, y las casas fueron allanadas sin orden judicial”, especifica el informe y en su discurso Bachelet advirtió con preocupación sobre “un patrón de detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, alegaciones de tortura y desapariciones forzadas en los primeros días de las detenciones documentadas”. El informe detalla que a los familiares ni a los abogados de las personas detenidas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), no se les confirmó su paradero incluso hasta 40 días después de su detención.

Bachelet señaló que en el último año “continuaron los ataques y la obstaculización del trabajo de parlamentarios de la Asamblea Nacional” y lamentó que los actores políticos en el país no logren encontrar una solución negociada que resuelva la profunda crisis política. Sobre este punto subrayó que las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, sobre la conformación del nuevo Consejo Nacional Electoral sin el consenso de todas las fuerzas políticas y las que afectan a los dos principales partidos políticos de oposición, “disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos”. Y agregó: “Reitero mi llamado en favor de una negociación política inclusiva basada en derechos humanos y en la restitución de los derechos políticos. Mi oficina sigue dispuesta a contribuir en estos esfuerzos”.

En el informe se destaca la disminución del número de homicidios en Venezuela, pero se denuncia que entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2020 habrían muerto 1.324 personas en el marco de operaciones de seguridad, siendo las Fuerzas de Acciones Especiales, un cuerpo de seguridad que Bachelet recomendó suprimir, las responsables de 433 de estos asesinatos. También documentó 38 ejecuciones extrajudiciales de jóvenes entre mayo de 2019 y mayo de 2020.

Los representantes de la alta comisionada pudieron hacer 13 visitas a 11 centros de detención, ninguno de los que concentra a la mayor parte de los presos políticos. En las cárceles que visitaron constaron que el acceso a los alimentos era limitado, pese a que el Ministerio de Asuntos Penitenciarios aseguró que garantizaba las tres comidas de los 39.723 reclusos que hay en Venezuela.

“Las personas en Venezuela siguen padeciendo graves violaciones a sus derechos económicos y sociales, debido a sus bajos salarios, los altos precios de los alimentos, las persistentes carencias de servicios públicos como electricidad y agua, la escasez de combustible y el precario acceso a los servicios de salud”, dijo Bachelet e insistió en que la crisis se ha exacerbado por el incremento de las sanciones sectoriales y por la pandemia de la covid-19.

El informe recoge que aunque se han ampliado las licencias a las sanciones para permitir transacciones relacionadas con alimentos, suministros agrícolas y medicamentos, el Gobierno alega que el exceso de cumplimiento (over-compliance) en el sector financiero, “se ha traducido en controles más estrictos, retrasos administrativos y costos de transacción para las importaciones”. Según una evaluación realizada por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) que recoge el documento, para octubre de 2019 el 59% de los hogares declararon no disponer de ingresos suficientes para comprar alimentos.

Durante la sesión, el embajador de Maduro ante las Naciones Unidas en Ginebra, Jorge Valero, respondió que el informe incorporaba “información de fuentes de escasa credibilidad sin haber sido debidamente contrastadas con las autoridades venezolanas”. Aseguró que se excluyeron “los importantes progresos alcanzados en la mesa de diálogo nacional entre el Gobierno venezolano y los diversos partidos de la oposición”.

El diplomático también condenó la las recientes sanciones de la Unión Europea a 11 diputados de la Asamblea Nacional, por intentar tomar el control del Legislativo. “La pretensión de imponer una suerte de supervisión al funcionamiento de las instituciones democráticas venezolanas demuestra la soberbia y la nostalgia colonialista, intervencionista y supremacista que aún pervive en la agenda corporativa de las élites dominantes del Viejo Continente”.