La lucha contra la covid-19 en China pone fin a la larga fuga de un asesino confeso

En 1996, un veinteañero de nombre Shi mató a un hombre. El pasado 3 de mayo, convertido en un adulto canoso de 48 años, entró en una comisaría de la ciudad de Hangzhou. Cuando los agentes allí presentes le preguntaron qué deseaba, rompió a llorar. “He venido a entregarme”, musitó entre lágrimas. Los estrictos controles sociales implementados en China en la lucha contra el coronavirus y un mundo analógico que cada vez más pertenece al pasado habían puesto punto final a 24 años de fuga. 

Shi nació en 1972 en el concejo de Qingshui, en el interior de la provincia septentrional de Gansu, la más pobre del país, con la mitad de su territorio ocupado por la aridez del desierto del Gobi. Según él mismo declaró a las fuerzas de seguridad, un día se enfrascó en una discusión sobre una menudencia cualquiera con sus vecinos, lo que desembocó en una pelea en la que uno de ellos perdió la vida. Temeroso de encarar su responsabilidad penal, Shi se escabulló. Así comenzó una vida en la carretera. 

Todo sucedió tan rápido que no tuvo más remedio que dejar atrás todas sus posesiones. Sin carné de identidad ni teléfono móvil para evitar ser identificado, Shi sobrevivió durante más de dos décadas gracias a empleos temporales, la mayoría de ellos en el sector de la construcción, los cuales cobraba en negro y efectivo. “Por el miedo a que me capturaran ni siquiera mantuve el contacto con mi familia”, rememoraba el fugitivo. Tampoco se relacionaba con nadie más allá de la interacción imprescindible con sus compañeros de trabajo. A principios de año, escuchó de boca de uno de ellos que en Qiaoshi, a las afueras de Hangzhou, había en marcha muchos proyectos que requerían de mano de obra. Shi, que acostumbraba a cambiar de lugar de residencia cada poco tiempo, puso rumbo hacia allí. 

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Lo que no sabía era que para entonces los esfuerzos preventivos contra la expansión de virus ya estaban en marcha por todo el país, especialmente en las grandes ciudades. El gobierno chino, que en un primer momento ocultó la gravedad de la pandemia, ha destacado después por la eficiencia de su gestión. En particular por la puesta en marcha de un sistema de jiankangma o códigos digitales de salud, los cuales pueden obtenerse por medio de algunas de las aplicaciones telefónicas más populares del país, como Wechat o Alipay. Cotejando la información de sus desplazamientos y contactos con sus datos biométricos y personales, este servicio ofrece a cada individuo un carné digital que puede adoptar uno de tres colores: verde si está sano; amarillo si es posible que haya estado en contacto con el patógeno; o rojo si supone un riesgo para la salud pública. En los dos últimos casos el portador debe realizar un periodo de cuarentena obligatoria, mientras que en el primero puede moverse libremente por la ciudad.

Por eso, cuando el 1 de mayo Shi alcanzó Hanghzou a base de hacer autostop y se presentó en la obra, el responsable solicitó su carné de identidad y su código verde. Cuando intentó alquilar una habitación, otra vez. Cuando quiso entrar a un supermercado para comprar algo de comer, lo mismo. Los controles estaban por todos lados. Shi vagó por las calles, cada vez con menos dinero en el bolsillo, hasta que al tercer día de su llegada optó por entregarse. “Hangzhou es muy estricta, no tenía dónde ir y entré en pánico”, confesó a los agentes, antes de que estos completaran el procedimiento y le enviaran de vuelta a su Gansu natal, donde enfrentará su sentencia. 

Para el Gobierno chino, el siguiente paso ahora pasa por unificar este servicio en un solo código para todo el territorio nacional. A pesar de que Wechat revisó hace poco sus protocolos de protección de datos, muchos analistas apuntan a que este sistema todavía viola muchas regulaciones en materia de privacidad. Es el signo de los tiempos: cada vez queda menos vida fuera del entorno digital. No hay escapatoria.