Irlanda del Norte supera tres años de bloqueo y recupera su autonomía política

Unionistas y republicanos han dado su brazo a torcer a última hora de este viernes y pusieron fin a tres años de bloqueo político en Irlanda del Norte. Este mismo sábado puede volver a convocarse la Asamblea de Stormont (el Parlamento autónomo), cuyas puertas se cerraron después de que las tensiones entre las dos comunidades hicieran imposible el mecanismo de corresponsabilidad establecido en los Acuerdos de Viernes Santo hace 20 años. Londres y Dublín han forzado el acuerdo.

El más reacio a dar luz verde a la nueva propuesta fue el Sinn Féin, partidario de la reunificación del territorio con la República de Irlanda. Su presidenta, Mary Lou McDonald, ha anunciado el respaldo: "Ya tenemos las bases para restablecer un poder compartido, y estamos a favor de ello. No hay duda de que tenemos serios retos por delante. Entre ellos, el impacto del Brexit y las consecuencias de la austeridad. Nuestro mayor desafío, sin embargo, será asegurar que se trata de un poder compartido sincero y que se construya sobre la igualdad, el respeto y la integridad", ha dicho.

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Los Acuerdos de Viernes Santo de 1989, que pusieron fin a décadas de conflicto armado en la región, obligaban a un esquema constante de corresponsabilidad entre unionistas y protestantes. Debían alternarse al frente del Gobierno y el juego de control y balance establecido en la Asamblea Autónoma no permitía a ninguna de las dos partes imponer sus criterios sobre la otra. Lo que empezó como un escándalo del Gobierno unionista en torno a sus planes de energías renovables para la región acabó destapando años de tensión y susceptibilidades que hicieron estallar el Parlamento y el Ejecutivo. Londres decidió recuperar las competencias y hasta la fecha ha tenido Westminster el control de Irlanda del Norte.

En los últimos meses del mandato de Theresa May como primera ministra, Downing Street forzó a las dos partes a volver a sentarse a negociar. Este viernes, con el impulso conjunto del Gobierno de la República de Irlanda, el ministro del Reino Unido para Irlanda del Norte, Julian Smith, hacía pública la propuesta, que lleva el nombre de New Decade, New Approach (Nueva década, nuevo planteamiento). Como última medida de presión, Smith había amenazado con convocar nuevas elecciones en el territorio si el acuerdo no obtenía el respaldo de las dos partes enfrentadas. En las elecciones generales del Reino Unido del pasado 12 de diciembre, los republicanos obtuvieron por primera vez un escaño más que los unionistas. El Partido Democrático Unionista (DUP) dio desde primera hora de este viernes señales de que estaba dispuesto a dar su brazo a torcer y encauzar la situación. "No es un acuerdo perfecto, pero reconocemos en él elementos que son el producto de largas negociaciones y que representan compromisos y cesiones. Siempre será necesario ceder en algo a cambio de algo", reconocía su líder Arlene Foster.

El acuerdo contempla la posibilidad de que el gaélico comparta oficialidad con el inglés como lengua de Irlanda del Norte. A cambio, habrá un reconocimiento expreso a lo que los unionistas defienden como su propia cultura y lengua "Ulster-Scots" (irlandesa-escocesa, propia de una minoría étnica cuyo origen son inmigrantes escoceses presbiterianos). Impone además cambios en el mecanismo parlamentario denominado Petition of concern (interés afectado), una especie de veto por el que cualquiera de las comunidades podía bloquear, con la firma de treinta parlamentarios, cualquier iniciativa legislativa, con el argumento de que afectaba a los intereses concretos de una de las partes y el asunto debía ser resuelto por consenso. Fue utilizado en más de cien ocasiones de un modo abusivo y fue factor determinante para que la comunidad derivara en una situación de bloqueo.

Pero sobre todo el mayor estímulo para recuperar la senda del consenso estaba en el “gran paquete de ayuda financiera” prometido por Londres a condición de que la Asamblea de Stormont volviera a constituirse, así como ayudas del Gobierno irlandés, incluida una línea de tres años de financiación de infraestructuras en la región.

En los últimos meses, la parálisis en la toma de decisiones había provocado una huelga masiva de trabajadores de la sanidad pública, que entre otras mejoras reclamaban la equiparación de sus salarios a la de sus compañeros en el resto del Reino Unido. Asuntos legales pendientes, como la asimilación de las leyes de interrupción del embarazo a las de Inglaterra, Escocia o Gales, debieron ser impulsados por la oposición laborista en la Cámara de los Comunes, a pesar de la reticencia del Gobierno conservador, que alegaba que se trataba de competencias autónomas.