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Cédric Herrou, el hombre que desafía las leyes migratorias de Francia

El activista gana una batalla al lograr que se relajen las condiciones de vigilancia judicial bajo las que se encuentra por ayudar a inmigrantes

El activista Cedric Herrou, en el Festival de Cannes.
El activista Cedric Herrou, en el Festival de Cannes. WIRELMAGE

Cédric Herrou se ha convertido en una molestia para el Gobierno francés. Con su insistencia en ayudar a migrantes que atraviesan la frontera entre Italia y Francia donde vive, en el valle de la Roya, este agricultor francés ha desafiado una y otra vez a las leyes migratorias de su país. El mes pasado, el activista celebró una gran victoria: el Consejo Constitucional de Francia consagró el principio de “fraternidad” con los inmigrantes al dictaminar que las personas que ayuden de manera desinteresada a los sin papeles en territorio francés —como hace Herrou desde hace años— están actuando legalmente. Ahora ha logrado otra conquista más personal pero no menos simbólica: un tribunal de apelaciones ha levantado parcialmente la vigilancia judicial a la que estaba sometido desde hace un año para evitar, precisamente, que siguiera ayudando a inmigrantes.

El 24 de julio del año pasado, Herrou fue detenido en la estación de tren de Cannes junto con 156 migrantes, la mayor parte sudaneses. El activista, de 38 años, les acompañaba en tren hasta Marsella, donde pretendía ayudarles a presentar su demanda de asilo. Una acción que lleva repitiendo en los últimos años y que ya le ha valido varias condenas; la más dura, de cuatro meses de prisión con la pena suspendida, emitida hace un año. En esta última ocasión, fue imputado por ayudar a entrar en el país a inmigrantes irregulares y proporcionarles alojamiento, el denominado delito de solidaridad. Además, fue puesto bajo control judicial, lo que implicaba que se le prohibía salir del país y hasta acercarse a las estaciones de tren. “Vivo cerca de la frontera franco-italiana y, para llegar a Niza, la ruta más directa es pasar por Italia”, explicaba esta semana en la emisora Franceinfo el problema que le suponía esta situación. Otro inconveniente: “La imposibilidad de viajar al extranjero para continuar mi combate político y para hablar de la cuestión migratoria. Tengo la impresión de haber sido condenado incluso antes de haber sido juzgado”, se lamentó.

La Corte de Apelaciones de Provenza ha decidido este viernes aligerar su control judicial. Herrou recuperará su pasaporte y podrá abandonar el territorio nacional, aunque deberá informar cada vez que se disponga a hacerlo al juez de instrucción que lleva su caso. Además, podrá “frecuentar libremente las estaciones” de tren, según explicó el propio activista. Sin embargo, deberá presentarse ante una comisaría cada 15 días y a Italia solo podrá viajar “por motivos profesionales”.

Si Herrou sigue en cierto modo vigilado es porque su juicio continúa pendiente. Herrou está detrás de la decisión del Consejo Constitucional de elevar a principio con valor constitucional el concepto de “fraternidad”, ya que fue precisamente su caso el que convocó al órgano encargado de controlar la constitucionalidad de las leyes. Su fallo, emitido el 6 de julio, llevó a que en la nueva ley migratoria, aprobada el 1 de agosto, se eliminen las sanciones a quienes ayuden a los inmigrantes durante su “estancia” en Francia o a los que les ayuden a “circular” dentro del país, siempre que sea por motivos humanitarios. Pero sí sigue estando castigada la ayuda a la entrada en Francia de inmigrantes irregulares. Este es uno de los cargos que pesan contra Herrou. El activista, que en el pasado sí reconoció —y hasta mostró— haber ayudado a sin papeles a atravesar la frontera con Italia, niega que en el caso por el que está a la espera de juicio, el de los 156 inmigrantes con los que fue detenido el año pasado, cometiera ese delito.

MSF denuncia la violación de los derechos de los migrantes en la frontera franco-italiana

Pese a las reiteradas advertencias de ONG, de organismos oficiales de derechos humanos y hasta de pronunciamientos judiciales, las autoridades francesas “continúan violando a diario la ley y los derechos de los refugiados y migrantes en la frontera franco-italiana”, según Médicos sin Fronteras (MSF).

La ONG envió entre el 24 y 26 de junio a un grupo de observadores que constataron numerosas irregularidades. De acuerdo con MSF, en ese periodo de tiempo, 157 personas fueron devueltas a Italia sin dárseles la oportunidad de solicitar asilo o que su situación individual fuera tomada en consideración. Otras 76 personas permanecieron detenidas hasta 14 horas —frente al máximo de cuatro horas consideradas admisibles por el Consejo de Estado en 2017— en la oficina fronteriza de la policía en Menton, sin proceso judicial, sin información ni posibilidad de presentar recurso.

Además, según MSF, la policía “no tuvo en cuenta la minoría de edad de 11 jóvenes que fueron devueltos ilegalmente a Italia”. La organización también denunció “controles por rasgos faciales y color de la piel” que, pese a estar prohibidos, “son la norma” durante las revisiones en la estación de Menton Garavan de todos los trenes procedentes de la localidad italiana Ventimiglia, punto principal de paso hacia Francia.

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