Grupos de derechos humanos de Colombia piden a España que rechace al candidato de Iván Duque a la embajada

La posibilidad de que el exfiscal de Colombia, Néstor Humberto Martínez, sea nombrado embajador de Colombia en España ha despertado indignación a ambos lados del Atlántico. Este jueves a mediodía, organizaciones sociales y grupos de derechos humanos se concentraron ante la sede diplomática en Madrid para rechazar el nombramiento; mientras desde Colombia se dirigen dos cartas al Gobierno español: una, firmada por veinte congresistas y dirigida al presidente Pedro Sánchez; y otra de organizaciones de derechos humanos a la ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, para pedirle “denegar el plácet del Estado español con respecto a su asignación a la Embajada de Colombia en España según lo establece la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas”, de acuerdo con el documento del Comité por la paz de Colombia en Madrid.

Néstor Humberto Martínez dimitió en 2019 a su cargo como fiscal general de la Nación en medio de serios cuestionamientos que sembraron sospechas sobre su trabajo en la investigación del caso Odebrecht; y meses después de la muerte con cianuro de Jorge Enrique Pizano, el principal testigo de la trama de corrupción. Pizano, auditor de una millonaria obra para construir la Ruta de Sol, que conectaría Los Andes con el Caribe, le informó a Martínez sus inquietudes sobre las posibles irregularidades según las cuales la firma habría pagado sobornos por 19 millones de dólares. Sin embargo, en grabaciones que se hicieron públicas tras la muerte de Pizano, se escucha cómo el exfiscal lo instaba a “quedarse quieto”. Para ese momento, Martínez era abogado de Corficolombiana, el socio local del millonario proyecto.

Pero no es la única razón que esgrimen quienes buscan evitar su nombramiento como embajador en una de las plazas diplomáticas más importantes para Colombia. Recientemente, el diario local El Espectador reveló que Martínez habría intentado “sabotear” el acuerdo de paz firmado entre el Estado y las FARC, que la Fiscalía aportó cinco kilos de cocaína para una operación de “entrampamiento” en asocio con la DEA, con la cual harían caer a los negociadores de la guerrilla, Jesús Santrich e Iván Márquez. Con ese argumento, al menos veinte congresistas de la oposición al Gobierno de Iván Duque enviaron una carta al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, manifestando su preocupación por el nombramiento que consideran “un acto inmoral que solo beneficia a los enemigos de la paz” y “es un escape para que las investigaciones que se adelantan en su contra puedan avanzar”.

Según la investigación periodística, Martínez habría dificultado también el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que juzga los delitos más graves del conflicto armado, pues de 24.000 audios contra los guerrilleros que servirían para demostrar su vinculación al narcotráfico después del proceso de paz -causa de violación al acuerdo-, solamente habría entregado doce audios a la JEP. El Tribunal de paz ha dicho que solicitó a la Fiscalía de Martínez y a Estados Unidos todas las pruebas para decidir jurídicamente sobre Santrich y que estas fueron negadas. La JEP, entonces, negó la extradición del exnegociador, que estuvo detenido un año, y ordenó su liberación, ante lo cual Martínez renunció a su cargo. Esa decisión- dijo el fiscal en su momento- es un “desafío al orden jurídico que no será refrendado por el suscrito”. Tras el lío jurídico, Santrich y Márquez retomaron las armas y traicionaron el proceso de paz.

La carta dirigida a la ministra de Relaciones Exteriores también hace énfasis en el impacto que el nombramiento tendría en la aún inestable implementación del proceso de paz. “Este caso de montaje judicial demuestra que Néstor Humberto Martínez realizó un ataque directo a los avances del Acuerdo de Paz, quitándole recursos y atacando a la justicia transicional al sabotear la reputación y el actuar de la Jurisdicción Especial de Paz – JEP – y de la Comisión de la Verdad, señalándoles de criminales”, indica la misiva que será enviada a la ministra de Relaciones Exteriores y ha sido firmada hasta el momento por 210 organizaciones sociales y cerca de 4.000 personas.

La concentración de este jueves, que reunió a unas 60 personas fue la antesala a la movilización del 21N, el paro del próximo sábado, que conmemora un año de las protestas contra el Gobierno de Iván Duque. Según Natalia Munevar, del Comité por la Paz de Colombia en Madrid, a las exigencias de detener la violencia y las masacres, se sumarán el rechazo al nombramiento del polémico abogado, que ha sido ministro en los Gobiernos de Ernesto Samper, Andrés Pastrana, designado fiscal por Juan Manuel Santos, y ahora podría ser el representante de Iván Duque en España.