La llegada de cientos de menores a la frontera sur de EE UU satura las instalaciones de acogida

El número de menores migrantes no acompañados detenidos en la frontera sur de Estados Unidos se ha triplicado en las últimas dos semanas, según publica The New York Times. Son 3.250 menores, de acuerdo con documentos citados por el diario, y 1.360 de ellos han superado el plazo máximo de 72 horas de detención, al término del cual la ley obliga a transferirlos a refugios desde los centros de detención.

Dichas instalaciones, no muy diferentes a prisiones y construidas para alojar a adultos, se encuentran saturadas. Las gestiona la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, que ha sido muy criticada por las terribles condiciones en que se encuentran los niños en estos centros federales. La ley obliga a trasladar a los menores, en el plazo de tres días desde su detención, a refugios gestionados por el Departamento de Sanidad, donde permanecen hasta que encuentren un hogar.

Dichos refugios operaban a capacidad reducida debido a la pandemia, pero el viernes pasado el Gobierno levantó las restricciones. Aun así, según los documentos citados por el Times, también estos refugios se encuentran a 13 días de alcanzar la “capacidad máxima”. Hasta 2.600 menores están esperando ser alojados en estos refugios más adecuados para ellos, según la CNN, pero solo hay 500 camas disponibles.

Las cifras revelan la urgencia para la Administración de Biden de gestionar el incremento de personas que tratan de cruzar la frontera, animadas por la confianza en que este presidente será más compasivo con ellos que el anterior, tal como prometió durante la campaña electoral y ha reiterado durante sus primeras semanas en la Casa Blanca. En enero, en plena transición de poder, la policía interceptó cerca de 78.000 migrantes en la frontera, la cifra más alta para ese mes en 10 años. La mayoría eran adultos o familias que fueron devueltos rápidamente en virtud de la normativa de emergencia por la pandemia. De eso total, 5.800 eran niños no acompañados, que el Gobierno debe por ley asumir bajo su custodia y encontrar un espacio para acogerlos.

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