El presidente interino de Perú asegura que respetará el calendario electoral
Manuel Merino, primera autoridad del Congreso, sustituye al destituido Vizcarra con la promesa de un gabinete “de consenso”. El país acude a las urnas en abril
“No hay nada que celebrar”. Con estas palabras el congresista Manuel Merino tomó posesión este martes a media mañana como presidente interino de Perú en sustitución de Martín Vizcarra, destituido por el Parlamento la noche de lunes después de que la Fiscalía lo acusara de haber recibido sobornos. El político mantendrá ese cargo hasta el próximo mes de julio, cuando está previsto que asuma el poder el ganador de las elecciones presidenciales de abril. Representante del partido de centro derecha Acción Popular, el encargado de pilotar esta etapa de transición se desempeñaba como jefe del poder legislativo. Prometió respetar el cronograma electoral y formar un gabinete “de consenso y unidad nacional”.
Merino es uno de los parlamentarios que buscaba destituir al mandatario desde septiembre, cuando una primera moción opositora de “vacancia presidencial” por incapacidad moral no alcanzó los votos suficientes. “Este Parlamento ha actuado respetando el debido proceso: asumimos esta responsabilidad con entereza moral y valores”, afirmó ante el hemiciclo después de un juramento en el que prometió “cumplir y hacer cumplir la Constitución, respetar la libertad de culto y la importancia de la iglesia católica”. El presidente interino cumplió un polémico papel en el primer intento de destituir a Vizcarra. Antes de aquella votación en el pleno, llamó por teléfono al jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, quien prefirió no contestar la llamada. Entonces, se comunicó con el comandante general de la Marina, al que comunicó que el proceso contra el presidente se realizaría “en calma”.
La noche del lunes, con 105 votos, el Parlamento aprobó la destitución, una medida legal pero rodeada de dudas y polémica, pues para determinar la “incapacidad moral permanente” el Congreso se basó en los indicios de una investigación de la Fiscalía contra Vizcarra por supuestos sobornos que recibió de constructoras en 2014, cuando era gobernador regional del departamento de Moquegua.
La decisión del poder legislativo ha sido rechazada en protestas callejeras y cacerolazos en las principales ciudades desde la noche del lunes. Ante el riesgo de una convulsión social, nada más prestar juramento, Merino aseguró que “los votos no fueron comprados”. El político anunció también que nombrará un gabinete de ministros de “ancha base”. Mientras tanto, los carteles de “Merino golpista”, “Merino no es mi presidente. Fuera, no me representas”, siguen circulando entre manifestantes en los alrededores del Congreso y de Palacio de Gobierno.
La propuesta para destituir al presidente fue presentada el pasado 20 de octubre por 27 congresistas después de que la prensa publicara testimonios de personas que querían colaborar con la Fiscalía sobre el supuesto pago de sobornos a Vizcarra por parte de la constructora Obrainsa y su socia italiana Astaldi, a cambio de la adjudicación de una obra de irrigación llamada Lomas de Ilo. Según las pruebas entregadas por la acusación, el monto ascendía a unos 281.000 dólares. A esa cantidad se suman supuestos pagos irregulares por la construcción de un hospital. En total, la cifra supera los 630.000 dólares.
Cuando el Congreso planteó en septiembre la primera moción para echar a Vizcarra por el supuesto trato de favor a un cantante amigo del mandatario en una contratación pública, el Ejecutivo presentó ante el Tribunal Constitucional una “demanda de competencia” para que los magistrados indicaran cómo debe interpretarse la causal de “incapacidad moral permanente”. El Constitucional admitió la demanda, solicitó al Congreso su versión sobre la cuestión, pero este no respondió. Por ello hasta ahora el Tribunal no ha precisado qué situaciones o hechos encajan en la definición de “incapacidad moral permanente”.
El presidente saliente rechazó sin matices las acusaciones, pero respetó el procedimiento aprobado por el Congreso. Anunció que no buscará impugnar la decisión. “Me voy con la conciencia tranquila, la frente en alto y el deber cumplido. Hasta otra oportunidad”, manifestó a través de Twitter. Vizcarra había asumido el cargo en 2018 en sustitución de Pedro Pablo Kuczynski, quien tuvo que renunciar al verse acorralado por un caso de compra de votos y por la investigación de sus relaciones con Odebrecht. Kuczynski hoy se encuentra en arresto domiciliario.
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