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Un tribunal turco condena a 27 años de cárcel al periodista Can Dündar, exiliado en Alemania

El exdirector del diario ‘Cumhuriyet’ ha sido juzgado por la publicación de un artículo sobre el presunto envío de armas a Siria

El periodista Can Dündar, durante una conferencia de prensa en Berlín el pasado octubre.
El periodista Can Dündar, durante una conferencia de prensa en Berlín el pasado octubre.ODD ANDERSEN (AFP)
Andrés Mourenza

Un tribunal de Turquía ha condenado este miércoles a 27 años y medio de cárcel al periodista Can Dündar, actualmente exiliado en Alemania, por haber publicado, cuando era director del prestigioso diario opositor Cumhuriyet, lo que era considerado un secreto de Estado: el envío de armas a los rebeldes sirios por parte del Gobierno turco en contravención de las normativas nacionales e internacionales. Los jueces han absuelto a Dündar del delito de “revelación de secretos de Estado”, pero sí han aceptado las acusaciones hechas por la Fiscalía de “obtención ilegal de secretos de Estado con motivos de espionaje” y “colaboración con organización armada terrorista”.

Los hechos que desataron esta polémica se remontan a enero de 2014 cuando, tras recibir un soplo, unos gendarmes detuvieron tres camiones en la provincia de Adana (sur de Turquía) y descubrieron que iban cargados de armas. Viajaban con protección del MIT, el servicio secreto turco, y con destino a Siria. La Fiscalía provincial abrió entonces una investigación sobre el envío de armas que fue rápidamente cerrada gracias a las maniobras del Gobierno de Recep Tayyip Erdogan. Se cree que el soplo y el registro de los camiones pudo proceder de sectores vinculados a la cofradía de Fethullah Gülen, que entonces había roto su alianza con Erdogan y se hallaba en plena lucha de poder con el político islamista. Posteriormente, los gülenistas fueron declarados organización terrorista.

Más de un año después, el diputado Enis Berberoglu, del principal partido de la oposición, el socialdemócrata CHP, se hizo con las grabaciones del registro de los camiones —presuntamente se las facilitaron los gülenistas—, y las pasó al diario Cumhuriyet, que las publicó abriendo así un debate sobre los tejemanejes de Ankara en Siria, en cuya guerra, entonces, no estaba oficialmente implicada. Erdogan acusó al rotativo de “espionaje” y su Gobierno justificó que el envío era solo de ayuda para los turcomanos de Siria que luchaban contra el régimen de Bachar El Asad.

A Berberoglu se le levantó la inmunidad parlamentaria en 2016 para ser juzgado y fue condenado a 25 años de cárcel por un delito de “revelación de secretos”. Posteriormente, fue reelegido diputado en 2018 y, consecuentemente, hubo de ser excarcelado, para serle de nuevo retirada la inmunidad en junio de este año. Actualmente cumple la pena en régimen de arresto domiciliario.

Can Dündar fue arrestado en 2015 y encarcelado durante tres meses junto al periodista que firmó aquella información sobre los envíos ilegales de armas, Erdem Gül. Tras su puesta en libertad condicional fue juzgado y condenado a cinco años de cárcel por los delitos de “obtención ilegal y revelación de secretos” (durante la última sesión del juicio un individuo le disparó sin llegar a herirlo). Dündar no esperó a que se resolvieran sus apelaciones y se marchó al exilio en Alemania, desde donde dirige un medio digital de oposición.

En 2018, el Tribunal Supremo ordenó, de hecho, que se repitiese el juicio contra Dündar por considerar que las penas impuestas eran demasiado leves para los delitos imputados. Así se inició el proceso que ha terminado este miércoles, con la condena en rebeldía del periodista. Los abogados de la defensa rechazaron acudir a la lectura del veredicto, alegando que el juicio “no fue imparcial” y la sentencia ha sido “política” y estaba “decidida de antemano”.

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Según el Sindicato de Periodistas de Turquía, 70 empleados de medios de comunicación permanecen entre rejas en el país euroasiático. La cifra se ha reducido desde el periodo posterior al intento de golpe de Estado de 2016, cuando llegó a haber el doble de encarcelados. Pero la presión a los periodistas y medios críticos continúa mediante la constante interposición de demandas por parte de la élite gobernante y la apertura de investigaciones desde una Fiscalía fuertemente controlada por el Gobierno.

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