Alberto Fernández anuncia una querella contra Macri por “malversación” al endeudar a Argentina con el FMI

Alberto Fernández inauguró el año parlamentario con un discurso de tono electoralista y duras amenazas contra la oposición y la judicatura. El presidente argentino anunció una “querella criminal” contra la Administración del expresidente Mauricio Macri por haber protagonizado “la mayor malversación de caudales que nuestra historia recuerda”, en referencia a su endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Y acusó a los jueces de “vivir en los márgenes del sistema republicano” y de “disfrutar de privilegios de los que no goza ningún miembro de la sociedad”.

Fernández fue recibido en el Congreso por la presidenta del Senado, la expresidenta de la República Cristina Fernández de Kirchner, desprovista de mascarilla, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Ante un aforo reducido, por precauciones contra la pandemia, el máximo dirigente argentino abogó por la reconciliación política y a la vez cargó contra sus rivales: hubo que interpretar el largo discurso, de casi dos horas, en clave electoral. Una victoria en las elecciones parlamentarias de octubre próximo es considerada fundamental por la mayoría peronista.

Lo más sorprendente fue la decisión de llevar a los tribunales el préstamo recibido del FMI en 2018, el mayor de la historia de la institución. Fueron 57.000 millones de dólares (46.000 millones de euros), de los que se desembolsaron 44.000 (36.500 millones de euros). “El gobierno que me precedió”, dijo, recibió el préstamo más grande de la historia. Los 44.000 millones se esfumaron antes de que asumiéramos. En 2018, la Argentina fue sumergida en una profunda crisis. No tenemos que permitir nunca más un endeudamiento asfixiante”. Y siguió: “He pedido que se inicie una querella criminal tendente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y malversación de caudales que nuestra historia recuerda”.

Quizá esa querella constituya un desquite por la que presentó la oposición macrista en 2015 contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Fue a cuenta de las pérdidas, unos 17.000 millones de dólares (14.000 millones de euros), en que incurrió el Banco Central por unas operaciones de venta de dólares a futuro. El juez Claudio Bonadio, ya fallecido, fue quien instruyó la causa e imputó, además de a la expresidenta, a su ministro de Economía, Axel Kicillof (actual gobernador de Buenos Aires), y a otros altos funcionarios. Tres años después, el sumario se cerró por ausencia de delito.

La querella también puede ser una forma de desplazar hacia la oposición las sólidas acusaciones de corrupción que persiguen a Cristina Fernández de Kirchner y a varios de sus colaboradores. En cualquier caso, envenena aún más el crispadísimo ambiente político.

Se notó a Fernández descentrado y quizá herido por el escándalo de las “vacunaciones VIP” (la aplicación prioritaria de vacunas a personalidades peronistas, amigos y familiares en el Ministerio de Salud y en el Hospital Posadas), que ensombreció su viaje a México. El presidente dio por zanjado el asunto, que forzó la renuncia de su ministro de Salud (y amigo personal), Ginés González García: “Si se cometen errores, la voluntad es corregirlos de inmediato. Cuando se dijo que las reglas habían sido transgredidas, me he encargado de recabar la información pertinente y aun cuando en lo personal me causaron mucho dolor, tomé las decisiones que correspondían”.

No hubo ningún anuncio económico relevante, pese a lo angustioso de la crisis, porque en año electoral se prefiere evitar los sacrificios. Fernández aseguró que las tarifas de los servicios seguirían congeladas y se atribuyó como éxito el descenso de la inflación en 2020 (36,1% frente al 53,8% de 2019), aunque el mérito correspondería más bien al frenazo de la actividad a causa de la pandemia. De hecho, en enero de este año los precios subieron un 4% y se teme un repunte inflacionario.

El presidente argentino dedicó buena parte de su discurso a criticar a los jueces, empezando por los miembros de la Corte Suprema (que seguían el acto por televisión desde su sede), y a anunciar una batería de reformas que deberían añadirse a la reforma emprendida en 2020. Fernández acusó a los jueces de disfrutar de privilegios y de actuar según las presiones que reciben o según sus preferencias políticas. “Ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el impuesto sobre las ganancias que sí tributan millones de trabajadores y funcionarios del sector público y privado. En el caso de los miembros de la Corte Suprema, acceder a la declaración jurada de sus bienes es prácticamente imposible”, afirmó.

Alberto Fernández anunció la creación de “un tribunal intermedio” de arbitraje previo a la Corte Suprema, otro tribunal encargado de reglamentar la actuación de la Corte Suprema, una reforma del Consejo Superior de la Magistratura “para despolitizarlo” y de una ley para que los delitos federales (como varios de los que se imputan a Cristina Fernández de Kirchner) sean juzgados por jurados populares. “Terminemos con las condenas o absoluciones en función de una preferencia o presión de factores de poder”, proclamó.

El presidente dijo que quería ser recordado por sembrar “la mejor de las semillas que un ser humano puede sembrar: la unidad de su patria más allá de las diferencias”. Su discurso enfureció a la oposición liberal y conservadora, que convocó de inmediato un cacerolazo para esa misma noche.

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