Represión política

Irán ejecuta a un periodista opositor acusado de alentar las protestas contra el régimen

Ruhollah Zam ha sido ahorcado apenas cuatro días después de que el Supremo ratificara su condena

El activista iraní Ruhollah Zam, en una de las sesiones del juicio en que fue condenado a muerte.
El activista iraní Ruhollah Zam, en una de las sesiones del juicio en que fue condenado a muerte.Ali Shirband / AP

Irán ha ejecutado este sábado a Ruhollah Zam, un periodista opositor refugiado en Francia a quien la Guardia Revolucionaria logró capturar el año pasado con una operación de engaño. “El director de la cadena contrarrevolucionaria Amadnews fue ahorcado esta mañana”, ha anunciado la televisión estatal. El activista fue condenado a muerte el pasado junio bajo la acusación de fomentar la violencia durante las protestas populares de hace tres años.

“Su ejecución es un golpe mortal a la libertad de expresión en Irán y muestra hasta dónde son capaces de llegar las autoridades iraníes para infundir miedo y disuadir a la disidencia”, ha denunciado Diana Eltahawy, vicedirectora regional para Oriente Próximo de Amnistía Internacional (AI). La organización ha calificado de “injusto” el juicio porque Zam, de 48 años, no tuvo acceso a un abogado de su elección. AI ha revelado de que ni el reo ni su familia (que le visitó el viernes en la cárcel) fueron informados del inminente cumplimiento de la pena.

Hace apenas cuatro días que el Tribunal ratificó su sentencia. La televisión ha justificado la rápida ejecución por la “gravedad de sus delitos”. Francia y varios grupos de derechos humanos condenaron esa decisión. El grupo de defensa de la libertad de expresión Reporteros Sin Fronteras (RSF) también ha reprobado el ahorcamiento de Zam. “RSF expresa su indignación por este nuevo crimen de la justicia iraní y considera al líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, como el responsable de esta muerte”, ha tuiteado.

Hijo de un clérigo reformista, Zam dirigía desde el exilio Amadnews, un canal de noticias con difusión en Telegram que fundó en 2015 con otros colegas y que logró superar el millón de seguidores. Desde sus orígenes, se dedicó a publicar información sin censurar, incluidas filtraciones de fuentes oficiales anónimas. Pero fue durante las protestas que estallaron a finales de 2017 cuando la popularidad del canal atrajo la atención de las autoridades. Su cierre en 2018, por supuestamente incitar a la violencia, solo sirvió para que reapareciera con otro nombre y un mayor número de seguidores.

La detención de Zam fue publicitada en octubre 2019 como un gran logro de los servicios de espionaje de la Guardia Revolucionaria, el ejército ideológico que se ha convertido en el verdadero poder de Irán. Dijeron que le habían “atrapado” como resultado de “una compleja operación de engaño” sin precisar el lugar ni la fecha. El periodista devenido en activista se había autoexiliado en Europa tras haber sido encarcelado por participar en las protestas por la reelección de Mahmud Ahmadineyad en 2009 y obtuvo asilo político en Francia.

La semana pasada, Nur News, una agencia de noticias próxima a la Guardia Revolucionaria, reveló que Zam “fue trasladado a Irán” desde Irak, a donde viajó en septiembre de 2019, confirmando un persistente rumor desde que se conoció su detención. La Guardia le acusó entonces de trabajar “bajo la dirección de los servicios secretos franceses” y con “el apoyo” de las agencias de espionaje de Estados Unidos e Israel.

Refractario a la menor crítica, el régimen islámico acusa sistemáticamente a Estados Unidos y a los opositores en el exilio de los brotes de malestar que periódicamente sacuden el país. Las autoridades calificaron de “sedición” las manifestaciones contra la carestía de la vida que se extendieron por numerosas ciudades iraníes entre el 28 de diciembre de 2017 y el 3 de enero de 2018, en las que se produjeron una veintena de muertos, según cifras oficiales. Apenas un año más tarde, la represión de las protestas contra el aumento del precio de la gasolina se saldó con tres centenares de muertos, según Amnistía.

Aunque esta organización se opone a la pena capital en todas las circunstancias, recuerda que bajo la legislación internacional esta se debe a los delitos más graves, aquellos en los que exista intención de matar. En Irán, además de castigar el asesinato, la violación, el secuestro o el terrorismo, se utiliza también contra los disidentes políticos a menudo bajo acusaciones tan imprecisas como “hacer la guerra a Dios” o “extender la corrupción en la tierra” (fasad fil arz), la figura de la ley islámica que se le aplicó a Zam.

En los últimos años, la República Islámica ha tenido el dudoso honor de ser el país con más ejecuciones per cápita, solo superado en cifras absolutas por China. En la primera mitad de 2020, las organizaciones de derechos humanos han contado 136. El pasado octubre, la Nobel de la Paz iraní Shirin Ebadi respaldó una campaña pidiendo que se vete la participación de su país en las competiciones internacionales tras la ejecución de un campeón de lucha, Navid Afkari, de 27 años, que protestó contra el régimen islámico.

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