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El encargado de Memoria Histórica que enfrenta a Colombia con sus fantasmas

Víctimas, activistas y opositores piden la renuncia de Darío Acevedo, un académico nombrado por Iván Duque que ha negado la existencia del conflicto armado

El historador Darío Acevedo.
El historador Darío Acevedo. Centro Nacional de Memoria Histórica

La batalla por el relato de medio siglo de guerra no amaina en Colombia, y haber nombrado director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) a un académico que ha negado la existencia de un conflicto armado se convirtió en una piedra en el zapato para el Gobierno de Iván Duque. Aunque la polémica ha rodeado de tiempo atrás a Darío Acevedo, sus posturas le valieron a la entidad gubernamental que dirige desde hace un año ser suspendida de la principal red internacional de lugares de la memoria justamente en la misma semana en que el mandatario pone –este miércoles, en Bogotá– la primera piedra de un museo dedicado por ley a las víctimas.

En medio de la tormenta, agrupaciones de víctimas organizaron un plantón paralelo al evento del museo para pedir la renuncia del funcionario. El más fresco de sus argumentos se remonta al lunes, cuando se conoció una carta en la que la directora ejecutiva de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, Elizabeth Silkes, le informa que el CNMH ha sido suspendido por no suscribir los principios relacionados con el reconocimiento del conflicto armado interno y los derechos de las víctimas, pues Acevedo nunca les contestó una solicitud. "Consideramos que cuatro meses son un tiempo prudente para esperar una respuesta”, explicó la organización sobre una suspensión que se extiende a la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (Reslac).

En sendas entrevistas radiales, el director del CNMH atribuyó la suspensión a una confusión epistolar. “Hay un compromiso con las víctimas y un reconocimiento del conflicto armado, que es una respuesta a las preocupaciones que nos expresaron”, aseguró. El episodio bastó para volver a ubicarlo en el centro de acaloradas controversias que se remontan muchos años atrás.

El expresidente Álvaro Uribe, el más férreo opositor del acuerdo de paz que selló Juan Manuel Santos con la extinta guerrilla de las FARC a finales de 2016, es el mentor político de Duque. Sin embargo, el joven mandatario prometió en campaña que no llegaría a “hacer trizas” los acuerdos, como exigían los sectores más intransigentes de su partido, el Centro Democrático. La controversia arreció cuando, ya en el poder, a Duque le llegó el momento de escoger el reemplazo del reputado abogado y filósofo Gonzalo Sánchez como director del Centro Nacional de Memoria Histórica, la entidad encargada de documentar el conflicto armado y diseñar el Museo de la Memoria.

Diversos observadores temían que el rigor e independencia que caracterizaban los informes en los que el centro ha reconstruido las masacres más emblemáticas de guerrillas y paramilitares, así como las dimensiones de la guerra que ha asolado a Colombia, estuvieran en riesgo bajo una cabeza que lo convirtiera en vocero de un sector político, o de una sola línea de víctimas. Al final, Duque se decidió por Acevedo, un historiador afín al uribismo y los militares que en varios momentos de su carrera negó la existencia de un conflicto armado como tesis académica.

Su nombre ha sido problemático por varios motivos. De hecho, Acevedo ya se sometió a un debate de control político promovido el pasado noviembre por los senadores Iván Cepeda, del Polo Democrático, y Antonio Sanguino, de Alianza Verde, junto a la representante María José́ Pizarro. La citación se originó en declaraciones públicas en las que desconocía el problema de la distribución de la tierra y las cifras sobre víctimas, descalificaba el respaldo internacional al acuerdo de paz y el trabajo del propio CNMH o negaba episodios de la guerra como las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos.

La oposición también lo ha señalado de discriminar a determinados grupos de víctimas, minimizar la responsabilidad de la Fuerza Pública y la dimensión del fenómeno paramilitar, censurar informes y modificar arbitrariamente el guión del Museo de la Memoria, que desde hace algún tiempo está listo. “Es evidente que la comunidad internacional percibe que el doctor Acevedo está en una campaña por borrar la memoria de las víctimas. Estas medidas son resultado de su esfuerzo negacionista durante estos meses”, opinó Cepeda. Aunque el debate de noviembre quedó en suspenso, varios legisladores han anunciado esta semana que lo convocarán de nuevo cuando vuelvan a sesionar en marzo.

“Para las víctimas en Colombia y en el mundo entero es inmensamente importante, es definitivo, que Colombia acepte que aquí hubo un conflicto armado interno, trágico, una verdadera tragedia humana, donde hubo insurgencia y hubo Estado y que dio lugar a cerca de nueve millones de víctimas”, zanjó el sacerdote jesuita Francisco de Roux, quien preside la Comisión de la Verdad. “Es un campanazo muy fuerte para el país, cuando las víctimas quieren que se tome muy en serio lo que pasó aquí. Desafortunadamente en Colombia se volvió un problema político un asunto que no tendría que ser por ningún camino eso”, se lamentó.

Acevedo ha asegurado que ciertos postulados no se pueden imponer como un dogma. Más que teórica o académica, la discusión es política. Desde hace tiempo, en Colombia hay sectores que niegan la existencia de un conflicto armado interno, usualmente vinculados al uribismo, y durante los dos mandatos del expresidente (2002-2010) se dio vuelo a la idea de que lo que enfrentaba el país era una mera amenaza terrorista. En el Gobierno de Santos (2010-2018) esa corriente quedó desvirtuada por la ley de víctimas de 2011, que es el origen tanto del CNMH como del Museo de la Memoria del que es responsable. Además de plantear expresamente medidas de atención y reparación a las víctimas del conflicto armado interno, esa ley allanó el terreno para el acuerdo de paz arduamente negociado con la que fuera la guerrilla más antigua de América.

Los acuerdos también crearon un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que incluye tanto la justicia transicional como la Comisión de la Verdad, que en menos de dos años debe presentar un informe final que dignifique a las víctimas. A diferencia de las comisiones en otros países, la labor de la colombiana ha estado allanada por el trabajo de centros de investigación, universidades y organizaciones que han documentado los horrores de la guerra. Ahí ocupa un destacadísimo lugar el CNMH, pero su hasta hace poco elogiada labor depende de un delicado equilibrio.

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