La expresidenta boliviana Jeanine Áñez atraviesa un cuadro depresivo y deja de comer en prisión

La expresidenta boliviana Jeanine Áñez, que está en una prisión en La Paz desde el domingo, ha dejado de alimentarse y se encuentra en un cuadro depresivo, según informó la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Amparo Carvajal. “La he visto muy mal. ‘¿Para qué luchar? ¿Para qué vivir?’, me ha dicho” contó Carvajal a la prensa local.

El pasado miércoles Áñez sufrió un episodio de hipertensión arterial y quiso ser trasladada a un centro de salud privado, pero las autoridades no lo permitieron. Los recursos de la cárcel de mujeres en la que está interna eran suficientes para controlar su presión, informaron las autoridades. Luego del incidente circuló una fotografía de la expresidenta recostada con los ojos cerrados, tras haber recibido un sedante. Su hija Carolina denunció que no la dejan entrar a la prisión para ver a su madre. Le pidió al presidente, Luis Arce, que “sea humano, porque aquí también estamos sufriendo sus hijos. Ella necesita tener una atención médica”. También recordó que en su momento, cuando Arce era perseguido durante el Gobierno de su madre, esta le concedió un salvoconducto para que saliera del país y atendiera sus problemas de salud.

Áñez fue sorpresivamente detenida en la madrugada del 14 de marzo, en la casa de su madre, donde estaba escondida. Horas antes, los fiscales encargados del caso golpe de Estado en Bolivia habían emitido una orden de aprehensión contra ella y cinco colaboradores cercanos. Dos de ellos fueron aprehendidos de inmediato. Otros dos ya estaban fuera del país. El último sigue libre, aunque “en la clandestinidad”, y ha responsabilizado al Gobierno de la seguridad de su familia, que se encuentra constantemente vigilada por la Policía. Al mismo tiempo, dos excomandantes militares también están internos en distintas prisiones ordinarias.

La detención de Áñez fue sorpresiva porque la expresidenta y sus ministros no estaban incluidos en este juicio y se suponía que no lo estarían, ya que en él se investiga los momentos previos a la renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre de 2019, en los cuales no tuvieron una participación destacada. La gran causa contra Áñez era su supuesta responsabilidad en la represión militar de las protestas en contra del Gobierno interino, que terminaron con más de 30 muertos y cientos de heridos. Sin embargo, para poder llevarla a los tribunales por esta razón, el Movimiento al Socialismo requería dos tercios de los votos de la Asamblea Legislativa, los cuales no tiene.

La situación de Áñez ha levantado una serie de protestas de distintas instituciones y personalidades internacionales y nacionales. La más llamativa ha sido la del secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien sugirió que los grandes casos judiciales de las gestiones de Evo Morales y Jeanine Áñez, inclusive los que se refieren a “crímenes de lesa humanidad”, sean atendidos por comisiones y cortes internacionales. En opinión de Almagro, la justicia boliviana, siempre dependiente del poder político, no es confiable para tratarlos. Luego de la fuerte reacción del Gobierno de Luis Arce a esta propuesta, el Secretario General de la OEA dijo que enviaría por su cuenta estos casos a la Corte Penal Internacional. Inmediatamente después, los colaboradores del presidente Arce han rechazado esta posibilidad como “ilegal” e “injerencista”.

Otros que han expresado dudas sobre la corrección de la ampliación del caso golpe de Estado en contra de Áñez y sus excolaboradores han sido las instituciones de derechos humanos Amnistía Internacional y Humans Rights Watch, que sospechan de un uso instrumental de la justicia. La oposición boliviana ha condenado lo sucedido como “dictatorial”. En su última declaración pública sobre el tema, el expresidente Carlos Mesa consideró el trato de las autoridades a la expresidenta un “abuso total” y se solidarizó con la posición de Almagro. Otro líder opositor, Samuel Doria Medina, calificó a Luis Arce de “cruel” y “revanchista” por no permitir que Áñez fuera internada en una clínica privada.

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