Irán condena a muerte a un activista que capturó fuera del país el año pasado

Irán ha condenado a muerte a Ruhollah Zam, un activista a quien la Guardia Revolucionaria capturó el año pasado fuera del país, bajo la acusación de alentar las protestas contra el Gobierno a través de las redes sociales. La dura sentencia es el último ejemplo de la reducción del espacio para la discrepancia que también amenaza el acceso a Instagram, la única red social occidental que ha sobrevivido a las crecientes prohibiciones del régimen islámico y que el nuevo Parlamento quiere censurar.

“Zam ha sido condenado por corrupción en la tierra por un tribunal revolucionario”, ha informado el portavoz del poder judicial, Gholamhosein Esmailí, durante su conferencia de prensa semanal, sin precisar cuándo se había pronunciado la sentencia. El cargo de corrupción en la tierra, una figura de la ley islámica (fasad fil arz) de difícil traducción, es el mayor delito recogido en el código penal iraní. Se refiere a aquellas personas que amenazan la paz social y política. Esmaili, citado por la agencia de noticias Mizan, ha dicho que la pena podía recurrirse.

La detención de Zam, de 47 años, fue publicitada el pasado octubre como un gran logro de los servicios de espionaje de la Guardia Revolucionaria, el ejército ideológico que se ha convertido en el verdadero poder en Irán. Dijeron que le habían “atrapado” como resultado de “una compleja operación de engaño” sin precisar el lugar. El periodista devenido en activista se había autoexiliado en Europa tras haber sido encarcelado por participar en las protestas por la reelección de Mahmud Ahmadineyad en 2009 y obtuvo asilo político en Francia.

Hijo de un clérigo reformista, Zam dirigía desde el exilio Amadnews en Telegram, un canal de noticias que fundó en 2015 con otros colegas y que logró superar el millón de seguidores. Desde sus orígenes, se dedicó a publicar información sin censurar, incluidas filtraciones de fuentes oficiales anónimas. Su cierre en 2018 solo sirvió para que reapareciera con otro nombre y un mayor número de seguidores.

Refractarios a la menor crítica, los dirigentes iraníes han responsabilizado a Estados Unidos y a sus aliados árabes de fomentar las sucesivas protestas que desde hace tres años sacuden el país, sobre todo por el deterioro de la economía, pero también por la falta de libertades. El progresivo control de todas las palancas del poder por parte de los sectores más ultras (no solo en cuestiones sociales sino también obsesionados con la seguridad) ha visto como al mismo tiempo se cerraban las escasas vías para expresar el descontento.

En contraste con sus promesas electorales de atajar las dificultades económicas, los diputados elegidos el pasado febrero dedicaron una de sus primeras reuniones la semana pasada a atacar Instagram. Se trata de la única de las redes sociales occidentales que aún no está bloqueada en Irán y que utilizan la mitad de sus 84 millones de habitantes, incluidos muchos de sus dirigentes.

“Está acabando con las convicciones religiosas de nuestros jóvenes (…) y desintegrando a muchas familias iraníes”, denunció el conservador Musa Ghazanfarabadí. El asalto contra Instagram tiene sin embargo motivaciones políticas. Después de que EE UU asesinara al general Qasem Soleimaní el pasado enero, esa red retiró contenido elogioso hacia el poderoso militar iraní, lo que desató la ira de los ultras, que empezaron una campaña para su prohibición. De hecho, el presidente de la Cámara, Mohammad Bagher Ghalibaf, se quedó a un paso de pedirla cuando exigió al ministro de Información y Tecnología de las Comunicaciones, Mohammad Jahromí, “supervisión firme y controles estatales”.

Pero ni Jahromí ni el Gobierno al que pertenece tienen muchas competencias al respecto. Las promesas electorales de Hasan Rohaní de liberalizar el acceso a las redes sociales han quedado en agua de borrajas ante las crecientes restricciones impuestas por el poder judicial, el Consejo Supremo del Ciberespacio o el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, cuyos responsables nombra directamente el guía supremo, el ayatolá Ali Jameneí. Tras las protestas por el aumento del precio de la gasolina el pasado noviembre incluso se bloqueó por completo internet durante dos semanas, algo que el propio Rohaní aceptó por “motivos de seguridad”.