Llamando de noche a la puerta de una casa palestina

Cuando alguien llama de madrugada a la puerta de una casa palestina en Cisjordania casi nunca es el lechero. Con una media de 200 allanamientos al mes, según datos de Naciones Unidas, soldados israelíes irrumpen sin orden judicial en moradas en territorio ocupado para detener sospechosos, efectuar registros en busca de armas, tomar una posición estratégica o simplemente para “mapear” su interior, es decir, husmear sobre quién y cómo vive en esa vivienda. “La realidad de una ocupación que dura más de medio siglo difumina la distinción entre las acciones (militares) dirigidas a protegerse de un enemigo y las que solo sirven para mantener el control sobre la población y suprimir cualquier tipo de resistencia civil”, resume el exsargento Avner Gvaryahu, director de Breaking The Silence (BTS, Rompiendo el Silencio), ONG de antiguos militares que cuestiona la ocupación, el informe Una vida al descubierto: Los allanamientos militares de hogares palestinos en Cisjordania, presentado este domingo en Israel.

“Los soldados nos juntaron a todos los miembros de la familia en el comedor mientras pedían que mantuviéramos la calma. Mis hijas mayores empezaron a gritar y el bebé rompió a llorar”, recuerda el palestino H. A. la irrupción de las tropas en su casa en la aldea de Al Mughayir, en la provincia de Ramala, donde se habían producido disturbios el 20 de mayo de 2018. Esa era su declaración ante Yesh Din, ONG pacifista que junto con Médicos por los Derechos Humanos Israel ha participado también en la investigación. “Mi mujer les dijo que tenía que amamantar al bebé, y que no podía hacerlo delante los militares. Entonces le trajeron una sábana para que se tapara”.

Es uno de los 234 testimonios de civiles palestinos y militares israelíes entrevistados por las tres organizaciones que han elaborado Una vida al descubierto. La tensión y la violencia vinculadas a los allanamientos son patentes en el relato. “Había cinco soldados que se quedaron toda la noche en la casa. De madrugada vino mi hermano a buscarme para ir al trabajo”, concluye H. A. “No me dejaron hablarle, pero mi mujer le dijo a gritos que los militares estaban dentro de la casa. Uno de ellos le dio un culatazo en la nuca. Como seguía gritando, otro la encañonó con su arma”.

En mitad de la noche (en nueve de cada diez investigaciones), los niños son despertados y junto con los adultos son arrinconados durante una media de casi dos horas en un solo cuarto (88% de los casos) bajo custodia. Mientras unos soldados abren cajones o armarios después de haber forzado la puerta de entrada (una de cada cuatro ocasiones), otros apuntan con sus armas a miembros de la familia (30%). Es la rutina para la potencia ocupante.

Los soldados israelíes desplegados en Cisjordania que han prestado testimonio en el informe dan cuenta de operaciones sistemáticas destinadas a “mostrar la presencia” de las tropas sobre el terreno. “Muchas veces es solo un pretexto para recordar quién tiene el control del territorio”, recuerda Gvaryahu, de 35 años. En una de sus misiones, como suboficial de una unidad de francotiradores, tuvo que intervenir de madrugada en una aldea de la provincia de Nablus en 2007. “Lo que viví allí me hizo ser consciente de que estábamos violando el santuario que para cada persona es su hogar”, explica. “Fuimos a realizar un registro y, aunque no era necesario, rompimos una ventana con un fusil. Una anciana quedó tendida en el suelo, petrificada por el miedo. Fueron 20 segundos, pero me pareció una eternidad”.

La forma en que se llevan a cabo los allanamientos prioriza las necesidades operacionales de los mandos militares –o de los propios soldados sobre el terreno– frente a los derechos de los civiles, reza el informe, antes de concluir que se produce una sistemática violación de los deberes de las tropas israelíes como fuerza ocupante, de acuerdo con el derecho internacional. Las irrupciones de fuerzas armadas en la intimidad del hogar causan además un impacto devastador en la salud mental de los palestinos, tanto menores como adultos, con secuelas de estrés postraumático, ansiedad o trastornos del sueño.

“El enemigo está dentro de mi propia casa, amenazando a mis hijos, rompiendo mis cosas, y yo no puedo hacer nada. Es mi casa, pero me arrebatan la protección que me ofrece por la fuerza de las armas”, es el testimonio de Hend Hemed, recopilado en 2019 en la localidad cisjordana de Silwad (note de Ramala) por la ONG Médicos por los Derechos Humanos Israel.

Pese a que el derecho internacional no prohíbe expresamente la entrada forzosa en domicilios en territorios ocupados, la ley humanitaria de guerra exige a la potencia ocupante que no viole de forma arbitraria la seguridad de los civiles. Según sostiene el informe, el Ejército israelí recurre con frecuencia a los allanamientos de forma desproporcionada y sin un objetivo militar definido. “Mapear, registrar una casa para recolectar datos de inteligencia militar está justificado cuando hay que hacer frente a un enemigo durante un conflicto armado”, argumentan los investigadores, “pero no cuando solo sirve para contener protestas o imponer la disuasión (de la resistencia civil). Es una práctica ilegal e inmoral, ya que en la gran mayoría de los caos no puede ser considerada como una acción de combate”.

Ariel Bernstein tiene 27 años. Conversa por videoconferencia mientras se aleja de la casa de su familia para que no se le escuche hablar de sus amargas experiencias durante el servicio militar obligatorio. En 2014 participó en Halhul, alrededores de Hebrón, en las operaciones de búsqueda de tres adolescentes israelíes que habían sido secuestrados poco antes de la última guerra de Gaza. “Éramos 15 soldados registrando las aldeas. Entrábamos en casi todas las casas, sin criterio operativo”, recuerda. “Irrumpíamos ante ancianos, niños y mujeres que estaban viendo la televisión por la noche”. Los gestos del joven muestran que los recuerdos no son buenos. “En una ocasión, se disparó la tensión al máximo cuando un hombre nos pidió algo con insistencia, de forma dramática, pero como no hablábamos árabe le contuvimos a punta fusil”, regresa a los detalles de un caso. “Todos estábamos en estado de choque, aunque al final logramos entender qué nos quería decir: una persona mayor tenía que tomar sus medicinas con urgencia”.

La discriminación del doble sistema legal

Las normas de la ocupación sobre allanamientos de viviendas de civiles tienen un carácter esencialmente temporal, pero siguen en vigor desde hace más de 53 años en Cisjordania. Rige un doble sistema legal para sus habitantes en función de su identidad nacional, en particular en la llamada Área C (60% del territorio) bajo control exclusivo de Israel. La ley militar para los palestinos, de un lado, y la ley civil israelí para los colonos de los asentamientos, de otro, en una “sistemática discriminación” que ya fue constatada hace dos años por los representantes diplomáticos de los países de la UE ante Palestina, en un informe confidencial que aludía al régimen sudafricano del apartheid.

Sarah Levy (nombre figurado a petición de la entrevistada), de 24 años, se muestra visiblemente nerviosa cuando rememora su primera noche de patrulla, en las inmediaciones de Hebrón en 2016. “Yo era instructora de tiro, pero me movilizaron; hacía falta una mujer para registrar a las palestinas en sus casas”. Con apenas 20 años tuvo que actuar en plena Intifada de los Cuchillos, la oleada de atentados con arma blanca que se prolongó entre 2015 y 2017. “Por primera vez intervenía fuera de los asentamientos de colonos en Hebrón”, revive esta joven el aparente trauma que arrastra desde entonces. “Mi misión consistía en buscar puñales ocultos bajo las ropas de las mujeres”, detalla. “Luego les pedía perdón en inglés y en hebreo, pero en una situación tan cargada de violencia y de miedo en realidad no sabía qué decir”.

“Desde hace 18 meses, los soldados entran cuando quieren en los dos pisos superiores de mi casa, como si fuera la suya. Vehículos militares les traen agua y comida a cualquier hora del día o de la noche”, lamentaba en 2016 Ghazi Shehadeh, vecino de Huwara (sur de Nablus), el abandono y la desposesión sufrida durante la prolongada violación de su morada. Los investigadores de Una vida al descubierto llegan a la conclusión de que los allanamientos forman parte de una estrategia para reforzar el control militar, inspirar temor e influir sobre la futura conducta de la población. La ley humanitaria internacional prohíbe los castigos colectivos e intimidar a civiles sometidos a ocupación. Para elaborar el informe, las tres ONG israelíes han contado con la ayuda de la Unión Europea.

La ley no exige orden judicial previa, según el Ejército

Las Fuerzas Armadas de Israel rechazan las tesis de informe. “La entrada de fuerzas de seguridad en hogares de palestinos residentes en Judea y Samaria (nombres bíblicos de la actual Cisjordania) se lleva a cabo de acuerdo con la legislación aplicable en el área, que no exige orden judicial previa, y en función del nivel de amenaza terrorista y de las necesidades operacionales”, precisa una nota de los portavoces castrenses para la prensa extranjera.

“Los principales fines son operacionales y de seguridad, para impedir actividades terroristas contra objetivos israelíes. En estas operaciones cientos de terroristas han sido detenidos y se han aprehendido muchas armas y explosivos, así como fondos”, agrega la oficina de prensa militar. “El Ejército adopta estas medidas de acuerdo con la ley internacional y con pleno respeto a los derechos civiles y la dignidad de los residentes. La acusación de que las entradas en hogares palestinos en Cisjordania se efectúan sin sospechas específicas es completamente falsa”, asevera.