Cuando la solidaridad con el refugiado deriva en una acusación de delinquir

Casi todos admiten que lo volverían a hacer. Algunos ni siquiera sabían que estaban cometiendo un delito. La lista de los ciudadanos europeos que se enfrentan a un juicio por haber favorecido el traslado o la entrada de migrantes en situación irregular se hace cada día más larga: un goteo de acusaciones que en la mayoría de los casos ha conllevado una sanción, aunque en algunos de ellos los acusados hayan tenido que enfrentarse, o se enfrentan, a la cárcel. La diputada socialista del Cantón de Tesino (Suiza), Lisa Bosia Mirra, es una de las últimas en sumarse a la decena de casos de que se han dado a conocer en los últimos dos años. La justicia helvética propone condenarla a una multa de unos 8.000 euros por haber cruzado supuestamente la frontera italiana en nueve ocasiones con a bordo de su coche migrantes o refugiados cuya entrada había sido rechazada.

“La emergencia ha llevado a la frontera las torturas de los traficantes”, dice en conversación telefónica desde Como (Italia) al recordar cómo el pasado verano se concentraban en la estación de trenes de esta ciudad centenares de personas en tiendas improvisadas a la espera de proseguir el viaje. Bosia Mirra dice que pidió explicaciones sobre el rechazo de los menores no acompañados, con la asociación que preside ofreció comidas y luego decidió actuar. En septiembre las guardias fronterizas la retuvieron. La diputada, de 44 años, está acusada de reiterado favorecimiento de la inmigración ilegal. Irá a juicio en los próximos meses.

“La directiva comunitaria no establece que se sancione a los ciudadanos que cometen actos de este tipo sin recibir dinero a cambio, pero tampoco lo prohíbe”, explica Cristina Gortázar, profesora de Derecho de la Unión Europea en la Universidad Pontificia Comillas. La directiva a la que hace referencia —conocida con su definición inglesa: Facilitacion directive (es decir, directiva de facilitación)— fue aprobada en 2002 con el intento de combatir el tráfico de personas, sin embargo, deja libertad a los Estados miembros para tipificar delitos distintos. “¿Cómo se puede poner en el mismo plano a los traficantes que a cambio de miles de euros ponen a los migrantes en una barcaza y a los que prestan ayuda?”, se pregunta Gortázar.

Cuando las vi, no pude decir que no
Pierre Alain Mannoni, profesor

Pierre Alain Mannoni, profesor de la Universidad de Niza de 46 años, ha quedado en primera instancia libre sin cargos de la acusación de favorecer la circulación de migrantes en condición irregular. A mediados de octubre fue detenido por la policía francesa con a bordo de su coche tres chicas de Eritrea. Al día anterior, había alojado a cuatro jóvenes de Darfur (Sudán) con los que se había topado en el Valle de Roya, en la frontera con Italia. Algunos voluntarios activos en la zona le pidieron que hiciese lo mismo con las tres chicas para luego ayudarles a llegar a Marsella. “Cuando las vi, no pude decir que no. Estaban heridas. Fue una imagen tan dolorosa. Una era menor de edad”, describe al teléfono desde Niza. Estuvo detenido 36 horas y. El fiscal ha recurrido la sentencia absolutoria y en junio se celebrará un nuevo juicio. Según cuenta, se enfrenta a una pena de 6 meses de cárcel sin ingreso en prisión.

Gortázar explica que la falta de una armonización con respecto a este tipo de actuaciones se debe al rechazo de los Estados miembros de delegar en un organismo supranacional temas que constituyen el “nudo” de la soberanía nacional, como el control de las fronteras. “El problema de fondo es la complejidad de las leyes que se aplican. La propia emergencia ha dado pie a estos casos”, abunda Francisco Solans, exportavoz de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española y presidente de la ONG SOS Racisme Valencia. La frontera entre Italia y Suiza o Francia, Calais, en el norte de este país, el sur de Dinamarca o las costas de Grecia son algunos de los lugares donde la emergencia de los refugiados, empezada en 2015, se ha hecho más evidente por el estancamiento de personas en la frontera, o por el cruce masivo de inmigrantes.

De la lista forma parte también Lisbeth Zornig, escritora y fundadora de una asociación en defensa de los niños. Zornig admite que no sabía que estaba cometiendo un delito. Ella y su marido han sido condenados a una multa de 50.000 coronas (unos 6.000 euros) por haber llevado en su coche a cuatro adultos y dos menores sirios que en otoño de 2015 habían llegado al sur de Dinamarca. Primero los llevaron a su casa cerca de Copenhague. Luego les compraron un billete de tren para Suecia. “¿Si volvería a hacerlo? Claro que sí, nunca dejaría una familia en medio de la calle, viajando durante 40 días con tan solo la ropa que llevan encima”, responde. Zornig explica muchos hicieron lo mismo que ella, y no excluye que algunos lo sigan haciendo pese a las medidas restrictivas aprobadas el pasado enero. Dice que la familia se ha instalado en el sur de Suecia donde ha solicitado asilo: el padre ha encontrado trabajo en una farmacéutica y están en trámites para que pueda llegar la abuela desde Damasco. “Era una familia de clase media, como yo y mi marido. ¿Quién nos dice que algún día nos toque a nosotros?”

Si se presentaran las mismas condiciones también Diether Dehm, diputado alemán de la formación de izquierdas Die Linke, lo volvería a hacer. Tuvo que admitir que había trasladado a un inmigrante africano de Italia a Alemania. La asociación que le pidió hacerlo publicó en Facebook un texto de agradecimiento, la cosa pasó a la prensa y luego a los juzgados. A mediados de abril ha quedado libre sin cargos tras haberse enfrentado a una posible condena de hasta dos años de cárcel. Según cuenta el padre del joven esperaba en Alemania. “En ningún momento quise hacer un acto demostrativo. Solo quería ayudar. Cuando llegó a mi casa (en el lago Maggiore, en el norte de Italia) durmió durante 25 horas seguidas”, dice. Al comentar las repercusiones sobre su imagen pública Dehm, figura reconocida de la izquierda europea, minimiza: “Ya está. No ha pasado nada”. Gortázar considera que mientras no haya uniformidad entre las normas y canales “seguros” de llegada a Europa se seguirán repitiendo casos como estos. En su visión hay que considerar que las leyes internacionales como la Convención de Ginebra sobre los derechos de los refugiados van más allá de las normas nacionales. “Nos hemos acostumbrado a controlar las fronteras con el palo, pero quizás deberíamos empezar a usar zanahorias”, concluye.

A diferencia de Mannoni, Zornig o Dehm, los activistas vascos Mikel Zuloaga y Begoña Huarte, de 61 y 59 años, se fueron a Grecia con un plan. Les detuvieron en el puerto de Igoumenitsa (Grecia) con ocho personas a bordo de su furgoneta —procedentes de Pakistán, Siria, Irak, Afganistán e Irán— que querían llevar a España. “Nadie nace donde quiere”, argumenta por teléfono Zuloaga. Conocido militante de la izquierda abertzale, Zuloaga defiende en conversación con EL PAÍS el empleo de todos los métodos ante la emergencia, sean estos “convencionales y no convencionales”. “Los Gobiernos no obedecen a las normas para el respeto de los derechos humanos. La desobediencia civil les interpela”, afirma. Zuloaga y Huarte están acusados de favorecimiento de la inmigración ilegal e imprudencia grave para la integridad de los refugiados y, según cuenta Zuloaga, todavía no tienen claro a qué pena pueden enfrentarse. Él y Huarte se encuentran libres bajo fianza. La fecha del juicio no ha sido fijada.

El proyecto The New Arrivals está financiado por el European Journalism Centre con el apoyo de la Fundación Bill & Melinda Gates