La justicia de La Haya se declara competente para investigar crímenes de guerra en Palestina

La Corte Penal Internacional (CPI) ha declarado este viernes su jurisdicción sobre los crímenes de guerra cometidos en los territorios palestinos. La decisión abre la puerta a la apertura de una investigación contra Israel, que no es país signatario del Estatuto de Roma, el tratado por el que se fundó la Corte en 2002. El Estado judío impugna dicha jurisdicción, al considerar que Palestina no es un Estado internacionalmente reconocido. Desde julio de 2015, la Autoridad Palestina está adherida al Estatuto de Roma. La competencia para las indagaciones se extiende también a las acciones de milicias palestinas como Hamás o la Yihad Islámica.

Tras casi cinco años de estancamiento, la maquinaría de la justicia penal global se puso en marcha en diciembre de 2019, cuando la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, solicito al tribunal que abriese una indagación por crímenes de guerra. “Hay indicios racionales para proceder a una investigación sobre la situación en Palestina”, precisó, por la intervención de las Fuerzas Armadas de Israel y de milicias palestinas. “Estoy convencida de que se han cometido o se están cometiendo crímenes de guerra en Cisjordania, la franja de Gaza y Jerusalén Este”, concluyó Bensouda, antes de solicitar a los jueces que se pronunciaran antes sobre su “competencia territorial” ante la “muy disputada situación legal y de hecho” existente sobre el terreno.

Por dos votos frente a uno, los magistrados de la sala de cuestiones preliminares que han examinado su petición han decidido finalmente que, de acuerdo con los la normativa de la justicia penal internacional, la CPI se declare competente para investigar los crímenes de guerra en Palestina, sin que ello presuponga considerarla como un Estado ni determinar sus fronteras. “La jurisdicción de la Corte sobre la situación en Palestina se extiende a los territorios ocupados desde 1967”, puntualiza la resolución. “La sala no tiene autoridad para impugnar y revisar el resultado del procedimiento de adhesión”. En consecuencia, la fiscalía de La Haya cuenta con el aval de la resolución para abrir una investigación formal por crímenes de guerra en Palestina.

El anuncio ha caído como un jarro de agua fría en Israel en plena festividad judía del sabbat, marcada por la inactividad oficial. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, responsabilizó este viernes a la CPI de “vulnerar la capacidad de los países democráticos para defenderse del terrorismo”. “El tribunal ha demostrado de nuevo que es un organismo político y no una institución judicial”, advirtió el mandatario en un comunicado. “A pesar del acoso legal, Israel seguirá protegiendo a sus ciudadanos y soldados por todos los medios”.

Israel ha sostenido que el tribunal penal de La Haya no tiene jurisdicción sobre Israel, que no firmó el Estatuto de Roma. El fiscal general israelí dictaminó que las acciones legales presentadas por Palestina, que desde 2015 sí se halla sometida a la jurisdicción de la CPI, “carecen de toda validez”, ya que la Autoridad Palestina no es “un Estado soberano de acuerdo con el derecho internacional” y por lo tanto no reúne los criterios para intervenir ante ese tribunal.

Tras la incorporación de Palestina a la jurisdicción de la CPI, en julio de 2015, la fiscalía de La Haya inició diligencias previas sobre la expansión de los asentamientos y la demolición de viviendas palestinas en Cisjordania y Jerusalén Este, y sobre la guerra de 2014 en Gaza (en la que perdieron la vida 2.500 palestinos, dos terceras partes de ellos civiles). Las pesquisas en la Franja también pueden implicar a las milicias del enclave por el lanzamiento masivo de cohetes de forma indiscriminada contra población civil israelí durante el conflicto.

Estas diligencias, incoadas a partir de documentos aportados por la Autoridad Palestina y varias ONG, también responden a una demanda palestina por la muerte de cerca de 300 manifestantes a causa de los disparos de tropas israelíes en la frontera de Gaza entre 2018 y 2019, así como sobre la amenaza de desalojo y expulsión de sus casas de familias beduinas en Cisjordania.

Imputaciones contra militares y civiles israelíes

Por encima de todo, el Gobierno hebreo teme que la apertura de una investigación penal internacional en La Haya pueda conllevar imputaciones contra responsables militares y civiles israelíes como sospechosos de haber cometido crímenes de guerra o contra la humanidad en territorios palestinos. En consecuencia, puedan ser arrestados en el extranjero en virtud de órdenes de detención dictadas por La Haya. La CPI carece de una fuerza policial propia para hacer cumplir sus resoluciones y precisa de la cooperación de los Estados para ejecutarlas.

El Ministerio de Exteriores palestino se mostró de inmediato dispuesto a colaborar con los jueces y celebró en un comunicado la decisión del tribunal en “un día histórico para el principio de responsabilidad” de las naciones. “Es una victoria para el derecho, la justicia y los valores morales”, abundó el ministro de Asuntos civiles, Hussein al Sheij, responsable de las relaciones con Israel en la Autoridad Palestina.

El Departamento de Estado de EE UU expresó “grave preocupación” por la ampliación de la jurisdicción de la CPI a Palestina. La anterior Administración del presidente Donald Trump anunció la imposición de sanciones a la fiscal Bensouda y a los miembros del tribunal ante las expectativas de que Israel fuese investigado por crímenes de guerra en los territorios palestinos. La decisión de la sala de cuestiones preliminares de la Corte Penal Internacional parece haber estado paralizada a la espera del relevo en la Casa Blanca.