Sudán define dividido su nuevo lugar en el mundo

Cuando a finales de noviembre una delegación de Israel aterrizó por primera vez en Sudán desde el anuncio, un mes antes, de que ambos países se disponen a normalizar relaciones, lo hizo en una visita marcada por la confusión. La radio del Ejército israelí había avanzado su llegada, pero, en Jartum, el Gobierno civil que pilota la transición democrática del país negó tener información al respecto mientras sus líderes militares permanecían en silencio.

A los pocos días, Mohamed Al Faki Suleiman, portavoz del Consejo Soberano sudanés, el órgano cívico-militar que actúa como jefe de Estado durante la transición, reconoció al canal de televisión Alhurra que el encuentro, de carácter militar, había tenido lugar, y justificó que no se hubiera anunciado alegando que la cita no fue ni significativa ni política. El 5 de diciembre, sin embargo, el ministro de Información, Faisal Mohamed Salih, volvió a la carga en una entrevista con la emisora local S24, y repitió que la visita no se había coordinado con el Ejecutivo. “Se supone que [las relaciones exteriores] están en manos del consejo de ministros”, insinuó. Criticó así que los asuntos relativos a la normalización con Israel hayan sido gestionados “unilateralmente por el Ejército”.

El dardo de Salih fue la última muestra de la tensión que existe entre civiles y militares en el Gobierno de transición sudanés. Pero su inusual reprobación pública también dejó al descubierto sus diferencias en política exterior justo cuando Sudán empieza a reintegrarse en la escena internacional tras el derrocamiento del dictador Omar al Bashir, en abril de 2019, y comienza a definir el nuevo lugar que quiere ocupar en el mundo.

“Esta tensa relación entre los civiles y los militares es una realidad de la transición. Existe una disputa constante por el poder, y uno de los ámbitos donde esto se ve con mayor claridad es en la política exterior”, señala el diplomático Alberto Miguel Fernández, jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Sudán entre 2007 y 2009.

El caso de las relaciones con Israel es en el que las consecuencias de esta división, sumada a las formas precipitadas de la Administración de Donald Trump, son más evidentes. Así, su normalización es parte del polémico acuerdo anunciado en octubre por el presidente saliente de EE UU en el que la Casa Blanca se comprometía a sacar a Sudán de la lista negra de países que patrocinan el terrorismo. También promovía restaurar su “inmunidad soberana” a cambio de que Jartum pague compensaciones millonarias a las víctimas de los atentados en las embajadas de EE UU en Kenia y Tanzania, en 1998, y establezca lazos con Israel. Al recuperar la inmunidad, todos los casos abiertos contra Jartum en tribunales estadounidenses quedarían anulados y no se admitirán nuevas demandas contra el Gobierno sudanés.

A pesar de que Washington retiró a Sudán de la lista de países que apoyan el terrorismo el pasado lunes, casi dos meses después del anuncio, el acuerdo todavía parece hacer agua por momentos. Sudán e Israel aún no han rubricado un texto; sus relaciones las monopolizan los militares sudaneses; y la inmunidad soberana —que nunca estuvo en manos de la Casa Blanca— sigue estancada en el Congreso de Estados Unidos, donde senadores demócratas quieren extraer todavía más concesiones a Sudán. Además, el Senado cerrará el 21 de diciembre hasta febrero, lo que retrasaría todo el proceso hasta el año que viene.

“La Administración Trump estaba mucho más interesada en hacer un anuncio de acuerdo que en los detalles de ese acuerdo”, considera Cameron Hudson, investigador del Atlantic Council. “Han logrado lo que querían, pero ahora que tratan de implementar el pacto se están dando cuenta de que pasaron detalles importantes por alto y están haciendo que se desmorone”, agrega el también exjefe de gabinete del enviado especial de Estados Unidos a Sudán.

Más allá de EE UU

Otro punto de bifurcación entre las autoridades sudanesas empieza en Rusia. A mediados de noviembre, el presidente Vladímir Putin aprobó un acuerdo —pendiente de ratificación— para establecer en Sudán una base logística de la Armada que, según un borrador de la agencia TASS, podría alojar a 300 efectivos y cuatro buques, incluido uno nuclear.

El exjefe de la Armada rusa Viktor Kravchenko señaló en noviembre a Interfax que el principal objetivo de la base, que sería la segunda del país en la región, es restaurar y aumentar su presencia en una zona de importancia geoestratégica como es el mar Rojo. Pero el acuerdo, que es el primero de esta envergadura desde que se inició la transición y que se construye sobre un pacto de 2019 entre Moscú y militares sudaneses, solo contempla contrapartidas militares.

“La normalización [de relaciones] con Israel y la base naval rusa son decisiones que han sido tomadas por los militares y que solo benefician a los militares”, apunta Kholood Khair, directora de Insight Strategy Partners, un centro de investigación con sede en Jartum. “El Ejército está tomando decisiones sin consultar a los civiles, que en lugar de hablar sin reservas de ello permanecen callados”, observa Hudson, que añade que eso muestra la “debilidad fundamental” del Gobierno civil.

Una dinámica similar ocurre con dos de las principales potencias del Golfo, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Riad y Abu Dabi fueron las capitales que ofrecieron un apoyo más sustancial a la Junta Militar que asumió las riendas en Sudán tras derrocar a Al Bashir, incluidos 3.000 millones de dólares (2.500 millones de euros) en asistencia, en un gesto que pareció emular la intervención para cimentar a Abdelfatá Al Sisi en Egipto tras su golpe de Estado en 2013. Pero desde que Sudán inició su transición, el apoyo financiero del Golfo se ha detenido.

“A los saudíes y emiratíes no les interesa averiguar cómo toman forma las complejidades políticas: quieren algo fácil y conveniente. Y en el Ejército, con su cadena de mando, solo necesitas hablar con una persona”, considera Khair, que cree que tampoco quieren que su propia gente “vea a Sudán pasar de una autocracia a una democracia con éxito”. Un caso singular en este ámbito se ha dado con Egipto y Etiopía, vecinos de Sudán con los que Jartum ha mantenido tensas negociaciones sobre la gestión de la presa que los etíopes están ultimando en el Nilo. Aunque incluso con estas conversaciones lideradas por civiles, El Cairo y Adis Abeba están en contacto también con los militares por la gran importancia del proyecto.

Pese a esta preeminencia de los militares, Fernández cree que no se trata de una realidad monolítica. “Los civiles se han ganado con su labor una buena consideración ante parte de la comunidad internacional. Los militares tienen mucho poder y ciertamente pueden mover las cosas en una dirección determinada, pero al final del día la mayoría de la comunidad internacional quiere que [ambos] jueguen bien juntos”, considera.

Hudson, en cambio, apunta que una de las principales razones por la que los militares están pudiendo definir la política exterior de Sudán es que los aliados del país, ya sean recientes, como EE UU, Israel o países europeos; o tradicionales, como las monarquías del Golfo, se dirigen primero a los militares en lugar de a los civiles cuando quieren dialogar con Jartum. “Hasta que los aliados no empiecen a dirigirse a los líderes civiles, estos van a seguir marginalizados”, sentencia.