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Trump sale airoso de una denuncia demócrata por hospedar en su hotel de Washington a funcionarios extranjeros

Un tribunal federal rechaza una demanda por violar supuestamente la Constitución al recibir dinero de otros Gobiernos en sus negocios

Fachada del hotel Trump en Washington.
Fachada del hotel Trump en Washington. REUTERS

Exonerado en el juicio por su impeachment, aclamado por los suyos en su discurso sobre el estado de la Unión, contemplando como los demócratas se hunden en la polémica al arranque de las primarias para encontrar al candidato que habrá de hacerle frente en noviembre, la semana triunfal de Donald Trump se completa con una victoria judicial.

Una corte federal de Washington ha rechazado una demanda interpuesta en 2017 por dos centenares de congresistas demócratas, que acusaban al presidente de violar la Constitución al recibir beneficios de Gobiernos extranjeros que se gastan dinero en su lujoso hotel de Washington. El tribunal de apelaciones de la capital no entra a valorar la legalidad de las actividades empresariales del presidente, pero considera que los congresistas no tenían la autoridad legal para demandar. El fallo, emitido por unanimidad por un panel de tres magistrados, sugiere que la demanda podría haber sido admitida a trámite si hubiera sido interpuesta formalmente por la Cámara de Representantes o el Senado, pero considera que los legisladores no podían actuar como demandantes particulares. “Solo una institución puede reivindicar un perjuicio institucional”, afirma la resolución, de 12 páginas.

El presidente no ha tardado en celebrar el fallo judicial. “Otra victoria acaba de llegar. La nerviosa [líder de la mayoría en la Cámara de Representantes] Nancy Pelosi y los demócratas en Congreso me demandaron. Rechazado. Esta vez por unanimidad, en el circuito federal de Washington. ¡Caza de brujas!”, ha tuiteado. “Ha sido una victoria total. Otro caso falso y lo he ganado”, ha dicho a los periodistas en los jardines de la Casa Blanca, antes de salir hacia Carolina del Norte.

“Estamos decepcionados por el fallo y considerando los siguientes pasos”, ha dicho Elizabeth Wydra, del equipo legal que representó a los demócratas en el caso. Los legisladores pueden solicitar una revisión del caso por el pleno del mismo tribunal o apelar al Tribunal Supremo.

Hay otros dos frentes judiciales abiertos, en Richmond (Virginia) y Nueva York, en esta batalla sobre los ingresos que los negocios privados del presidente reciben de autoridades extranjeras. En los tres casos llevados ante la justicia federal, los demandantes denuncian que representantes de Gobiernos extranjeros, como Arabia Saudí, Kuwait o Malasia, han sido clientes del hotel, lo que alegan constituye una violación de una cláusula de la Constitución que prohíbe al presidente recibir regalos o pagos de autoridades extranjeras.

Trump, desafiando los precedentes, no vendió sus negocios tras ser elegido presidente, sino que los colocó bajo un fideicomiso gestionado por sus hijos. Una decisión que le reprochan sus críticos. La compañía anunció, tras la elección de Trump, sus planes para devolver los beneficios derivados de Gobiernos extranjeros. Bajo ese compromiso, la Trump Organization envió al Tesoro cerca 151.000 dólares en 2018 y 192.000 en 2019, pero los críticos denuncian falta de transparencia en el cálculo de esas cantidades.

El lujoso hotel Trump de Washington, enclavado al borde del National Mall y casi a medio camino entre el Capitolio y la Casa Blanca, abrió sus puertas en 2016, justo antes de que Trump fuera elegido presidente. Pronto se convirtió en una de las mayores fuentes de ingresos de la Trump Organization, y uno de los pocos negocios del holding que han experimentado un importante aumento de ingresos tras la llegada del exmagnate a la Casa Blanca.

En octubre, Eric Trump, hijo del presidente y vicepresidente ejecutivo de la compañía familiar, confirmó a The Wall Street Journal que habían puesto a la venta el hotel, en parte debido a las controversias generadas por los citados conflictos de intereses. El edificio es propiedad del Gobierno federal, que lo alquiló a la compañía en 2013 por 60 años, tras un concurso entre varios pretendientes, pero los términos del contrato permiten traspasar el negocio bajo determinadas condiciones.

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