Francia cierra el proceso contra Cédric Herrou, un agricultor que lleva años desafiando leyes migratorias

“La solidaridad ya no será un delito”. Con este mensaje ha celebrado este miércoles el activista proinmigración Cédric Herrou, considerado un símbolo de la lucha por los derechos de los inmigrantes sin papeles en Francia, la decisión del Tribunal Supremo galo de rechazar un recurso en su contra de la Fiscalía de Lyon. De este modo, se pone punto final definitivo a un largo proceso judicial contra este agricultor del valle del Roya, entre Italia y Francia, que lleva años desafiando las leyes migratorias del Gobierno francés al ayudar a los inmigrantes indocumentados que cruzan esta frontera europea y que ya obtuvo, en 2018, una victoria fundamental cuando logró que se consagrara la “fraternidad” como principio con valor constitucional en su país.

Una de las abogadas de Herrou, Sabrina Goldman, celebró la decisión del Supremo. “Esta decisión pone fin al encarnizamiento de la Fiscalía contra Cédric Herrou y permite reconocer por fin, de manera definitiva, que no hizo nada más que ayudar a los otros y que, en nuestra República, la fraternidad no es un delito”, dijo la letrada, según la agencia France Presse.

El camino no ha sido fácil. Como recordó el propio activista en las redes sociales, a pesar de que el Consejo Constitucional se pronunció a su favor en 2018, hasta su absolución definitiva ha tenido que soportar “11 detenciones provisionales, cinco registros, cinco procesos y cinco años de lucha”.

Los choques de Herrou, de 41 años, con la justicia comenzaron cuando fue demandado por haber trasladado en 2016 a casi 200 migrantes, en su mayoría eritreos y sudaneses, desde la frontera italiana hasta Saint-Dalmas-de-Tende, a 16 kilómetros de su pueblo en el valle del Roya, donde organizó un campamento de acogida en una antigua colonia de vacaciones abandonada. Un año más tarde, fue condenado por ello a una multa primero y, tras apelar, a cuatro meses de cárcel, decisión que volvió a rebatir ante la justicia. A la par, acudió al Consejo Constitucional, el órgano encargado de controlar la constitucionalidad de las leyes, ante el que esgrimió ser víctima de un “delito de solidaridad” que, aunque formalmente no existe, argumentó que se aplicaba contra aquellos quienes, como él, transportan o albergan a extranjeros en situación irregular.

En el verano de 2018, en Francia continuaba el discurso oficial a favor de restringir la inmigración irregular, París y otras capitales se acusaban mutuamente por las llegadas a sus puertos de barcos fletados por ONG con centenares de migrantes rescatados y proseguía la batalla judicial de Herrou. Pero entonces, el Consejo Constitucional dio un vuelco a la batalla migratoria. Los sabios, como se conoce a los miembros de este organismo, dieron la razón al agricultor y a los activistas que actúan como él en favor de inmigrantes desamparados al consagrar el “principio de fraternidad” como valor constitucional del que “se desprende”, subrayaron, “la libertad de ayudar al prójimo, con un objetivo humanitario, sin consideración de la regularidad de su estancia en el territorio nacional”.

A raíz de ello, ese mismo año se modificó la ley migratoria francesa, de la que se eliminaron las sanciones —hasta entonces de 30.000 euros o incluso cinco años de cárcel— a quienes ayuden a los inmigrantes durante su “estancia” en Francia o a los que les ayuden a “circular” dentro del país, siempre que sea por motivos “exclusivamente humanitarios” y “sin contrapartida”. Lo que sí sigue penado es ayudar a acceder a Francia a inmigrantes en situación irregular.

Dos meses más tarde, el Tribunal Supremo anuló la condena a Herrou y devolvió el caso al tribunal de Lyon, que lo absolvió el 13 de mayo de 2020. Sin embargo, la Fiscalía decidió apelar al Supremo, que este miércoles ha dado carpetazo definitivo al caso al rechazar este último recurso.

Otro de los abogados del agricultor, Patrice Spinosi, también mostró su alegría: “Queda definitivamente consolidado en nuestro derecho que no puede realizarse ningún proceso penal contra una persona por el hecho de que haya ayudado a un migrante en situación irregular si actúa de manera desinteresada, pertenezca o no a una asociación”.