La violencia se ensaña contra el periodismo mexicano con un homicidio y un secuestro en menos de 24 horas

Teresa Alcocer Carmona leía la suerte de sus oyentes en una estación de radio de Ciudad Juárez, Chihuahua, al norte de México. El martes al final de la tarde, la locutora, quien se hacía llamar al aire Bárbara Greco, bajaba de un vehículo frente a su casa cuando fue asesinada con dos disparos. Pasó en la colonia El Barreal, apenas al sur del centro de la ciudad fronteriza con Estados Unidos. Alcocer Carmona tenía 37 años.

La noche del miércoles y a cientos de kilómetros al sur de Chihuahua, Adrián Fernández Guerra celebraba su cumpleaños 59 en un bar de la capital de Morelos, Cuernavaca, cuando comenzó una  balacera. Eran las 20.30 (hora local) del miércoles cuando un grupo de hombres armados ingresó al lugar, asesinó a un empleado y secuestró a Fernández Guerra, director de la revista Perfil, dedicada a elaborar reportajes sobre empresarios y políticos del Estado.

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Fernández Guerra fue liberado la tarde del jueves después de un operativo realizado por la fiscalía antisecuestros de Morelos. En la operación participaron militares y policías, que lograron ubicar el periodista y empresario en una casa de seguridad a las afueras de Cuernavaca. Ocho personas fueron detenidas por las autoridades. La liberación se ha convertido en una buena noticia entre el rosario de desgracias que suele acompañar a las informaciones de los periodistas locales.  

Ambos casos reflejan la hostilidad a la que se enfrentan los periodistas en México en medio de una ola de violencia que golpea varias zonas del país. El asesinato de Alcocer Carmona es el segundo que se reporta en 2020 tras la muerte de Fidel Ávila Gómez, también locutor radial, cuyo cuerpo fue hallado el 9 de enero en Michoacán, al oeste del país. La Comisión Nacional de Derechos Humanos afirma que 155 comunicadores han sido asesinados en México desde el año 2000.  

En ambos casos, la información oficial fue escasa. Las fiscalías locales se limitaron a informar que las investigaciones serían ampliadas. Ninguno de los dos periodistas había sido amenazado antes. La desolación frente a esta violencia se ha reflejado muy bien en la voz de Yessenia Balvas Fajardo, esposa de Fernández Guerra, quien la mañana del jueves dijo a los medios, tras presentar su denuncia ante la Fiscalía local: “Llevamos toda la vida aquí, todos lo conocen. Él siempre estaba dispuesto a ayudar y nunca fue amenazado. Regrésenmelo por favor”. 

Periodistas de Morelos se reunieron el jueves en el zócalo de Cuernavaca para presionar a las autoridades por la búsqueda y aparición con vida de Fernández Guerra. Los manifestantes apelaron directamente al presidente, Andrés Manuel López Obrador, para que el mecanismo de protección para activistas y comunicadores funcione efectivamente en coordinación con los gobiernos locales. Desde su creación, en 2012, 292 periodistas amenazados de muerte buscan la protección del gobierno mediante este sistema, del cual las autoridades reconocen fallas tecnológicas y de logística. Las peticiones de los comunicadores morelenses fueron oídas y el país ha encontrado a esta historia un final inesperado. Un final feliz. No así en el caso de Bárbara Greco, cuyo homicidio engrosa una negra lista.